Cuando finalizaba nuestra última crisis política, El Comercio anunció una campaña por la reforma del Estado puesta al mismo nivel que la que realiza por la preservación del medio ambiente. La convocatoria firmada por su director, Francisco Miró Quesada Rada, indica el rumbo esencial de la reforma. Lo repito expresando mi total coincidencia. Buscamos un Estado que resuelva los problemas con métodos democráticos, es decir, basándose en el diálogo y la participación ciudadana. Rechazamos la violencia y por tanto la exclusión que es una de sus causas fundamentales.
La convocatoria busca explícitamente que el Estado Peruano no sea expresión democrática de los diversos grupos sociales que existen en el país. Por eso, debe ser inclusivo y contribuir al empoderamiento de la ciudadanía con el respeto de su autonomía y su libertad. Solo así puede entenderse como un Estado de servicio al bien común de los peruanos.
Muchos han mostrado que el Estado Peruano es obsoleto e inoperante. Pero la convocatoria destaca algo esencial: Este Estado está penetrado por la corrupción y por eso sostiene que el problema es esencialmente ético. Queremos un Estado que reconozca y trate a los peruanos como iguales, que sea integrador y democrático, que exprese la sociodiversidad de nuestra cultura y que tenga un tamaño eficiente.
Una reforma así tiene que comenzar por un énfasis en la reforma política de profundo contenido ético, lo que otros llamarían una reforma intelectual y moral, cuyo primer peldaño está en reconocer y tratar a los peruanos como iguales y por tanto aplicar el método democrático, el diálogo y la participación ciudadana. Eso está en nuestras constituciones, pero se aplica contra sus supuestos esenciales. Solo por excepción la ley puede darse sin debate público previo y esa excepción que se produce al delegar la facultad no debe producirse cuando se afectan derechos de las personas y los pueblos. Pero el método democrático es esencial ante el conflicto exacerbado y la acción policial no lo puede obviar o deja de ser disuasiva.
Cuando enfrentamos momentos de violencia no solo hay que preguntarnos por las causas. Hay que ser exigentes con la forma en que respondemos y situarla dentro del método democrático. Muchos políticos en esos momentos reaccionan autoritariamente e invocan mal el principio de autoridad. Este tiene una base moral situada en la práctica cotidiana del método democrático y si allí está la falla hay que volver a comenzar y dialogar. Poco se avanza con la imposición violenta aunque sea legal.
Enfrentar la corrupción comienza por cuestionar la mentira. Vemos hoy al último autócrata que ejerció la presidencia decir que robó al Estado 15 millones de dólares para impedir un golpe de su asesor, cuando este ya había perdido todo el poder y solo le quedaba uno, el de delatar a sus cómplices. Solo a eso podía temer el autócrata, no a un golpe en que nadie lo iba a seguir. Pero en este sistema corrupto la mentira se permite como defensa y logra captar incautos. La falta de rigor y la permisividad con la corrupción la está convirtiendo en algo tolerable en muchos ambientes, como se toleró la autocracia en el fujimorato.
La ineficacia ha alcanzado ribetes de escándalo en los últimos años. Vemos a autoridades de los tres niveles de Gobierno que se culpan entre sí de su común incapacidad para realizar las obras a tiempo y sin corrupción habiendo presupuesto, mientras siguen incapaces de realizar licitaciones como cualquier Estado moderno o de combatir epidemias que como el frío afectan severamente a los más pobres todos los años. Poco o nada se ha avanzado en mirar lejos y superar el cortoplacismo. El Ceplan no recibe recursos.
La reforma del Estado tiene que comenzar con la extensión del método democrático a la médula de toda acción de gobierno. Con una reforma política que atenúe el despotismo presidencial, que algunos confunden con presidencialismo, y garantice la división de poderes, para afianzar las instituciones democráticas que no funcionan con la autonomía que ordena la Constitución, como se ha visto en la derogatoria de los decretos legislativos. Solo así podrá combatir la corrupción y la ineficacia del Estado y desterrar de nuestra cultura política la intolerancia y exclusión del otro, algo todavía muy arraigado en muchos.