Mi convicción moral y política sobre la culpabilidad de Fujimori en los crímenes del grupo Colina data de 1993. El 30 de marzo de ese año debatíamos en el Congreso Constituyente una moción del FIM pidiendo una comisión investigadora del caso La Cantuta que, como todas las de la oposición, terminaría archivada.

Poco antes de la interrupción para almorzar, al regresar a mi escaño encontré un sobre cerrado con un documento que relataba con detalle cómo los habían matado, enterrado, desenterrado, quemado e indicaba los oficiales responsables y sus mandos directos, con grado y cargo.

Era prácticamente un anónimo, firmado con las siglas Comaca. Sabía que era mi deber verificar la verosimilitud de su contenido y averiguar su origen para lo cual busqué cuatro fuentes y consulté con mi bancada: Gloria Helfer, Julio Castro y Julio Díaz Palacios. Al reanudarse la sesión, pedí una cuestión de orden y lancé la bomba.

No leí sino los hechos, callé el nombre de la fuerza del orden y los nombres de los autores y sus jefes. Por supuesto, tampoco dije quién lo firmaba. Mi objetivo era lograr una comisión investigadora. El presidente Yoshiyama me pidió desde la mesa que le entregara el documento. Contesté que solo lo entregaría al presidente de la comisión investigadora.

Los familiares —a quienes conocía porque vi su calvario desde que comenzaron a peregrinar tocando todas las puertas— estaban en la galería. Llantos y gritos porque se confirmaba una muerte atroz. En el desorden, la mayoría fujimorista cedió. Me automarginé de la comisión por haber hecho la denuncia y allí entregué y se hicieron públicos todos los nombres de los implicados.

Pero aquí comienza la comprobación de la culpabilidad de Fujimori, su gobierno y su régimen. Solo se encubre así lo que es parte de uno mismo y es mentira cínica decir ahora que no conocía lo que tantos dijimos en todas las formas posibles.

Para impedir que actúe el Ministerio Público y el Poder Judicial —cuatro días después— el Consejo Supremo de Justicia Militar abrió instrucción. La información circulaba mucho antes pero no hizo nada hasta que Hermoza Ríos se lo “solicitó” a raíz de mi denuncia. Para esto mi familia recibía llamadas amenazadoras que me ponían en situación inmanejable. Hermoza Ríos, citado por la comisión, fue al Congreso y me calificó de estar “coludido con el terrorismo” mientras sus congresistas agraviaban a los muertos con similar calificación. Hermoza sacó los tanques desde Chorrillos hasta el Rímac para amedrentar y causó un escándalo internacional que hizo que la Comunidad Europea paralizara la renegociación de la deuda y el Gobierno de EE.UU. emitiera un enérgico comunicado. En esa coyuntura, Fujimori sostuvo: “No hay derecho que se melle la imagen de una institución que trabaja por el país” y salió a invocar armonía entre el Ejército y el Congreso, como si fueran dos poderes del Estado al mismo nivel.

Pero poco después un general que ocupaba la tercera posición en el Ejército, el valiente y respetado general Rodolfo Robles Espinoza, ratificó mi denuncia y pagó las consecuencias. Exiliado, lo llamaron hasta felón, lo humillaron y botaron de la peor manera personas que en ninguna democracia podrían levantar la cara hoy, pues fueron el coro que incriminaba a los que denunciaban estos crímenes.

La historia sigue. La Justicia Militar negó toda información a la comisión investigadora y el Congreso decidió algo inaudito constitucionalmente: las comisiones investigadoras no pueden citar a ningún miembro de las FF.AA. o del SIN, solo pueden citar al jefe de cada una, así hasta Montesinos quedaba protegido. Se limitó a la comisión investigadora. El informe final en minoría de la comisión encuentra responsabilidad penal en Hermoza Ríos y funcional en otros jefes, además de los ejecutores directos. Pero Roger Cáceres, Gloria Helfer y Carlos Cuaresma eran parte de la minoría. La mayoría fujimorista aprobó el informe de los fujimoristas Freundt y Siura que llegaba a sostener que se habían ¡autosecuestrado! El 2001 ese texto se encontró en la computadora de Rafael Merino, funcionario del SIN.

La prensa opositora y los familiares siguieron luchando y son conocidos los hechos: ubicaron los restos, aparecieron las llaves del estudiante Armando Amaro Cóndor y la propia fiscal Colán las miró para no verlas, pues dispuso que la investigación fiscal pase a la justicia militar. La justicia común llegó a ordenar la detención de once implicados pero la justicia militar se opuso. La famosa Ley Cantuta 26291, sorpresiva y de madrugada, varió en febrero de 1994 los procedimientos de la Corte Suprema para dirimir la contienda de competencia, de modo que tuvieran los votos para que la causa siguiera solo en manos de la justicia militar.

Todos recordamos el juicio militar: solo a los ejecutores y no a sus jefes y la condena levísima a no más de seis años. Pero ni eso, ni la prisión dorada que la prensa mostró en fotos, detuvieron el encubrimiento. Dieron la Ley de Amnistía frente a la cual solo pude gritar en el pleno de madrugada: “Señor presidente, esta ley es una infamia”. Quedaron así libres en junio de 1995.

Meses después descubrí que el general Rivero Lazo figuraba en la planilla como general en actividad y recordé al pleno que la Ley de Situación Militar obligaba a pasar al retiro —bastante antes de la amnistía— por medida disciplinaria (sin beneficios ni sueldo del grado superior) a todo oficial que hubiera recibido condena con pena privativa de la libertad. Denuncié el hecho y pedí la presencia del ministro de Defensa, la presidenta Martha Chávez no cursó el pedido en un mes, insistí y el Congreso pidió el informe. Cuando este llegó informaba que los habían invitado al retiro pero solo después de mi denuncia y no por medida disciplinaria. Asesinos jubilados con pensión del grado superior y reajustable. Hasta en esto Fujimori fue leal a sus secuaces, no a la ley ni a la sociedad.

Los tres poderes del Estado y las FF.AA. actuaron en una misma dirección: encubrimiento total, llenando de oprobio a las víctimas, a sus familiares sin un mínimo de piedad, también a los que denunciamos y a la oposición. Si el jefe de ese Estado, con resortes legales e ilegales de poder, defendió paso a paso a los ejecutores del asesinato e hizo encubrir el crimen, paso a paso, es porque él mismo era parte del crimen.

Hay una deuda moral y política con seres humanos sencillos, los familiares que son los héroes de esta lucha. Los personajes del fujimorismo usan hoy hasta el juicio para seguir engañando a los desinformados. Humanidad, compasión por el que sufre, rectitud, valores y principios democráticos y humanos fueron negados por el fujimorato. No permitamos que la historia regrese y la vivan nuestros hijos. Sigue leyendo →

Pretendiendo corregir su error inicial cometió otro peor. Primero afirmó que como presidente no podía imponer un sucesor, pero sí podía impedir que llegara a la presidencia alguien que él no quisiera. Para arreglarlo, sostuvo después que había que hacerlo para defender el modelo económico. El presidente es un defensor de este modelo económico aun a costa de la democracia.
Los modelos y las políticas no son dogmas ni artículos de fe. No son principios que cohesionan a la nación sino materia opinable, tienen que ser permanentemente evaluados y contrastados con la realidad y sus resultados: se agotan y cambian. Es absurdo esperar que la nación encuentre cohesión en políticas obviamente contingentes.
Los principios democráticos y los derechos humanos, que en parte recogen las constituciones y preñan la cultura política, sí cohesionan a la nación progresivamente y allí se ubican las características fundamentales del régimen democrático y la obligación del primer mandatario de no interferir en la elección de su sucesor. Esa interferencia es lo que el presidente declaró haber hecho en evidente alusión a las elecciones de 1990 y obviamente sin propósito de enmienda.
No pudo escoger peor momento. La crisis económica internacional si algo afecta es el modelo neoliberal que aquí se impuso sin discusión en los años 90. Hoy en el mundo se cuestiona, por ejemplo, la desregulación que ha mostrado sus gravísimas consecuencias en esta crisis o la idea del Estado mínimo que hasta Francis Fukuyama se ha rectificado ya.
Es que se trata de políticas contingentes que solo continúan si la evaluación es favorable para las mayorías. Los modelos y las políticas no deben confundirse con los principios. Las libertades y la competencia en el mercado son parte de los principios, pero cada modelo y cada política combina estos y otros elementos de distinta manera. La mesa redonda que organizó El Comercio al estallar la crisis mostró claramente esta realidad y el debate que ya existe en el mundo. Sostuve que no era amigo de los bandazos en política e insisto en reclamar ponderación, pero negarse al cambio es un error en un mundo que cambia velozmente.
Es absurdo pretender que se cohesione la mayoría de los peruanos con un modelo cuyos resultados enriquecen a muy pocos y empobrecen a muchos. Es una tontería sostenerlo cuando incluso en los países más ricos y poderosos se cuestiona abiertamente.
Pero este tema es discutible, tienen derecho de defenderlo los que se han beneficiado o simplemente les gusta y tenemos el derecho de cuestionarlo los demás. No puede el presidente erigirse en dogmático mentor de un modelo y menos ofrecer protección a intereses particulares en nombre de ello.
Dice la Constitución que el presidente es el jefe del Estado y personifica la nación. Pienso que una persona no puede personificar a la nación, porque esa y otras exageraciones cultivan la soberbia y la arbitrariedad. Alan García se está alejando del papel que le da la Constitución, que todos debemos respetar aun en lo que no estemos de acuerdo.
Fujimori impuso con los organismos multilaterales este modelo y pretendió justificar su golpe de Estado y hasta sus delitos de lesa humanidad en su nombre. De modo dogmático, aplicaron sus políticas llamando dinosaurios a quienes pensaban distinto y evitando todo debate. Muchos delitos comunes se encubrieron así. Recordemos lo que hicieron con los bienes del Estado malbarateados de modo delictivo como Aero-Perú —vi hace poco el testimonio de un aviador que sigue luchando— y no olvidemos la más grande corrupción en la República, aunque poco se ha llegado a judicializar. Ese dogmatismo conculcó principios, derechos y democracia. Aprendamos del pasado y no permitamos que un presidente que no ha dado un golpe de Estado lleve su conversión ideológica al extremo antidemocrático.
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