Los dos últimos oficiales mayores han renunciado tras hechos que no pueden tener solo responsables administrativos. Allí se centra la noticia y sospechamos que hay quienes quisieran que todo quede en ese nivel. Por eso crece la opinión de que allí la soga se rompe por el lado más débil. Alterar el texto de una ley no es algo verosímil sin intervención política, menos aun si el cambio no termina en una incongruencia del texto sino, como esta vez, en otra opción de política. Pero de inmediato se pasó a responsabilizar a los funcionarios. Se habla de la intervención de un congresista. ¿Se le ha investigado? No. Pero ya comienzan a rodar cabezas de funcionarios.
Antes de que firme el presidente del Congreso, la autógrafa es revisada y rubricada por el director general parlamentario y el oficial mayor. Ellos dan fe ante el presidente de que el texto es, exactamente, lo que votó el Pleno. Solo así pueden firmar el presidente y un vicepresidente pues su función no permite manejar ni revisar todo el articulado.
Aquí se ha hecho firmar al presidente un texto distinto del que fue votado y quienes tenían la función de detectar el cambio o no lo detectaron o se coludieron con el interesado en cambiarlo. En el primer caso es una grave falta administrativa. En el segundo caso es un delito y hay que investigarlo. Aquí tampoco hay “obediencia debida” a nadie.
El servicio parlamentario actúa dando fe del cumplimiento de determinadas reglas del juego y el oficial mayor es la cabeza del sistema. Es imposible que no le alcance responsabilidad. Para evaluarla hay que ver si sus subalternos cumplieron su deber. No tiene razón de ser su firma si no supervisa lo actuado y si firma confiando y sin leer tiene que asumir las consecuencias