Diariamente, un número signifi cativo de ciudadanos acude a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para realizar un trámite vinculado al reconocimiento del derecho a su pensión.

Se trata, en su mayoría, de adultos mayores que, luego de años de aportaciones al Estado, esperan recibir la ansiada pensión que les permita vivir con dignidad los últimos años de su vida. Sin embargo, estas visitas se convierten en muchos casos en largas esperas sin resultado, en trámites engorrosos y en respuestas denegatorias que a los usuarios les cuesta comprender.

Ante esta situación, es explicable que la ONP se haya convertido en una de las instituciones más quejadas ante la Defensoría del Pueblo con un número acumulado de 31,289 quejas
desde 1999 hasta el año 2007. De ahí la importancia de la ejecución del presente estudio, en el cual la Defensoría del Pueblo busca de manera proactiva identifi car los principales nudos críticos en la gestión de la ONP, así como posicionar en la agenda pública del país el tema de las pensiones, el funcionamiento de la administración de éstas y la necesidad de conferir un contenido humano al derecho constitucional a la seguridad social

A este respecto, debemos tener presente que el Tribunal Constitucional ha señalado con acierto que el Derecho a la Pensión tiene la naturaleza de derecho social y de contenido económico, lo cual impone a los poderes públicos la obligación de proporcionar las prestaciones adecuadas a las personas con la finalidad de subvenir sus necesidades vitales y satisfacer los estándares de la “procura existencial”. En ese sentido, para el referido Órgano de Control de la Constitución, el Derecho a la Pensión constituye una concreción del derecho a la vida, que permite alcanzar el desarrollo de la dignidad de los pensionistas,1 concepto que la Defensoría del Pueblo comparte. » Leer más …