Peru21.
Francisco Eguiguren
La primera tarea que debe emprender inmediatamente el Congreso es realizar la revisión de los 99 decretos legislativos que dictó el Gobierno al amparo de la Ley N° 29157, para verificar si se adecuaron a los términos de la delegación. Dicha ley autorizó al Ejecutivo a legislar sobre ocho materias específicas, pero siempre que se refieran a la implementación o el aprovechamiento del TLC con los Estados Unidos. El numeral 2.2 de esta norma precisa claramente la interdependencia que debe existir entre la materia y su conexión con el TLC; los decretos que no cumplan esta exigencia son inconstitucionales por razones de forma, al haber excedido las condiciones de la delegación. Corresponderá entonces derogarlos, salvo que el Congreso decida ‘salvar’ algunos de ellos y convertirlos en ley.
He revisado la mayoría de decretos, y son muchísimos los que no tienen vinculación alguna con el TLC, ya sea porque se refieren a actividades o productos que no están incluidos en dicho acuerdo comercial, o porque, aunque corresponden a las materias delegadas, tienen carácter general. El Poder Ejecutivo ha aprovechado esta delegación para dictar directamente un sinnúmero de normas que, por su contenido específico, tenían que haber pasado para aprobarse en el Congreso mediante ley, o que hubieran requerido de una delegación expresa. Tampoco se ha explicado cómo, a pesar de que la delegación se aprobó en el Congreso con el acuerdo político de que los proyectos de decretos serían sometidos a la revisión previa de una comisión parlamentaria multipartidaria antes de su publicación, esta exigencia no aparece consignada en la Ley N° 29157. Aunque dicha comisión se instaló y funcionó, su informe señala que el Ejecutivo no cumplió en someterse a esta revisión previa.
No cabe sostener que muchos de los decretos, a pesar de haberle sacado la vuelta a la ley de delegación y al Congreso, son positivos y debemos dejarlos pasar. El respeto a la Constitución y al equilibrio de poderes exige que el Congreso haga respetar sus fueros y no se deje ningunear por el Ejecutivo. Si no lo hace, seguirá cavando la fosa de su desprestigio político ante la población. No es válido que el Gobierno realice una reforma de muchos organismos públicos o del régimen regulatorio general de diversas actividades y recursos naturales, sin contar con autorización para ello, so pretexto de una interpretación tergiversada del contenido del TLC. Más que un problema de la posición que deban adoptar el oficialismo o la oposición parlamentaria, es un asunto de dignidad política y autoestima del conjunto de los congresistas.