16/07/08: El TC y su esperada autonomía

El Comercio, 16 de julio del 2008.

Por Walter Gutiérrez. Decano del Colegiode Abogadosde Lima

El Tribunal Constitucional (TC) es una institución en permanente debate y tensión, situación que aparece y reaparece en cada ocasión que analiza la validez de una ley, debido a la posibilidad, siempre latente, de que la norma sea declarada inconstitucional y porque, además, es el guardián de las promesas que la sociedad se hace a sí misma a través de la Constitución.

Se trata de un enorme poder, concentrado en un pequeño grupo de jueces que deciden en última e inapelable instancia qué es lo que está o no permitido por la Constitución; así, el Tribunal está facultado para imponer su palabra por encima de la de los otros órganos estatales.

De ahí que sea legítima la preocupación de la sociedad por conocer a los miembros del Tribunal Constitucional, por saber quién es su presidente y qué garantías ofrece dicho colegiado en la tarea de proteger el contenido y fin de la Constitución. En la democracia moderna toda legitimidad es siempre precaria, más aun si se trata de un pequeño grupo de hombres que no han sido elegidos directamente por la ciudadanía, y que cumplen una importantísima función. No debe, por tanto, resultar extraño ni incómodo el reclamo de la sociedad para que esta legitimidad se revalide permanentemente, una y otra vez.

¿Cómo? De la única manera como cumple un juez la función que se le ha encomendado: a través de la consistencia e independencia de sus sentencias. Este es el baremo de su legitimidad, no otro. No se le puede pedir a un juez que en materia política sea una mente en blanco, que no tenga ideas políticas; lo que debe exigírsele es que no sea un hombre de partido, un militante.

En cuanto a la presidencia del Tribunal Constitucional no hay que olvidar que este no es una monarquía sino un colegiado, compuesto por siete jueces. Si se revisa la Ley Orgánica del TC se constatará que el presidente no tiene sino responsabilidades administrativas y algunas prerrogativas protocolares, pero ninguna jurisdiccional. Es un juez más de dicho cuerpo; de modo jurisdiccional no tiene mayor poder que el de sus colegas y, peor aún, en ocasiones tiene que defender ante la opinión pública sentencias con las que no ha estado acuerdo. Lo tendrá que hacer porque él es la voz del pleno, la boca del tribunal.

Que el presidente no tiene ningún poder jurisdiccional, cuando la mayoría del colegiado piensa lo contrario, ha quedado demostrado muchas veces, tal como sucedió en el Caso Fonavi. Como se recordará, en dicha causa, presidente y vicepresidente, a la sazón César Landa y Carlos Mesía, respectivamente, votaron en contra del referéndum pero su posición igual perdió; se impuso la mayoría y la sentencia salió favorable.

De ahí que no interesa si el presidente del Tribunal Constitucional es aprista, pepecista o comunista. Lo realmente importante es que sea militante de la causa de los derechos humanos y sea defensor del Estado de derecho; que tenga cultura jurídica y, en especial, formación constitucional; y que su independencia la acredite mediante su conducta jurisdiccional.

En el caso del nuevo presidente, hasta hoy ha demostrado todos estos requisitos.