El coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, denunció fallo de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que favorecería al ex dictador Alberto Fujimori.
Indica que de manera absurda se contradice los criterios ya adoptados en materia de desaparición forzada y la responsabilidad de los autores intelectuales.
“La Primera Sala Penal Transitoria, donde era ponente el vocal superior provisional César Vega, se aparta de la jurisprudencia tomada en los casos del estudiante Ernesto Castillo Páez o la matanza de Chuschi. (…) Lo que está determinando la Corte Suprema tiene consecuencias serias en el caso Fujimori, porque sólo tendrían responsabilidad los ejecutores materiales, no aquellos personajes que tuvieron cargos de comando o la jefatura del SIN”, manifestó a una radio local.
Explicó que así se absolvió al general EP (r) Oswaldo Hanke Velasco, quien en el año 88 era jefe del SIE, órgano de inteligencia que realizó un plan de operación “Lucero” por el que se trataba de secuestrar a dos personas: El teniente del Ejército Marco Barrantes, y el espía ecuatoriano Enrique Duchicela.
Asimismo indicó que “La Sala Penal Nacional dictó el año pasado una sentencia absolutoria y ahora la Corte Suprema anula la absolución para los autores materiales para que sean sometidos a nuevo juicio y exculpa a este ex militar (Oswaldo Hanke) porque dice que este dejó de ser jefe de inteligencia en el año 90 y ya no ejercía un cargo público.(…) Esa sala señala que como dejó de ser jefe del SIE en el año 90 no tiene ninguna relación funcional con los perpetradores del crimen (que ocurrió en 1988). Este es un criterio absurdo, ilógico e irracional”
“Este caso tiene el mismo esquema que el caso Fujimori, quien habría ordenado, según la versión de Jesús Sosa Saavedra, la ejecución de los supuestos espías. El criterio de la Corte Suprema es que ese esquema no es válido o que no genera responsabilidad y le da la razón al abogado de Oswaldo Hanke, el doctor César Nakasaki, en el sentido equivocado que los delitos de desaparición forzada sólo lo cometen los funcionarios públicos. En otras palabras, para la sala, Fujimori no sería responsable del caso Cantuta, porque ya dejó de ser funcionario público”, anotó.
Puntualizó que esta decisión es peligrosa también para el proceso que se le sigue a Vladimiro Montesinos, procesado por el caso de la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad “La Cantuta”, debido a que se podría argumentar que por no ser actualmente funcionario público, no es aplicable la sanción penal. (Con información de Ideeleradio)
La República.