Elevan límites para el cofinanciamiento de proyectos por parte del Estado. A inversiones de más de 80.000 UIT se les aplicará un comparador público
Por Luis Corvera Gálvez
Ante la decisión del presidente Alan García de no seguir esperando un consenso entre sus ministros sobre el texto del reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), algo indispensable para fomentar la inversión privada en infraestructura en el país, este fue publicado con algunos cambios respecto de la propuesta que fue revelada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hace algunas semanas.
Según Miguel Ronceros, especialista del estudio Roselló, “es obvio que el MEF tuvo que ceder en el texto final que ha sido publicado, aunque su injerencia aún es notoria”. Así, resalta Juan José Cárdenas, especialista del estudio Rebaza, Alcazar & De las Casas, “tuvo que ceder y ampliar los límites para considerar a partir de qué momento un proyecto pasa de ser autosostenible a ser cofinanciado”, algo indispensable para determinar qué tan rápido será aprobado.
En la propuesta original del MEF, todo aquel proyecto que demandaba garantías financieras por parte del Estado mayores al 1% del valor de la obra debía considerarse cofinanciado, pero en la publicación de ayer se amplió el valor a 5% para el caso de garantías financieras y se estableció un límite de 10% para garantías no financieras.
Con tales modificaciones, además, indirectamente se ha ampliado el número de iniciativas privadas que se podrán presentar, toda vez que la ley de APP solo permite que estas se realicen sobre proyectos autosostenibles. Una medida que para el especialista del estudio Muñiz Luis Molero resulta ser restrictiva, pues no quedan muchos proyectos autosostenibles en el país: “Ya no quedan carreteras como Ancón-Huacho-Pativilca o aeropuertos como el Jorge Chávez”.
Para el viceministro de Economía, Eduardo Morón, tal crítica no tiene justificación. “Hay quienes incluso piden un cofinanciamiento total del Estado y nos exigen garantías, pero entonces cuál es el riesgo de la empresa”.
COMPARADOR
Otro tema en el que debió ceder el MEF y que tanto empresarios como especialistas creían que iba a limitar las asociaciones público -privadas fue el comparador público-privado, que en términos simples es un análisis de cuánto le costaría al Estado hacer una obra y cuánto al sector privado, de tal manera que se escoja la de menor valor. “Al final solo se aplicará para proyectos grandes (de más de 80.000 UIT) y que vayan a Pro Inversión, así que no habrá problemas”, refiere Morón.
Y para facilitar la evaluación de proyectos, se ha reducido el monto de inversión de aquellos que serán promovidos por Pro Inversión, de 40.000 UIT a 15.000 UIT.
Eso sí, aún no se ha indicado cuándo se publicará la metodología para calcular el famoso comparador y para Ronceros hay un problema de injerencia del MEF, pues se ha metido en la autonomía de las regiones. “¿Por qué los proyectos tendrían que ir a Pro Inversión? Si son de más de 80.000 UIT y son de ámbito regional, deben pasar a la región y es ella quien debe aplicar el comparador”, explica. Lo cual, si fuera cierto, obligaría al MEF a crear algún servicio de asesoría a las regiones.
Para Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, no es posible que no se permita realizar modificaciones al contrato de concesión antes de su tercer año, pues no todos los proyectos son iguales. Además, cuestiona que se haya eliminado la posibilidad de arbitrajes entre las empresas y los organismos reguladores, pues eso obligará a ir al Poder Judicial.
Alan pide reciprocidad a empresarios
“Señor presidente de la Confiep y de la SNI, ahora les toca a ustedes decir cuánto van a invertir en el 2009, cuántas son las compañías que harán reinversión con lo que ganaron antes, porque no todo es trabajo del Estado”, dijo el presidente Alan García, y exhortó a los empresarios a dar a conocer al país un programa “coherente y numérico”.
Dijo que así el empresariado le dará a la nación “la confianza, la seguridad y la certeza de que estamos caminando juntos en dirección a la creación de empleo y hacia el crecimiento. Aclaró que no es una imposición al sector privado y que solo pedía que “quienes tienen las capacidades” anuncien sus planes de inversiones para el 2009.
La Sociedad Nacional de Industrias acogió el pedido presidencial y anunció que la próxima semana entregará el plan de inversiones del sector industrial para el próximo año.
El Comercio.