Resulta inconcebible que malos jueces pretenden viciar la aplicación de un instrumento novedoso y necesario como el Código Procesal Penal, recurriendo a subterfugios para sacarle la vuelta a la norma y avalar la impunidad en casos que demandan la máxima sanción.
En La Libertad , un juez, de modo injustificable, decidió no asistir a las lecturas de la sentencia en un proceso de violación de menores, a sabiendas de que ello podría ocasionar –según el nuevo código– que el juicio se quebrara, es decir, que volviera a fojas cero.
¿Coincidencia o mala fe? Todo indica que al magistrado Jorge Guerra Calderón no le importó mucho la suerte de las víctimas, que esperan se sancione a los culpables de un hecho criminal despreciable. Tampoco que el supuesto agresor podría solicitar libertad al cumplir 18 meses en prisión sin recibir sentencia.
Desde su implementación, el Código Procesal Penal ha demostrado su eficiencia, no solo para agilizar el sistema de justicia, sino también para reducir los actos de corrupción. Corresponde ahora al Poder Judicial evaluar lo ocurrido, determinar si hubo dolo o errada interpretación y explicar al país las repercusiones de todo ello, de modo que no se repitan estos abusos incalificables. Aquí no puede haber aquello de hecha la ley, hecha la trampa
El Comercio