El ex presidente Alberto Fujimori en la Audiencia del juicio que se le sigue en la sede de la Dinoes. Foto: ANDINA / Carlos Lezama
Lima, ago. 23 (ANDINA).- La abogada de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, Gloria Cano, invocó a las autoridades y ciudadanía en general a estar alerta al desarrollo del juicio que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori por estas matanzas, sobretodo porque ya se encuentra en su etapa final.
La letrada compartió con el presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara, su preocupación por la reciente elección de la representante del fujimorismo, Martha Moyano, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.
“Los abogados que seguimos este juicio también vemos con preocupación esta designación. Es evidente que la presidencia de Acusaciones Constitucionales puede prestarse para determinadas maniobras en el ámbito judicial”, opinó.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene como atribuciones evaluar y calificar las denuncias contra altas autoridades del Estado, incluyendo a los jueces de la Corte Suprema.
Según Cano, anteriormente ya se había evidenciado el interés de algunas personas de conocer el pasado de los magistrados supremos César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga.
Refirió que en junio pasado salió a la luz una denuncia contra San Martín por supuestamente haber obtenido ilegalmente de un doctorado en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, que finalmente el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) archivó tras demostrar que no existía ninguna irregularidad.
“Se ha corrido la voz que se está tratando de investigar y conocer algún antecedente o dato que les permita iniciar investigaciones contra magistrados para alejarlos del proceso”, afirmó.
Inclusive, advirtió, podrían buscar separar a algún magistrado de la Corte Suprema que verá los casos de Fujimori en apelación.
“Todos debemos estar alertas, no solo los que estamos en el proceso, sino la sociedad, la manipulación judicial no se debe dejar pasar. Recordemos que hemos salido de diez años de una dictadura de Fujimori donde todo era manipulado y si no se compraban jueces, trataban de anularlos moralmente para presionarlos y obtener fallos a favor”, anotó.
La abogada de las víctimas expresó su confianza en los jueces del tribunal que juzgan a Fujimori, y –señaló- que de evidenciarse algún tipo de presión la sociedad expresará su apoyo.
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Entre los criminales que recibieron “felicitación por las exitosas operaciones†del reo Alberto Fujimori por los crÃmenes de la Cantuta y de Barrios Altos, y que además obtuvo “calificación sobresaliente†por el condenado y presidiario Juan Rivero Lazo, jefe de la Dinte, destaca el cabecilla de la despiadada organización criminal "Grupo Colina", Enrique Fernando RodrÃguez Zabalbeascoa, alias "potro".
Este individuo, después de vivir prófugo durante 8 años, fue capturado en enero del año 2002 por la PolicÃa Nacional en el inmueble, que habÃa arrendado con identificación falsa y que le servÃa de cubil, sito en la calle Doña Elvira Nº 208 departamento 303, Urbanización Los Rosales de San Borja de Lima; acusado de crÃmenes contra la humanidad o genocidio: Asesinatos colectivos [ejecuciones extrajudiciales], de estudiantes, mujeres y niños; asesinatos de Pedro Huillca Tecce, Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú; del periodista Pedro Herminio Yauri Bustamante; desaparición forzada de personas; torturas en los sótanos del Servicio de Inteligencia, lesiones graves y otras atrocidades encubiertas, cometidas por este grupo criminal asociado para delinquir.
Haciendo memoria, este siniestro personaje, en el momento de su captura, tenÃa en su poder un falso D.N.I. Nº 015481300 que lo identificaba con un nombre postizo. Esta conducta delictiva es muy propia del hampa que vive hurgando en los bajos fondos. Representa un grave atentado no solamente contra el propietario del inmueble que conducÃa como inquilino, a quien defraudó induciéndolo al error, sino, lo que es más grave, contra las instituciones jurÃdicas del Estado Peruano, a quien, como militar debe respeto y sumisión porque asà ha sido formado: con amor a la patria, con respeto a sus instituciones tutelares, y con la permanente y disciplinada disposición de defender su soberanÃa. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, no se sabe, hasta ahora, si el Procurador del RENIEC lo ha denunciado ante Ministerio Público, ni menos si ha sido condenado por los delitos de falsificación de documentos y contra la administración de justicia.
La libertad de RodrÃguez fue dictada, en el año 2005, por el Quinto Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Lima, que despachaba la juez Antonia Saquicuray, y la concedió por exceso de carcelerÃa sin sentencia. Sin embargo, lo que hasta ahora no se conoce, es si esta conducta delictiva fue denunciada por el Procurador del RENIEC ante el Ministerio Público, por los delitos contra la Fe Pública -Falsedad ideológica- en agravio del Estado. Recordemos que su cómplice, el tristemente célebre Alberto Fujimori, por delitos de allanamiento de morada y usurpación de funciones, cuya punición es menor, fue condenado a seis años de prisión efectiva.
Al parecer, desde el interior de los cuarteles, los miembros del Ejército peruano en actividad, se dan maña para estafar al Estado con fraudes y robos de elevado octanaje, que han alcanzado dimensiones alarmantes. La dolosa conducta fraudulenta de estos personajes, continúa aun después de haber pasado al retiro. Y el caso más evidente, es la comisión delictiva perpetrada por Enrique RodrÃguez, quien defraudó a la Nación con una falsa identificación para burlar la acción persecutoria de la Justicia y de la PolicÃa Nacional.
Ahora que, nuevamente está citado a estrados con toda su gavilla de asesinos, para responder ante el mundo sobre sus perversas y abominables atrocidades, es necesario que la Primera Sala Anticorrupción de la Corte Superior de Lima, establezca el grado de responsabilidad de la conducta delictiva de RodrÃguez, que luego de sus nefandos asesinatos y otros no menos horrendos crÃmenes contra la Nación, dirigió posteriormente su agresión contra el Estado peruano, el que a través del caballerizo de un cuartel militar, lo formó para que cumpla con respetar y hacer respetar los sÃmbolos nacionales, las instituciones y las leyes.
Dr. Alejandro Cruzado Balcázar