El Ejecutivo sugirió al Congreso realizar precisiones a la propuesta de modificatoria del artículo 162 del Código Penal, que sanciona la interceptación de las comunicaciones, para evitar que se interprete erróneamente como una amenaza a la libertad de prensa.
Así lo reveló ayer la ministra de Justicia, Rosario Fernández, tras referir que la preocupación de los periodistas ha sido atendida por el Ejecutivo, que el Consejo de Ministros analizó el texto de la propuesta enviada al Congreso y que de inmediato está enviando al Parlamento algunas sugerencias para su debate.
Detalló que aun cuando en ningún extremo de la norma se menciona la palabra “difundir” ni “divulgar”, propias del periodismo, sino “reproducir”, un término que se utiliza como un acto técnico, “si el término lleva a confusión no deseada, es sano y positivo que de inmediato el Ejecutivo, a través de la ministra de Justicia, le dé este alcance al Congreso y le sugiera que al debatir la norma elimine el término reproducir o lo sustituya”.
Conducta delictiva
La ministra Fernández rechazó las presunciones de que este proyecto implicaría una violación o amenaza a la libertad de prensa y pidió a los medios de comunicación tener claro que ése no es el propósito del proyecto.
Precisó que el proyecto posee dos objetivos: ampliar la base de la conducta delictiva, con el fin de sancionar no solo a quienes interceptan comunicaciones telefónicas, sino también comunicaciones realizadas mediante otros medios mucho más modernos que no existían cuando la norma se redactó y aprobó en su texto original.
La norma se refiere a “la conducta delictiva de quienes, en perjuicio de terceros y en beneficio propio o de terceros, realizan esos actos. Es evidente que el periodista no está en ese supuesto, porque se supone que el interés principal de su actividad no está en favorecer a alguien en particular, sino en obedecer al interés social de difundir la noticia”, refirió.
No hay restricciones
La difusión de los nuevos audios con diálogos grabados de interceptaciones ilegales demuestra y ratifica la libertad absoluta y sin limitaciones que hay para la prensa en el Perú, dijo la ministra de Justicia, Rosario Fernández.
Hizo este comentario al ser consultada respecto a los 86 nuevos audios entregados al juez Jorge Barreto, encargado del caso, y que fueron difundidos en internet.
Recordó que la semana pasada fue la propia fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien advirtió que al abrirse la investigación sobre las interceptaciones de las comunicaciones solo se había podido analizar el 8 por ciento del material recibido. “Esperemos que ese material sea objeto del procedimiento que ya está judicializado”, subrayó Fernández Figueroa.
Organizaciones saludan decisión del Ejecutivo
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) consideró que va en el sentido correcto de la libertad de prensa que el Poder Ejecutivo sugiera al Congreso modificar el proyecto sobre la interceptación de las comunicaciones, a fin de evitar que se interprete erróneamente como una amenaza a dicha libertad.
“Saludamos el anuncio de la ministra de Justicia. Es una rectificación saludable, y naturalmente estaremos atentos a lo que se plantea en la nueva redacción (del proyecto de ley)”, dijo a la agencia Andina la directora ejecutiva de esa institución, Kela León.
El Consejo de la Prensa Peruana, junto a IPYS y otras instituciones, criticó el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el artículo 162 del Código Penal, pues consideraban que el texto se prestaba a interpretaciones confusas que terminarían penalizando la difusión de información de interés público obtenida de interceptaciones ilegales.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) consideró “positiva” la propuesta del Poder Ejecutivo de modificar o eliminar del proyecto de ley que pide sancionar la interceptación de las comunicaciones, cualquier término que pueda interpretarse erróneamente como restrictivo de la libertad de expresión.
El representante del área legal de IPYS, Roberto Pereira, sostuvo que en el proyecto original, que contenía el término “reproducir”, se podía interpretar como una penalización a la difusión de información de interés público obtenida de las interpretaciones.
“Nos parece positiva esta rectificación por parte de la ministra (de Justicia)”, manifestó el especialista en diálogo con la agencia Andina.
Fuente: El Peruano