Luizar dice que las interceptaciones son por lucro y no para lucha anticorrupción
El presidente de la comisión del Congreso que investiga las interceptaciones telefónicas, Oswaldo Luizar (BP), planteó ayer una insólita amnistía a quienes entreguen voluntariamente sus equipos de ‘chuponeo’.
Según el legislador, con esa medida se podrá tener un registro de los equipos de espionaje que hay en el país.
“Debemos saber dónde están y qué se hace con esos aparatos. Al igual que existe un registro de armas, también debe haber uno de los equipos de ‘chuponeo'”, indicó el parlamentario en conversación con RPP.
Asimismo, informó que el grupo de trabajo que preside elaborará propuestas legislativas para penalizar la posesión ilegal de esos dispositivos.
“Existe un mercado del ‘chuponeo’ en nuestro país. Las interceptaciones telefónicas no se han hecho porque se haya querido luchar contra la corrupción, sino porque han habido intereses económicos”, acotó.
También exhortó a ciertas entidades bancarias a que entreguen prontamente la información sobre el movimiento financiero de algunas firmas vinculadas con el ‘chuponeo’ y que en la actualidad son investigadas por su grupo.
UN VACÍO LEGAL
El congresista humalista José Urquizo demandó al Gobierno reglamentar la ley de servicios privados de seguridad, la cual, en su artículo 24, prohíbe el servicio de espionaje industrial y comercial.
“Al amparo de un vacío legal, las empresas privadas de seguridad se dedican a hacer espionaje político”, manifestó.
Discrepan sobre papel de Giampietri
El ex primer ministro y congresista Jorge del Castillo (Apra) señaló ayer a este Diario que es muy pronto para determinar quiénes son los clientes de la intervenida empresa Business Track S.A.C., a la cual se vincula con la interceptación de comunicaciones.
Añadió que la amistad que el gerente general de esta compañía, Elías Ponce Feijoo, pueda tener con el primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, “no implica nada”
En cambio, su colega humalista José Urquizo pidió ayer a Giampietri esclarecer los presuntos vínculos que tiene con el investigado Ponce. “Creo que eso sería lo más aconsejable. Si son puras especulaciones, entonces una aclaración por parte de Giampietri pondrá fin a este tema”, señaló.
El Comercio intentó comunicarse en varias oportunidades con Giampietri, a fin de que dé su opinión sobre este tema, pero no hubo respuesta.
Urquizo indicó también que existen más de 30 compañías privadas de seguridad que se dedican a la interceptación telefónica, y que promueven sus servicios a través de Internet.