Lima, ene. 12 (ANDINA).- El Poder Judicial resolverá, en tres meses, 30 mil 694 expedientes sobre procesos que afrontan pensionistas mayores de 75 años con la Oficina de Normalización Provisional (ONP), anunció hoy la ministra de Justicia, Rosario Fernández.
Informó que, días atrás, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente del Poder Judicial, vocales de la Corte Suprema y magistrados especializados, a fin de encontrar fórmulas de solución a los casos en trámite de pensionistas mayores de 75 años, tal como lo dispone el Decreto Supremo 150°-2008-EF.
“Creo que el avance es bueno. Estamos bastante encaminados en el asunto, en unos 90 días debemos tener cerrada las fórmulas para ayudar a que los procesos concluyan con la satisfacción correspondiente de los pensionistas”, manifestó.
“En estos momentos tenemos 30 mil 694 expedientes. Vamos a seguir avanzando y, como dijo el presidente de la República, es un total de 95 mil casos que se van a resolver con esta fórmula del Decreto Supremo 150”, agregó.
El Gobierno emitió el Decreto Supremo 150-2008- EF, a través del cual se encarga al Ministerio de Justicia a realizar las gestiones necesarias con el Poder Judicial, Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, a fin de procurar que los procesos judiciales antes señalados, reciban una tramitación preferente en las instancias correspondientes.
Al respecto, la titular del Justicia señaló que la ONP está en la obligación de revisar los procesos presentados ante ella como los que se encuentran en el Poder Judicial y adecuarlos a lo que dispone el decreto supremo.
“Hay procesos de pensionistas que están en manos de la ONP y otros en el Poder Judicial. Los que están judicializados se concluirían con las fórmulas que estamos conversando con el Poder Judicial y son producto de la revisión que obligatoriamente tiene que hacer la ONP”, declaró a Radio Nacional.
Sanciones
En otro momento, la ministra Fernández, insistió en la propuesta de modificar el Código Penal y establecer mayores sanciones a quienes realizan interceptación telefónica.
Sobre el planteamiento del congresista Oswaldo Luízar para amnistiar a aquellos que poseen ilegalmente equipos de ‘chuponeo’, dijo que no tiene los elementos necesarios para emitir una opinión.
No obstante, señaló que antes de adoptar cualquier decisión se debería conocer el adelanto de las investigaciones que realiza la Fiscalía de la Nación para saber el origen y la procedencia de los equipos usados en la interceptación telefónica.