Auditores harán recomendaciones antes de paralizar una obra en marcha. Flexibilización no incluye etapa de control final de obras y adquisiciones
Por Ítalo Sifuentes Alemán
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, y la vicecontralora Rosa Urbina, se ponen de acuerdo con respecto a una serie de medidas para flexibilizar el control preventivo que la contraloría ejerce sobre la ejecución de obras, contrataciones y adquisiciones. Esto con la finalidad de dar velocidad a las inversiones públicas y privadas frente a la crisis internacional.
El consenso logrado hasta la fecha por ambas autoridades se verá plasmado a partir del próximo 20 de enero en que, según adelantó Fernández, tanto su portafolio como el presidente Alan García emitirán un decreto supremo dirigido a las instituciones públicas. La norma establecerá que estas últimas quedan obligadas a corregir –con la mayor celeridad– las observaciones que este órgano les haga en una etapa de control preventivo.
Urbina también emitirá una directiva a los funcionarios del sistema nacional de control para que flexibilicen la rigidez con la que a veces actúan los profesionales de los organismos de control. Esto a la hora de observar los errores administrativos en los que incurren los servidores públicos.
Fernández explicó a este Diario que a partir de la promulgación del decreto supremo las entidades públicas y la contraloría quedan vinculadas y ya no se podrán repetir las mismas observaciones realizadas en un control posterior. “Es una especie de control cancelatorio”, refirió.
“Hemos quedado comprometidos en que el 20 de enero tanto la contraloría como el Ministerio de Justicia anunciarán esta nueva etapa de trabajo conjunto. Se busca dar velocidad a las inversiones públicas y privadas así como tranquilidad a los funcionarios que sabrán que aquello que les corrigieron ya no será motivo de control posterior”, detalló la titular del sector.
Sin embargo, consultada al respecto, Urbina aclaró que el acuerdo que trabaja con el sector Justicia no implicará que los funcionarios de su institución renuncien a realizar su trabajo en la etapa de control posterior que corresponda hacer, pues –dijo– un error detectado en el control preventivo se puede repetir en la etapa final.
“Algunos auditores por exceso de celo profesional en la etapa del control preventivo ponen peros a las obras que son fácilmente subsanables y no ameritan retrasarlas, por ello creemos necesario capacitarlos, modernizarlos, de modo que no incurran en los mismos errores. Eso no significa que dejemos de hacer el trabajo que nos encomienda la Constitución, que es cautelar la buena utilización de los fondos públicos”, enfatizó Urbina.
LOS NUEVOS RETOS
Sobre los nuevos retos para el máximo órgano de control, el economista Richard Webb, quien encabezó la comisión que seleccionó la terna de candidatos a contralor general, señaló que este no puede quedarse en la preocupación de solo luchar contra la corrupción, sino que debe evitar ser un escollo para la funcionalidad del Estado.
Agregó que por la falta de este enfoque programas como Forsur demoraron en plasmarse tras el terremoto en el sur del país. “Incluso hay cuantiosos presupuestos de ministerios y gobiernos regionales que no pueden ser gastados. Hay que fijarse en la honestidad, pero también en la funcionalidad”, añadió.
El historiador e investigador en temas de control en el Perú, Antonio Zapata, opinó que sería negativo que la contraloría modifique su enfoque cada vez que cambie su titular. Recomendó que los gerentes de esta institución formen un directorio con capacidad de decisión que sirva “para evitar que el contralor actúe como ‘reyezuelo'”.
El ex contralor Genaro Matute sugirió, en entrevista a Canal 7, que se debe fortalecer el trabajo de la contraloría en las regiones, pues durante su gestión fue en estas donde se presentó la mayor cantidad de problemas por falta de mecanismos de control en el interior del país.
Hoy formalizan candidatura de Suárez
El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, informó a este Diario que la sesión de la Comisión Permanente prevista para hoy tiene por objeto dar por formalizada la presentación de la contadora Ingrid Suárez como candidata del Ejecutivo para ocupar el cargo de contralora general de la República para los próximos siete años.
Velásquez Quesquén agregó que será la congresista Mercedes Cabanillas –como presidenta de la comisión evaluadora de la candidatura de Suárez– la que se encargará de solicitar otra sesión de la Permanente para que su grupo exponga el respectivo informe y se proceda a la votación de designación de Suárez en caso corresponda.
Antes de ello, Suárez será invitada a la comisión Cabanillas para que explique su plan de trabajo para la contraloría.
El Comercio.