Asegura que ministro Valdivieso prometió S/. 2,100 mllns. para proyectos de regiones, y no S/. 1,567 mllns.

El coordinador de la Asamblea de los Gobiernos Regionales (ANGR), César Villanueva, exigió cuentas claras al titular de Economía, Luis Valdivieso, pues aseguró que el ministro prometió que el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel) contaría con 2 mil 100 millones de soles para los proyectos de las regiones y los municipios, y no sólo mil 567 millones como finalmente sustentó en el pleno del Congreso.

“El ministro nos tiene que precisas las cifras porque sentimos que no hay reglas claras de juego ni cuentas reales. Nos hablaron de 2 mil 100 millones de soles para nuestros proyectos, no que de esa cantidad una parte iría para el sector Educación”, señaló Villanueva.

Ante el Parlamento, Valdivieso dijo que se proponía más de 2 mil millones de soles para el Foniprel en el presupuesto público del 2009, no solo para proyectos de inversión pública de las regiones y las municipalidades, sino que de ese monto 460 millones se invertirían en programas del sector Educación.
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Lima, set. 15 (ANDINA).- El abogado penalista Luis Lamas Puccio advirtió hoy que los médicos que acatan la huelga indefinida podrían ser sancionados por delito de homicidio culposo si un paciente que acude al servicio de emergencia de un hospital del Ministerio de Salud muere por falta de atención.

“En el hipotético caso de que un paciente es conducido a la emergencia de un hospital público y allí se vea perjudicado e incluso muera (por falta de atención), los médicos que están a cargo de ese nosocomio podrían asumir una responsabilidad de carácter penal en el delito de homicidio culposo”, expresó.

El también vicedecano del Colegio de Abogados de Lima sostuvo que aunque todo depende de las circunstancias, lo que sí queda claro es que negarse a brindar servicios de asistencia en materia de salud, sobre todo en instituciones de salud pública, acarrea de por sí una responsabilidad de carácter penal.
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La aprobación de la gestión del presidente Alan García Pérez es de 19% en todo el país, según una reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Si desagregamos los números, encontramos que Lima pondera la gestión del mandatario con 24% de aprobación, mientras que en el sur del Perú esta cifra apenas llega al 7%.

“Se trata de una coyuntura que venimos advirtiendo desde hace algunos meses. Más allá de la inflación o el alza de precios, subsiste un problema de desencuentro entre el Gobierno Central y el resto del país”, sostuvo el director ejecutivo del IOP, Fernando Tuesta.

A contrapelo, la aprobación ciudadana nacional es favorable para los líderes políticos como Lourdes Flores, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori. “Todos ellos son opositores, y hoy por hoy, los peruanos le dan mucho valor a la oposición”, señaló Tuesta.
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Último balance de gestión presentará Matute este miércoles a Fiscalización. Mulder, Reymundo, Espinoza, Escudero y Velásquez Quesquén evaluaron a contralor
Por Ítalo Sifuentes Alemán

El próximo martes 28 de octubre es el último día laboral de Genaro Matute como contralor general de la República, quien luego de siete años al frente de dicho cargo se va sin que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo tengan el deber legal de darle las gracias por los servicios prestados a la Nación, pese a que el primero lo propuso y el otro lo designó en el cargo hace siete años por mandato constitucional.

A solo seis semanas de cumplir su período, Matute dice que se va sin dejar ‘bombitas’ a su sucesor. Ello resulta poco creíble si se considera que se marchará sin culminar la investigación de las irregularidades contractuales y de construcción de la Interoceánica Sur, así como los gastos operativos que por S/.2’000.000 utilizaron en total los 120 congresistas durante los dos primeros años de esta legislatura que culmina en julio del 2011.

El contralor señaló a este Diario que no podrá terminar las investigaciones de dicha carretera por falta de equipo técnico y presupuesto, y en el caso de los gastos operativos de los legisladores porque al Órgano de Control Institucional (OCI) del Congreso le tomará unos dos meses determinar si hay más casos de adulteración de facturas, como el detectado al legislador José Anaya (UPP).
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