22/09/08: Más de 337 mil personas afrontan juicio contra el Estado, según el Minjus

Congreso pedirá a ministra explicar si se están cobrando las reparaciones civiles. Son 148 mil procesos los que afrontan 70 procuradurías
Por Ítalo Sifuentes Alemán

Las 70 procuradurías antico-rrupción descentralizadas de los organismos autónomos, de los sectores ministeriales y las ad hoc que defienden judicialmente los intereses de igual número de instituciones públicas están bajo la lupa. De su eficiencia depende que sean repotenciadas o, de lo contrario, que los abogados que las conducen corran el riesgo de que sus contratos sean cancelados por el Ministerio de Justicia (Minjus).

La lupa la ha puesto la ministra del sector y, a su vez, presidenta del Consejo de Defensa Judicial del Estado (CDJE), Rosario Fernández, quien espera que, al igual que dichas procuradurías, las otras 30 que defienden a los gobiernos regionales y locales cumplan con informar antes de fin de año sobre la situación de los procesos judiciales en los que participa el Estado como demandante o demandado.

DIVERSOS DELITOS
El Comercio conoció el reporte de las 70 procuradurías antes mencionadas, las cuales en total afrontan una carga procesal de 148.065 expedientes a la fecha, algunos de los cuales se remontan al 2001, cuando se crearon las procuradurías anticorrupción.

Según el reporte del CDJE, en este número de casos están comprendidas 337.726 personas que están en juicio contra el Estado, ya sea como demandado o demandante por delitos, como corrupción de funcionarios, peculado, abuso de autoridad, concusión y procesos constitucionales.

Entre las procuradurías sectoriales con más carga procesal figuran, en este orden, el Ministerio Público con 32.000 casos; el Ministerio del Interior, con 20.245, y el Ministerio de Educación, con 19.500 (el ránking completo en el cuadro adjunto).

Sobre el particular, los procuradores Aurelio Bazán, del Ministerio Público; Pedro de las Casas, del Ministerio del Interior; y Róger Niego, del Ministerio de Educación coincidieron en señalar que, al igual que los demás procuradores, lo que se está haciendo es detallar cuántos de los 337.726 involucrados en estos procesos son servidores del Estado y cuántos no pertenecen a la administración pública.

Bazán explicó que en su caso la mayoría de los 32.000 procesos están referidos a los de hábeas corpus, recursos de amparo y otras acciones de garantías constitucionales que los procesados interponen contra los fiscales. “Son acciones que interponen ante el Poder Judicial para entorpecer los juicios. También hay procesos contra fiscales a los que se les imputa haber cometido algún tipo de delito”, precisó.

Por su parte, De las Casas dijo que desde noviembre del año pasado empezó a reorganizar su despacho y de los 70 mil expedientes que conducía ahora solo tiene 20.245, pues los demás casos fueron archivados ya sea por prescripción del delito o por tratarse de casos perdidos.

Niego informó, por su parte, que lleva adelante diversos procesos de contenido laboral, “los cuales se expresan en acciones de amparo y demandas contencioso-administrativas, además de los casos penales y civiles que supuestamente involucran a varios servidores y funcionarios del sector y sus dependencias”.

PIERDEN EL 35% DE LOS CASOS
Bazán, De las Casas y Niego precisaron, por separado, que en promedio sus despachos ganan el 65% de los procesos ante los tribunales, indicador que viene evaluando la ministra Fernández en cuanto a si se ajusta a la expectativa de eficiencia que se espera de la defensa judicial del Estado.

Del 2001 a la fecha por el concepto de reparación civil dispuesta por diversos tribunales, solo la procuraduría ad hoc Fujimori-Montesinos logró recuperar 2 millones de soles y las procuradurías descentralizadas anticorrupción hicieron lo propio con 450 mil soles (les falta cobrar S/.9 millones).

En cuanto a las procuradurías sectoriales, estas tienen pendiente de cobrar 4 mil millones de soles que los tribunales dispusieron a favor del Estado. La mayor parte de ese monto (aproximadamente S/.3.700’000.000,00) corresponde a las reparaciones civiles fijadas a favor del Estado por los tribunales antiterroristas. Esta descomunal cifra debe ser pagada por Abimael Guzmán, Víctor Polay y sus secuaces, pero en el Ministerio del Interior explicaron que el monto resulta casi incobrable por cuanto los subversivos no tienen esta cantidad de dinero.

A EXPLICAR AL CONGRESO
El presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, consideró que la ministra Fernández debía explicar ante su grupo de trabajo parlamentario qué están haciendo las procuradurías para cobrar las reparaciones civiles no solo por los casos de terrorismo, sino también por los de corrupción y narcotráfico y otros delitos, pues estos últimos casos suman 309 millones de soles pendientes de cobrar.

“Es evidente que no se está cobrando a los sentenciados el dinero que le deben al Estado por el concepto de reparación civil. Algo está pasando y la ministra nos lo tiene que explicar para encontrar la solución”, manifestó Eguren.

Fernández deberá explicar al Congreso cómo las procuradurías han perdido casos en los que los tribunales ordenaron que los ministerios y organismos autónomos paguen 474 millones de soles por concepto de reparación civil a diversos demandantes, monto que –según el viceministro del Interior, Erasmo Reyna– el Estado deberá abonar, pero de acuerdo con un cronograma de pago según el presupuesto anual de las entidades públicas involucradas.

A todo esto, la directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet, señaló que resultará muy sano para la opinión pública y para la transparencia que la ministra Fernández diga qué hará con las procuradurías que no logran que el dinero de las reparaciones civiles ingresen a las arcas del Estado.

Blondet indicó que la sistematización de la información de los procesos de parte de la procuraduría y el sinceramiento de lo que es posible cobrar y aquello que no permitirá focalizar los esfuerzos de los abogados del Estado que se encuentran en esta titánica tarea.

Abogados podrían ser destituidos
Según el viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, la evaluación de los procuradores se conocerá a fines de diciembre próximo. Dijo que en caso de que se encuentre que abandonaron o actuaron con desidia en la defensa de los casos que siguen, serán procesados administrativamente por un tribunal que él preside e integran el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el procurador de mayor antigüedad. Agregó que la amonestación y la destitución son las sanciones que podrían recibir los procuradores infractores.

DEL CONSULTOR
Auditoría prioritaria*
Es sin duda una buena noticia que surja una preocupación seria por el quehacer de las procuradurías en el país. Se trata nada menos que de la defensa de los intereses del Estado, y eso nos concierne y afecta a todos. Hace mucho tiempo sabemos que este sistema de defensa judicial muestra graves deficiencias, derivadas de su escasa articulación, fragmentación y ausencia de una política de recursos humanos que garantice a profesionales idóneos en el ejercicio de estas funciones. La última modificación legislativa en esta materia no salva lamentablemente estas carencias.

El análisis de la experiencia de todos estos años es el mejor punto de partida para orientar los cambios a emprender. Resulta en ese sentido indispensable realizar una suerte de auditoría sobre el actual funcionamiento de estas instancias y los resultados de su actuación. Así, por ejemplo, si el porcentaje de éxito de las procuradurías es mayor al 60%, habría que admitir que la situación no es tan extremadamente negativa como se pensaba. Pero se trata de verificar estas y otras cifras, de manera que no incurramos en distorsiones que induzcan a error en el diagnóstico y, consecuentemente, en las propuestas que de allí se deriven.

Por último, esa misma experiencia hace aconsejable que la defensa judicial del Estado, que no se reduce, por tanto, a los intereses del gobierno, cobre completa autonomía. Esta independencia contribuiría a un diseño institucional más ágil, eficiente y con claras responsabilidades en su conducción y productividad. Al mismo tiempo, ayudaría a generar confianza en una entidad que aparecería ajena a las contingencias políticas y eventuales tentaciones de un uso instrumental de sus competencias.
* Walter Albán. Ex defensor del Pueblo

El Comercio.