El contralor de la República, Genaro Matute, ha dado a conocer una preocupante estadística que, entre otras conclusiones, evidencia la imprescindible necesidad de cautelar el óptimo manejo de los recursos del Estado.
Esta misma estadística torna imperativo y urgente un sistema contralor desconcentrado y preventivo, lejos del actual, encapsulado y rígido en el día a día fiscalizador.
No es poca cosa tampoco que unas 15 mil personas hayan sido procesadas en los últimos siete años por diversos delitos perpetrados en la función pública, lo que pinta de cuerpo entero un preocupante perfil de inconducta civil y penal dentro de la administración estatal.
Sin embargo, frente a tales evidencias, también queda claro algo más: la labor de la contraloría no será realmente eficiente mientras, uno, el Gobierno no le provea los recursos que necesita para desarrollar su labor; y dos, mientras no haya una decisión de articulación idónea de las diferentes oficinas de control institucional (OCI) que deberían crearse y funcionar en cada organismo público.
Si el régimen atiende estos dos temas demostraría no solo su compromiso con la indispensable rendición de cuentas –inherente a la institucionalidad y la gobernabilidad de un país–, sino, sobre todo, con la lucha contra la corrupción, asentada fuertemente en la burocracia estatal, como revelan las estadísticas de la contraloría.
La gestión de Matute, quien fue nombrado por el gobierno toledista, ha sido positiva, según reconocen voceros de todas las tiendas políticas, incluyendo la del Apra. Durante su gestión, que concluye el próximo 28 de octubre, se amplió el presupuesto de la institución, así como el personal responsable de manera significativa.
Pero, sin duda, el Estado se halla muy lejos de garantizar una vigilancia descentralizada, transparente y justa, precisamente porque el sistema nacional de control, cuya cabeza es la contraloría, resulta insuficiente, anacrónico y desadaptado respecto de las demandas de una administración estatal moderna.
Es inadmisible que el 81% de las instituciones públicas no cuente con un órgano de control interno y, peor aun, que muchas denuncias de corrupción salgan a la luz no por una acción preventiva del organismo de control, sino porque la denuncia se filtró a la prensa.
El Gobierno puede y debe reformar este sistema, lo cual incluye la selección del nuevo contralor con un perfil diferente, capaz de emprender los cambios que el país exige a su contraloría.
El Comercio.