Último balance de gestión presentará Matute este miércoles a Fiscalización. Mulder, Reymundo, Espinoza, Escudero y Velásquez Quesquén evaluaron a contralor
Por Ítalo Sifuentes Alemán
El próximo martes 28 de octubre es el último día laboral de Genaro Matute como contralor general de la República, quien luego de siete años al frente de dicho cargo se va sin que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo tengan el deber legal de darle las gracias por los servicios prestados a la Nación, pese a que el primero lo propuso y el otro lo designó en el cargo hace siete años por mandato constitucional.
A solo seis semanas de cumplir su período, Matute dice que se va sin dejar ‘bombitas’ a su sucesor. Ello resulta poco creíble si se considera que se marchará sin culminar la investigación de las irregularidades contractuales y de construcción de la Interoceánica Sur, así como los gastos operativos que por S/.2’000.000 utilizaron en total los 120 congresistas durante los dos primeros años de esta legislatura que culmina en julio del 2011.
El contralor señaló a este Diario que no podrá terminar las investigaciones de dicha carretera por falta de equipo técnico y presupuesto, y en el caso de los gastos operativos de los legisladores porque al Órgano de Control Institucional (OCI) del Congreso le tomará unos dos meses determinar si hay más casos de adulteración de facturas, como el detectado al legislador José Anaya (UPP).
Matute se presentará este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso como cabeza del sistema nacional de control para dar cuenta de la supervisión efectuada a la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones públicas.
POR LA REPOTENCIACIÓN
Durante su gestión, Matute vio crecer el presupuesto de la contraloría de manera notoria. Si en el 2002 manejó S/.60’000.000, en el 2006 fue de S/.162’000.000 y durante este año contó con casi S/.181’000.000, cifra que consideró insuficiente para continuar con la tarea de repotenciar el sistema nacional de control que en el 2001, cuando llegó al cargo, funcionaba con 699 trabajadores.
Matute explicó que pese a este millonario presupuesto y al incremento de la planilla a 1.174 funcionarios y servidores, solo 788 (19,5%) entidades públicas cuentan con una oficina de control institucional (OCI), el resto de las 4.048 instituciones no tiene jefes de control que reporten directamente a la contraloría.
El contralor señaló que puede parecer una contradicción que pese a contar con el doble de personal y el millonario presupuesto que maneja, se queje permanentemente de falta de recursos humanos y económicos. La contraloría estima que para dar cobertura de control permanente a las 4.048 instituciones públicas será necesario contratar a unos 700 trabajadores más, básicamente para que supervisen las municipalidades, que antes tenían poco presupuesto y ahora manejan grandes recursos provenientes del canon minero.
MÁS DE 45 MIL INFORMES
Matute explicó que del 2002 a la fecha, el sistema nacional de control realizó y aprobó cerca de 45.554 informes de control repartidos de esta manera: 14.699 a cargo directamente de la contraloría, 27.369 de las OCI y 3.486 de las sociedades de auditorías contratadas.
Por estos informes, 12.182 personas se encuentran procesadas penalmente, al igual que otras 2.575 por supuestos delitos civiles. Estas 14.757 personas son juzgadas en 1.664 procesos en diversos tribunales de todo el país abiertos desde el 2002 a junio del 2008, de los cuales a la fecha 143 fueron sentenciados a favor del Estado.
Matute no recuerda cuántas veces se presentó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para explicar los casos de corrupción en que se vieron envueltos funcionarios de los gobiernos de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y del actual presidente Alan García. Sí recuerda que en los siete años al frente de la contraloría dichos grupos de trabajo estuvieron presididos por los apristas Javier Velásquez Quesquén y Mauricio Mulder, y los upepistas Edgard Reymundo, Francisco Escudero y, ahora, por Eduardo Espinoza.
LO VIERON DE CERCA
El Comercio dialogó por separado con estos congresistas para conocer su opinión sobre la gestión de Matute. Mulder y Velásquez Quesquén, quien preside el Congreso, cuestionaron y reconocieron la labor realizada por el contralor.
“Cuando en el 2001 Toledo propuso a su amigo Matute, los del Apra votamos en contra de su designación porque pensamos que como tal no reunía los requisitos de independencia. Al cabo de siete años podría decir que el contralor ha demostrado un trabajo eficiente. Durante el gobierno de Toledo pudo poner más énfasis en casos de denuncias; por ejemplo, contra la señora Eliane Karp. En otros casos fue enfático en investigaciones importantes, como el tema de la corrupción en el Pronaa y Petro-Perú, donde despilfarraron los recursos del Estado”, señaló Mulder.
Velásquez Quesquén incidió en que “a pesar de la amistad con Toledo, la gestión de Matute es positiva, pues recibió una institución que tuvo que reconstruirla. Cuando fui presidente de la Comisión de Fiscalización trabajamos la Ley del Sistema Nacional de Control y es cierto que al cabo de siete años de gestión del contralor hay varias cosas pendientes de hacer”, dijo.
Matute asumió el cargo tras la caída de Fujimori, sucediendo en el puesto al extraditable ex contralor Víctor Caso Lay y a la cuestionada Carmen Higaonna, quienes llevaron a su peor crisis a esta institución fundada en 1929.
Velásquez Quesquén refirió que por ello era para Matute, y es para el futuro contralor, un desafío contar con normas más transparentes, como que las auditorías tengan plazos de entrega.
“Actualmente, las auditorías no tienen plazo. También falta trasladar la dependencia de muchas OCI a la Contraloría General, pues el 40% de las oficinas de control no depende económicamente de este órgano, sino de la entidad que deben fiscalizar. El Congreso puede ayudar a resolver esta contradicción”, precisó.
DE CAL Y ARENA
Reymundo realizó su balance destacando que “el contralor es proactivo, dialogante y colaborador. Con el paso de los años la experiencia del contralor fue cuajándose, por lo que creo que respondió a las expectativas del Congreso; tiene nota aprobatoria”.
Sin embargo, Reymundo sostuvo que la contraloría como institución no está bien articulada y por eso las OCI nunca estuvieron atentas a los casos de corrupción más sonados de los últimos años.
“Fue el periodismo el que hizo los destapes más importantes. El año que presidí la Comisión de Fiscalización se denunció la compra frustrada de patrulleros a la empresa Gildemeister y las ambulancias a Manasa, lo que demostró el desenganche en la articulación del trabajo de la contraloría”, anotó.
El congresista Escudero reconoció, por su parte, que durante su gestión al frente de la Comisión de Fiscalización tuvo un trabajo bastante coordinado con el contralor. “Creo que el balance es positivo porque recibimos el apoyo para el esclarecimiento de hechos como el caso de la vía expresa Faucett”, refirió.
Espinoza, actual presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló que espera este miércoles a Matute para escuchar su balance y reconocer el trabajo de coordinación que han realizado en el poco tiempo que les tocó trabajar juntos en la lucha anticorrupción.
CRONOLOGÍA
Los casos más sonados que le tocó ver
24/4/2005: Confirma que el alcalde de Ilave, Cirilo Robles, linchado por una turba, era inocente. Luego de evaluar la gestión del burgomaestre, la contraloría no halló indicios de irregularidades en ella.
2/8/2007: Denunció al teniente general PNP Víctor Gandolfo, ex director de logística de la Policía Nacional del Perú, por participar en la cuestionada licitación de 469 patrulleros sobrevaluados, que ocasionó la salida de Pilar Mazzetti del Ministerio del Interior.
16/10/2007: Presentó el primer informe sobre la cuestionada concesión para la construcción de la vía expresa del Callao en el que se halla responsable al ex alcalde chalaco Álex Kouri y a otros ex funcionarios municipales.
24/4/2008: Halló responsabilidad en seis ex funcionarios del Banco de Materiales (Banmat) y confirmó las irregularidades que se cometieron en el otorgamiento de crédito al proyecto Los Álamos y el pago de utilidades por S/.155.786 a diversos funcionarios.
AL GRANO
4″Se espera que García nombre al candidato”*
El contralor deja el cargo el próximo 28 de octubre. ¿El gobierno ya sabe a quién presentará como sucesor de Matute?
Estamos esperando que el presidente García presente al candidato para –según el artículo 93 del reglamento del Legislativo– convocar a la Comisión Permanente para que decida si lo designará tal como lo establece la Constitución. A propósito, no creo que esa designación deba estar en manos de esta comisión sino del pleno del Congreso, como sucede con el superintendente de Banca y Seguros y los miembros del Tribunal Constitucional. Con una elección de 81 votos quedaría garantizada la autonomía del nuevo contralor, pero eso no podrá ser en esta ocasión porque para ese cambio constitucional se necesitan dos legislaturas. Hay que seguir consolidando la independencia, la autonomía de la contraloría, para que quede claro que el contralor no es un amigo del jefe de Estado.
Matute viene pidiendo se faculte al contralor la potestad de solicitar el levantamiento del secreto bancario para que pueda investigar con más profundidad y celeridad a los corruptos.
No coincido con esa propuesta porque constitucionalmente esa es una potestad jurisdiccional y no administrativa. La contraloría es una entidad administrativa. Si lo aprobamos, mañana un alcalde nos pide tener la misma potestad para investigar a sus regidores. El contralor tiene que proponer una mejor estructuración del control a los programas sociales, a las operaciones de endeudamiento, a los regímenes de ingreso remunerativo en la administración pública que siguen siendo asimétricos.
* Javier Velásquez Quesquén. Presidente del Congreso
El Comercio.