12/09/08: LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004, ¿REALIZACIÓN DE UNA OPCIÓN POLÍTICO CRIMINAL O DE UNA CRIMINAL POLÍTICA DE ESTADO?

Galileo Galilei Mendoza Calderón
Juez del 2º Juzgado Penal Transitorio de Huaral.

El Derecho Procesal Penal tiene un carácter primordial como un estudio de una justa e imparcial administración de justicia, posee contenido técnico jurídico donde se determinan las reglas para poder llegar a la verdad discutida y dictar un derecho justamente. Es el camino que hay que seguir, en un ordenamiento preestablecido de carácter técnico. Garantiza, además la defensa contra las demás personas e inclusive contra el propio Estado, pero cuando este entra en crisis este servicio de justicia penal se vuelve, inoperante ya sea por la insatisfacción de los sujetos procesales que acuden a ella, es decir, de las victimas, ofendidas por el latrocinio no indemnizadas oportunamente; de los imputados, privados de su libertad (ello por no encontrar una sentencia en el plazo determinado) o por cualquier compareciente al proceso, que padecen la incertidumbre de una situación procesal irresuelta más allá de cualquier plazo razonable ; y, de la sociedad misma, que ve impotente como aumenta la sensación de inseguridad e intranquilidad colectiva ante el crimen; todo ello concibió la propuesta de una reforma procesal penal, una nueva política criminal acusatoria, garantizadora y de tendencia adversativa, y que la misma valla de la mano con los tratados internacionales sobre derechos humanos y del cual el Perú forma parte.
La necesidad imperiosa de afrontar la situación de crisis crónica del servicio de justicia penal, Se afirma que gracias a la obra de ROXIN , la gran mayoría de quienes actualmente se dedican a la dogmática penal asume como algo natural la introducción de valoraciones político-criminales.

En sí, la política criminal no sólo actúa en el ámbito de lo estrictamente penal, sino que incursiona en otras ramas del derecho como lo policial, procesal y penitenciario. En este campo veremos si este nuevo sistema procesal a llenado las expectativas de los diferentes operadores del derecho en esta parte del Perú, ya que como lo menciona, BINDER agrega acertadamente que el conjunto de instituciones que habitualmente llamamos “penales” (penales, procesales, penitenciarias, entre otras) no pueden, en modo alguno, ser analizadas de una forma independiente porque en su funcionamiento real actúan estrechamente interrelacionados. Cada uno de estos ámbitos forma parte del llamado “sistema penal”, integrados funcionalmente en virtud de una “necesaria coherencia político criminal”. Subraya el jurista argentino que:“Dicho en palabra más sencilla: no se puede tener un Código Penal que responda a una orientación, un Código Procesal Penal que responda a otra y una Ley Penitenciaria que responda a una tercera. La política criminal es la que va a plantear los grandes objetivos de todo el sistema y cada uno de los subsistemas debe ser coherente con la preservación de esos objetivos”.

En efecto, una política criminal fundada en el castigo sin contar con los límites que le impone el Estado social y democrático, deja de ser una política criminal preventiva, para convertirse decididamente en una de carácter represiva. Ya lo dijo ROXIN al formular la siguiente interrogante: “¿De qué sirve la solución de un problema jurídico, que a pesar de su hermosa claridad y uniformidad es, desde el punto de vista político criminal, erróneo”.
La política criminal de cada Estado depende del rol que los ciudadanos le asignen, del valor que se le reconozca a la persona humana, sin embargo, varios sectores de la doctrina han cuestionado la posibilidad de mantener en la actualidad los postulados propios del llamado de manera irónica por Lüderssen “buen y viejo Derecho penal liberal”.

El punto de vista a adoptar será netamente funcional; es decir, se procurará mostrar la operatividad del nuevo proceso penal, en conjunción con las normas penales, dentro de la configuración de la Política Criminal desarrollada por el estado peruano, ello por la entrada en vigencia a partir del 01 de julio del 2006, del Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Huaura, ello como plan piloto y que a la fecha también se aplica en el Distrito Judicial de la Libertad. Para ello es necesario comprender, en primer lugar, que no existe sociedad sin política, porque no existe sociedad sin poder y sin intereses, sean éstos comunes o contrapuestos. La política se ubica, pues, en el centro del marco constituido por el poder y por esos intereses: ella es quien regula el fenómeno básico del consenso o disenso social . La Política Criminal comprende, en consecuencia, el conjunto de decisiones relativas a los instrumentos, reglas, estrategias y objetivos que regulan la coerción penal. Y, como tal, forma parte del conjunto de la actividad política de una sociedad.

Podríamos afirmar que para buscar el mejoramiento de los servicios de justicia, se expidió el Decreto Legislativo Nº 957 – Nuevo Código Procesal Penal. En este código destacan los principios reguladores de una justicia penal eficiente, eficaz y garantizadora, es decir, un procedimiento equilibrado ello en busca de la solución de los conflictos generados por el delito, como se aprecia principalmente en el Título Preliminar; además, de una organización acusatoria que define nítidamente las funciones procesales básicas de persecución, de defensa y de fallo, y la asignación de éstas al correspondiente sujeto procesal, trátese del Ministerio Público, del Defensor Técnico y del Juez u órgano jurisdiccional. El anotado gran cambio importa, asimismo, un cabal reemplazo de paradigmas estructurales, sustituyéndose el correspondiente al sistema mixto, de tendencia inquisitiva, pautado por el viejo Código de Procedimientos Penales y el Decreto Legislativo Nº 124, prohijador de la vía procesal sumaria, compuesto por el trinomio instrucción sobredimensionada – escritura – expediente, por aquél otro en el que concurren la oralidad, el régimen de audiencias (afincado en el esquema del contradictorio adversativo), y la principalidad del juicio público y oral.
Hay que remarcar que al cumplir casi 01 año de la entrada en vigencia de este nuevo sistema procesal penal, en el Distrito Judicial de Huaura, se ha reducido sustancialmente la carga procesal y la calidad de administración de justicia a mejorado considerablemente, ya que al implementarse estos nuevos mecanismos y figuras jurídicas como ahora en la cual el proceso penal se divide en tres grandes etapas como es La investigación preparatoria: en la que es El Ministerio Público, quien tiene la dirección de la investigación y sus relaciones con la Policía, La noticia criminal y las alternativas del Fiscal, La ubicación, recolección y aseguramiento de fuentes de prueba, Los derechos del imputado y las atribuciones de la defensa técnica durante la investigación, entre otras considerando que esta es la etapa en la que el Fiscal va conducir la investigación) La etapa intermedia: que es la etapa del saneamiento a cargo del Juez de la Investigación Preparatoria, y que además es este quien conduce la misma y lleva bajo su conducción; La audiencia de control del requerimiento Fiscal de sobreseimiento; La audiencia preliminar de control de la acusación; El ofrecimiento y admisión de medios de prueba. Y por ultimo el Juzgamiento, sentencia e impugnación: a cargo del Juez de Fallo, completamente distinto al Juez de Investigación Preparatoria, en la que se vera, Las técnicas de litigación en el desarrollo y conducción del juzgamiento, Las sentencias absolutorias y condenatorias, y la Impugnación: nulidades y recursos. Es por ello concluiríamos que la actual política criminal impartida por el estado a dado sus primeros frutos, en cuanto a la aplicación de este novedoso procedimiento penal, dado a que se esta garantizando los derechos fundamentales tanto del imputado como de la victima, ello sin considerar la celeridad y economía procesal con la que se viene operando la misma en la tramitación y ejecución de los procesos, esto según estadística manejada por el poder judicial y ministerio público.