Hay que tomar con pinzas el pedido que ha hecho, en su primera presentación ante el Congreso, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Luis Valdivieso, para moderar el gasto público en las regiones y, finalmente, mantener a raya la inflación, lo que parece ser ahora el principal objetivo de la política económica. Es decir, retornar al rango objetivo fijado por el BCR, entre 1% y 3% en 12 meses.
Para ello ha planteado también que el Estado se ajuste el cinturón y reduzca el gasto corriente para no incrementar aun más la demanda interna. Desde esa línea de pensamiento, el aumento del ahorro público permitiría contar con mayor reserva fiscal y estar preparados para una eventual caída de la recaudación tributaria en caso de que continúen descendiendo los precios de los productos mineros o constriñéndose nuestros mercados externos.
Hasta allí el planteamiento nos parece correcto. Sin embargo, nos preocupa que por afán de enfriar en algo el boyante crecimiento económico, nos vayamos al otro extremo del frenazo y se genere recesión, lo que sería sumamente lamentable.
Al respecto, tenemos que recordar que el bajo nivel de la inversión pública, que ha sido moneda corriente por muchos años, es la causa principal de una infraestructura pública deficiente o inexistente, a tal punto que se calcula un déficit de inversión por más de 23.000 millones de dólares en este rubro. Por lo mismo, cortar ahora la inversión en infraestructura, cuando finalmente parece estar aumentando y apuntalando el crecimiento económico, sería una medida desproporcionada y contraproducente, máxime cuando aún no se da el deseado dinamismo en la entrega de concesiones para aumentar la inversión privada en ese sector.
En lo que respecta al consumo privado, es prudente que la Superintendencia de Banca y Seguros se mantenga vigilante para evitar que el aumento incontrolado del crédito deteriore la calidad de la cartera de los bancos. Sin embargo, sería excesivo tomar medidas adicionales y demasiado restrictivas que limiten al ciudadano en la satisfacción de sus legítimas expectativas de mejora y calidad de vida.
FRENTE EXTERNO Y FANTASMA INFLACIONARIO
Más allá de ello hay dos aspectos colaterales que deben considerarse seriamente a la hora de evaluar la pertinencia de las nuevas medidas moduladoras. Por un lado, en el frente externo, preocupa que este freno se dé justamente cuando la economía mundial está desacelerándose marcadamente, lo que podría exacerbar el resultado de las medidas del MEF. Y, por otro lado, tenemos como agravante adicional el cuello de botella del desabastecimiento energético, que podría durar por lo menos tres años y que, ya de por sí, le pone cierto techo y límites al crecimiento.
En tal contexto interno y externo, es válido y legítimo alertar sobre las eventuales consecuencias de medidas de freno como las mencionadas. Entendemos la preocupación del régimen por la inflación, atizada aun más por los fantasmas del primer gobierno aprista. Pero tampoco puede actuarse llevado solo por la baja de popularidad que el tema inflacionario genera y reflejan las encuestas. Esto, en efecto, no puede convertirse en una obsesión tal que termine revirtiendo totalmente el círculo virtuoso de optimismo, confianza e impulso de la inversión en que nos encontramos.
El manejo económico es complejo y, en muchos casos, como lo demuestra la experiencia propia y ajena, responde a expectativas. El riesgo mayor, entonces, es que se desacelere demasiado el crecimiento llevándolo por debajo del nivel mínimo de 8% que deberíamos sostener para llegar al 2011 con un nivel de pobreza menor del 30% de la población.
El Perú atraviesa un buen momento y disfruta del mayor ciclo expansivo de su economía desde la década del cincuenta, al punto tal que somos hoy la envidia de nuestros vecinos de la región. Por ello, si bien debemos ser cautelosos en el manejo económico, no pongamos en riesgo tan privilegiada posición ni la oportunidad de desarrollo y mejora del nivel de vida que clamorosamente reclaman y merecen millones de ciudadanos.
FE DE ERRATAS
Por un lamentable error técnico, el editorial de ayer “Cárcel para jueces y abogados que abusan de los amparos” apareció publicado sin la última línea. El párrafo final debió decir: “A más de eso, es pertinente y necesario el pronunciamiento de los colegios de abogados, para expulsar de sus gremios a jueces, pero también a los abogados que promueven causas y métodos tan venales, a sabiendas de que están corrompiendo la ley, burlando a la justicia y traicionando el orden constitucional”. Ofrecemos disculpas a nuestros lectores.
El Comercio