Derogatoria pasaría con más de 60 votos

Seis bancadas y un grupo especial apoyan derogatoria. Comisión Agraria pide revisar el proyecto 2440 antes de que pase al Pleno.

Emilio Camacho

Día D. El pleno del Congreso discutirá decretos considerados lesivos por etnias amazónicas afiliadas a Aidesep.

En reunión con Beatriz Merino, quien los apoyó. (Foto: Virgilio Grajeda)

Los decretos legislativos 1015 y 1073 que facilitan la venta de tierras comunales y que provocaron la reciente movilización de cientos de nativos amazónicos serían derogados hoy en el pleno del Congreso con una inusual coalición de bloques parlamentarios.

De hecho, el proyecto del ley 2440 (de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos) que plantea la derogatoria de ambos decretos obtendría el respaldo de seis bancadas, de un grupo especial y de Restauración Nacional, el partido del pastor Humberto Lay.

La suma de estos bloques haría un total de 68 votos a favor de la derogatoria: 21 del Partido Nacionalista (no acudirían a votar los suspendidos Miro Ruiz y Yaneth Cajahuanca), 13 del fujimorismo, 13 de Unidad Nacional y 6 de UPP (que no contaría con los votos del suspendido José Vega y del investigado José Anaya).
También respaldarían el proyecto, el Bloque Popular con sus 6 votos (sin contar los de Margarita Sucari y Álvaro Gutiérrez), el grupo especial Compromiso Democrático con sus 3 votos, la Alianza Parlamentaria con 5 votos, y Alda Lazo, de Restauración Nacional. David Perry, también de Restauración Nacional, no acudiría al Pleno porque tiene compromisos con el Parlatino.

Para congresistas como Fredy Otárola, del Partido Nacionalista; Edgard Reymundo, del Bloque Popular; y Carlos Cánepa, de UPP, el único camino para acabar con la protesta de los nativos amazónicos y resguardar sus tierras es derogar los decretos.

Todos aseguran que sus grupos votarán por este mecanismo sin pensar en “vías alternativas” o “modificatorias” como las que plantea el oficialismo.

Precisamente el Apra ha anunciado que votará por mantener la vigencia de los decretos 1015 y 1073. Así lo anunció su vocero, Aurelio Pastor, quien precisó además que si el Pleno deroga hoy los controvertidos decretos, el Ejecutivo podría observar esta decisión, pues está dentro de sus prerrogativas.

“Para derogar un decreto legislativo, el Congreso sigue un mecanismo de control político claramente establecido. Primero, la Comisión de Constitución observa el decreto del gobierno. Luego, esta decisión es ratificada por la mitad más uno del número legal de congresistas (61 votos). Con eso no hay nada más que hacer”, dijo.

En opinión del vocero aprista, al aprobar la derogatoria de los decretos 1015 y 1073, mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo podría optar entre promulgar esta norma u observarla. “Es algo legítimo que está contemplado en la ley”, afirmó.

LA “VIA ALTERNATIVA”

Además de la observación del proyecto de ley 2440, el Apra tiene otro as bajo la manga para impedir la derogatoria de los decretos que provocaron la protesta de nativos.

Mario Alegría (Apra), presidente de la Comisión Agraria, propuso que el proyecto 2440 pase por su comisión para ser dictaminado antes de que se debata en el Pleno.

“Queremos que se respeten las instancias. Somos comisión principal y tenemos que dar nuestra opinión sobre estos decretos”, dijo el legislador oficialista.

Lo que no precisó es que su iniciativa dilataría la decisión definitiva sobre los decretos 1015 y 1073, y reavivarían protestas que se extendieron hasta ayer por toda la selva.

‘‘Nativos deben ser consultados”

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, se reunió con Segundo Pizango, representante de Aidesep (ONG que agrupo a etnias amazónicas que protestan contra los DL 1015 y 1073), y pidió que se respete el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que establece el derecho a consulta y participación de las comunidades nativas en temas que los involucran.

“El Convenio 169, que establece el derecho a la consulta, es un instrumento internacional suscrito por el Perú y, por lo tanto, constituye una norma vigente que debe ser cumplida por el Estado”, dijo.

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