El Comercio
Por Walter Gutiérrez. Decano del Colegio de Abogados de Lima
En su discurso del 28 de julio el presidente de la República ha hecho anuncios interesantes vinculados al servicio de administración de justicia: ha dicho que va a impulsar “una profunda reforma del Estado para agilizar su marcha”. Vinculado a este tema, se ha comprometido a apoyar la pronta aplicación del nuevo Código Procesal Penal en todo el país, porque considera que “es la base del cambio de la administración de justicia”. En esta línea ha dispuesto que se priorice el gasto presupuestal en su implementación. Finalmente, ha concluido diciendo que la reforma de la justicia complementa la reforma del Estado.
Se trata de anuncios positivos que revelan una visión correcta: sin la reforma de la justicia no hay reforma del Estado, pues la justicia es un servicio público esencial que junto con educación y salud representan la base de la calidad de vida del ciudadano. Sin embargo, siendo correcta esta visión es incorrecto el planteamiento, como incorrectas son algunas cifras que ha manejado sobre este sector.
Veamos. La solución de la justicia no pasa “por más Estado”; en todo caso, no se trata solo de acelerar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, pues en la carga procesal (2 millones 500 mil causas) los juicios penales no representan más del 24%. Una verdadera revolución en la justicia pasa por promover una justicia alternativa, que propicie la participación de los particulares en la solución de los conflictos legales.
Miremos un ejemplo: el presidente ha informado que en el último año el sector Justicia ha “brindado gratuitamente un millón cien mil defensas de oficio”. Esto es un error, pues esa cifra es prácticamente el 100% de juicios que resuelve el Poder Judicial en dicho período. El error es mayúsculo, porque la defensa de oficio es un mecanismo de auxilio judicial que procede excepcionalmente en ciertas causas penales y de familia y, aun cuando los defensores de oficio se hubiesen multiplicado, en ningún caso habrían atendido dicho número de causas.
Pero, el problema de fondo está, como ya se dijo, en el planteamiento. No podemos esperar que el Estado, con su lentitud e ineficiencia (para no hablar de corrupción), siga atendiendo el 100% de la demanda de la administración de justicia. Debemos propiciar la participación de la sociedad civil. En el caso de las defensorías de oficio no hay ninguna razón para que estas no pasen a los colegios de abogados, de modo que no se siga engordando la planilla estatal, con lo cual se podría controlar mejor la labor de estos defensores.
Pero, sin duda el paso decisivo en la reforma de la justicia se daría con la implementación del arbitraje popular, mediante el cual jueces privados resolverían causas patrimoniales, conflictos de consumo y otras causas que desembocan en juicios contencioso-administrativos, porque con esta medida se reduciría más del 50% de la carga procesal, ganándose en eficiencia y ahorro de recursos.
De este modo, el Gobierno comenzaría a promover una verdadera reforma de la justicia que es la justicia alternativa. Así, el presidente, al final de su gobierno, podrá repetir lo que dijo en su discurso pero con un cualitativo añadido: “Yo me propuse ser presidente del pueblo frente al Estado y no al contrario”. Y lo habría cumplido.