Fuente: Justicia Viva
Alfredo Villavicencio Ríos
Coordinador General del Consorcio Justicia Viva
La reforma del sistema de justicia requiere, lo sabemos todos, del diseño y la implementación de medidas de grueso calibre, las que hasta la fecha parece que no recogen los consensos que requiere su aprobación y puesta en marcha, partiendo de que su diseño se encuentra señalado en sus grandes trazos en el Plan de Reforma Integral de la Justicia, que elaboró la CERIAJUS.
Afortunadamente, allí no queda el tema, ya que hay un gran número de pequeñas medidas que pueden irse tomando en el día a día para resolver problemas endémicos que entorpecen, enturbian, distorsionan o tuercen la recta administración de justicia. Y frente a muchas de estas corruptelas sólo cabe un sistema disciplinario siempre alerta y eficiente a la hora de detectar y, sobretodo, sancionar a los responsables luego de un proceso rápido y con todas las garantías. Y en estos casos lo recomendable resulta una visión como la de ciertas políticas públicas en materia de salud, que se proponen y consiguen acabar para siempre con enfermedades frecuentes o muy extendidas que requieren sobretodo de tratamientos preventivos: poliomielitis, sarampión, paludismo, etc.
De allí que la función del sistema disciplinario no sólo sea castigar las inconductas cometidas, sino que sirve para identificar y notificar a todos los funcionarios del sistema un conjunto de reglas basadas en tolerancia cero frente a cualquier actuación distorsionada. Y los primeros interesados en que así sea tienen que ser las máximas autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público, puesto que todos los esfuerzos por mejorar sus instituciones terminan muchas veces por los suelos en la opinión pública cuando salta un escándalo de corrupción. Y qué indignación debe provocar, cuando ellos hacen su tarea a fondo y un órgano externo, encargado de reforzar los controles disciplinarios, les da la espalda y los obliga a quedarse con personas cuyas inconductas llevaron a pedir una separación quirúrgica radical.
En el terreno de la eliminación de corruptelas como impulso de cambio a favor de una justicia más transparente, proba y eficiente, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tiene a su favor haber acabado con la revisión de sentencias que habían adquirido la condición de cosa juzgada. Por obra de birlibirloque, el litigante que había obtenido la tutela definitiva de su derecho veía moverse y renacer al expediente, anularse la decisión finalísima y generarse otra sentencia que contradecía lo resuelto en el trámite regular. El mal llegó a la propia Corte Suprema y condujo a la destitución de todos los integrantes de la Sala que revisó la sentencia final. Tras esta sanción ejemplar, no se ha vuelto a tener noticia de un caso similar y los ciudadanos saludamos esta decisión.
Asimismo, y tras pedirlo la OCMA y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el CNM destituyó a los vocales Romero, Pomareda y Rodríguez, nada menos que por emitir fallos contradictorios en casos idénticos o desacatar los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Con ello, celebramos el fin de otra corruptela inadmisible y la mejora de la justicia que se libraba de otra tara gravísima. Sin embargo, estamos asistiendo, perplejos, a la revocación de esta sanción por el mismo CNM que sin razón alguna, cambia su criterio y nos condena a seguir viviendo en medio de fallos hechos a medida o a pedido. Se niega así, el propio CNM la posibilidad de seguir contribuyendo a la reforma de la justicia en tan relevante campo, incumpliendo flagrantemente su finalidad de contribuir a la probidad y eficiencia de la justicia. De allí que los consejeros Delgado de la Flor y Vegas Gallo, cuyo cambio de voto impidió que entonáramos el réquiem para otra corruptela, deben asumir su responsabilidad, por haberse convertido en obstáculos para la reforma de la justicia, como lo ha reclamado el propio Presidente del Poder Judicial.