17/07/08: TEXAS NO QUIERE CUMPLIR DECISIÓN DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN MATERIA DE PENA DE MUERTE

17 Julio de 2008

Según información de las agencias internacionales, actualizada a la fecha, un número bastante alto de latinoamericanos residentes en los Estados Unidos se encuentran en los corredores de la muerte, próximos a ser ejecutados. Son 53 mexicanos, 7 cubanos, 4 jamaiquinos, 1 peruano, 1 argentino, 1 haitiano y 12 centroamericanos, y colombianos hay 4 condenados.
Pues bien, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, por siete votos a favor y cinco en contra, en providencia que fue leída por la Juez Rosalyn Higgins, ha ordenado a Estados Unidos detener varias ejecuciones en Texas, haciendo todo lo necesario al efecto, sin que ello se haya reflejado en la práctica, ya que las ejecuciones no se detendrán.La CIJ dio a conocer su fallo sobre las “medidas provisionales” solicitadas por México a principios de junio pasado para evitar la ejecución de los cinco mexicanos, entre ellos la de José Ernesto Medellín, prevista para el próximo 5 de agosto.

El tema abre una polémica jurídica de grandes proporciones, que ya había tenido en este caso sus antecedentes, también con Texas, cuando en 2004 la Corte Internacional de Justicia dictó la denominada “Sentencia Avena”, que ordenaba revisar las condenas y las penas proferidas contra 51 mexicanos que no habían sido informados en el momento oportuno sobre su derecho a asistencia consular, como lo contempla la Convención de Viena de 1963.
La providencia dispone que Estados Unidos debe preservar la vida de Medellín, así como las de César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García y Roberto Moreno Ramos mientras siga pendiente el fallo sobre la demanda interpuesta por México.

México recurrió el pasado 5 de junio a la CIJ luego que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que la doctrina sentada en el “fallo Avena” no es obligatoria para los tribunales de ese país y concluyó que el juicio de Medellín no debía ser revisado.

Ya pasada la etapa en que, como hace poco lo registramos, la Corte Suprema de Justicia, mientras analizaba los argumentos constitucionales respecto de dos condenados, había dado lugar a una moratoria en las ejecuciones, se ha reanudado en Norteamérica la aplicación de la pena de muerte en los Estados que la contemplan, entre los cuales se destaca, por el número de condenados, el Estado de Texas.

Así, pues, la Corte Internacional de Justicia de La Haya acaba de ser desobedecida en esta materia, precisamente por el Estado de Texas, que se niega a cumplir una de sus providencias.

Según la Corte, “Estados Unidos debe tomar todas las medidas necesarias para evitar la ejecución (…) mientras (los condenados) no se hayan beneficiado del reexamen y la revisión de sus penas”, derecho éste que la Corte consideró que hace parte del conjunto de los derechos esenciales de cualquier persona en tales circunstancias.

El Gobernador de Texas, Rick Perry, según su portavoz oficial, ha respondido a la Corte que no acatará su mandato y que, aún contra él, ejecutará a todos los condenados que se encuentran en capilla, en el corredor de la muerte.

“Nada va a cambiar por lo que diga un Tribunal extranjero”, afirmó de modo tajante el portavoz del Gobernador, Robert Black.

México se pronunció ayer y formuló un enérgico llamado a Estados Unidos para que cumpla la orden de la Corte, ya que de no hacerlo vulnera abiertamente las obligaciones internacionales contraídas, a lo cual responde Washington diciendo que, dado el esquema federal vigente y la separación funcional entre Gobierno y Rama Judicial, no dispone de los medios que serían aptos para imponer una revisión de las condenas a los jueces de los respectivos Estados del país.

Entonces, surge de nuevo la polémica que enfrenta la soberanía de los Estados con las normas y sentencias del Derecho Internacional. Las dos conocidas corrientes del dualismo y del monismo suministran respuestas diferentes: para el dualismo, hay dos esferas jurídicas bien distintas (la interna y la internacional), de tal manera que la orden de un Tribunal Internacional bien puede ser rechazada por el Estado que la recibe, por razones de soberanía, que especialmente en materia de administración de justicia se entiende en esa perspectiva como inalienable. La monista, por el contrario habla de un solo orden jurídico, en el que normalmente prevalecen las reglas del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno.