El Comercio, 1 de julio del 2008.
EDITORIAL
La eficiente Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) no deja de trabajar. Como ha informado nuestro Diario, en lo que va del año ha impuesto más de 400 medidas disciplinarias, incluidas 237 llamadas de atención y el pedido de destitución definitiva de 82 servidores: 49 de ellos auxiliares jurisdiccionales y 33 magistrados.
Delicada tarea la que le aguarda al Consejo Nacional de la Magistratura, encargado de nombrar, ratificar y sancionar a los vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos, así como a los jueces y fiscales de todas las instancias, según lo establece la Constitución.
Lo socialmente relevante es que el consejo no defraude ese mandato constitucional ni desconozca el esfuerzo de la OCMA, que ha sabido reaccionar con valor e independencia frente a los actos de corrupción o las denuncias que pesan sobre ciertos magistrados que retrasan los procesos por encima de los plazos legales.
Los perjuicios para los litigantes son, pues, evidentes, y de ello debe ser consciente el Consejo de la Magistratura, del que se espera transparencia y celeridad. Es una vergüenza que sus pronunciamientos demoren hasta un año, como sucedió en el cuestionado caso del vocal Ángel Romero. Justicia que demora, que cede a la ineficacia, a la presión política y a la corrupción, no es justicia.