Deseo compartir con ustedes una opinión publicada hoy en el diario El Peruano, en la cual he tenido la oportunidad de brindar algunos comentarios sobre el panorama actual y próximo de las Contrataciones del Estado.
Importa promover clima predictivo
Elisa Zambrano Olivera
Experta en Contrataciones del Estado – Perú Contrata. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú
El Poder Ejecutivo ha puesto en marcha la reforma y fortalecimiento del sistema de contrataciones del Estado, mediante el DU Nº 048-2011. La norma establece medidas extraordinarias para mejorar los procedimientos internos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a fin de optimizar su tramitación e incrementar la confianza en la ciudadanía. Pero, lo más importante es que se da un plazo de 30 días al Ejecutivo para elaborar el proyecto de la Ley de Contrataciones del Estado.
Sobre las medidas contenidas en esta disposición importa atender que el Estado siendo el principal comprador debe contar con normas y trámites atractivos para los inversionistas y Mype. El fortalecimiento del ente rector apunta a reforzar las labores de supervisión, regulación y solución de controversias, de modo que se genere un clima de compra transparente y predictivo, el cual irá de la mano con el crecimiento económico del país. Teniendo reglas de juego supervisadas y tramitadas adecuadamente se busca disminuir los casos de corrupción en las instituciones públicas.
Respecto a los próximos cambios en la legislación de la materia se debe partir de que nuestro sistema de compras públicas es uno de los líderes de la región, en cuanto a legislación y avance presentados. Nuestra normativa incorpora, además de los procesos de compra tradicionales, las tres modalidades de contratación de mayor éxito a escala internacional: la subasta inversa, el convenio marco y las compras corporativas. Importa mantener dichas modalidades y reforzar los procesos tradicionales, ya que contienen los elementos base aceptados internacionalmente.
Por otro lado, existen aspectos que urgen modificación como los canales adecuados para que los proveedores ejerzan la facultad de contradicción administrativa y sean atendidos de manera imparcial y especializada, sea vía apelación o elevación de observaciones. En estos casos se debe otorgar la competencia para pronunciarse al OSCE, sin considerar el monto comprometido en la compra. Para ello, es conveniente reducir el porcentaje de la garantía para impugnar que representa el 3% del monto del proceso.
Se requiere igualmente frenar el empleo desmedido de exoneraciones, supuestos de aplicación excepcional que en los hechos son muy recurrentes. También limitar las exoneraciones y efectuar mayores precisiones normativas en dicho aspecto.
Otro aspecto a evaluar en la reforma es la implementación de las compras públicas sostenibles y la aplicación del principio del valor por dinero. De esa manera, se podrá reforzar la coexistencia del factor calidad-precio-oportunidad, descartando la posición que solo el producto con menor precio representa un ahorro.
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