Lima atraviesa una crisis energética sin precedentes. Con el ducto de Camisea operando apenas al 52% de su capacidad, el Gobierno ha establecido medidas excepcionales, dictando la virtualidad para 1.5 millones de alumnos de colegios privados y el teletrabajo para el sector público. Sin embargo, tras la frialdad de los megavatios ahorrados, existe una verdad incómoda que miles de padres de familia denuncian con justa indignación: en el Perú, la educación sigue siendo el  primer recurso que el Estado sacrifica.

Desde una perspectiva estrictamente técnica, la medida parece lógica. Al retirar de las calles a 1.5 millones de estudiantes y movilidades escolares, la ciudad deja de consumir aproximadamente 300,000 $m^3$ de GNV al día. Ese gas, que hoy es oro puro, se inyecta directamente a las termoeléctricas para evitar que Lima se quede a oscuras. A esto se suma un ahorro de 200 MW de potencia eléctrica al cerrar campus y oficinas estatales.

Pero aquí es donde la matemática choca con la ética. Mientras el Gobierno celebra estos números como un “éxito logístico”, las familias observan con desconcierto cómo los centros comerciales, casinos y cines operan con normalidad, con sus sistemas de aire acondicionado y pantallas gigantes a plena carga. ¿Por qué el sacrificio de 200 MW debe recaer sobre el aprendizaje de un niño y no sobre el consumo suntuario?

La fragilidad de la postura gubernamental queda expuesta ante un dato irrefutable: el ahorro actual es artificial, sostenido por los millones de escolares estatales que aún disfrutan de sus vacaciones. Es esta inactividad, y no una estrategia eficiente, lo que mantiene el sistema a flote. Resulta incomprensible que, ante la cercanía del 16 de marzo, el Estado opte por usar al sector privado como una variable de ensayo, en lugar de ejecutar un plan de contingencia serio que garantice la presencialidad total y segura para toda la comunidad educativa

Forzar la virtualidad de los privados hoy no es una medida de ahorro preventivo; es una confesión de incapacidad. Es admitir que el Estado no tiene un plan de contingencia para proteger el servicio educativo y que, ante la escasez, prefiere apagar un aula que restringir un centro comercial.

La efectividad de la medida es un espejismo contable. El gasto energético no desaparece; se traslada. El consumo que el Estado y los colegios se “ahorran” ahora lo pagan los padres en sus recibos de luz y planes de datos, mientras asumen el costo logístico de cuidar a sus hijos en horario laboral.

Lo más grave, sin embargo, es el mensaje simbólico: la educación es “prescindible”. Se nos dice que el país no tiene gas suficiente para que un niño se siente frente a su profesor, pero sí para mantener encendida la publicidad exterior de una tienda por departamentos.

Conclusión

Si para el lunes 16 de marzo el ducto de Camisea no está reparado al 100%, el Gobierno enfrentará un dilema moral: ¿postergará el inicio de clases de los 4.5 millones de alumnos públicos o se atreverá finalmente a pedirle un sacrificio al sector comercial e industrial?

Las cifras indican que la virtualidad de esta semana ha “comprado” tiempo, pero lo ha hecho a un costo social altísimo. Es hora de que el Ejecutivo entienda que priorizar la educación no se dice en los discursos; se demuestra en la matriz energética. Si hay que apagar luces para que el país no colapse, que las últimas en apagarse sean las de los colegios.