Escuchando las noticias de hoy, tomé conocimiento de un nuevo proyecto de ley que busca incorporar el artículo 402-A en el Código Penal para sancionar con penas de 3 a 6 años de prisión a quienes presenten “denuncias falsas” en casos de violencia familiar. Esta propuesta, impulsada por un congresista, se basa en una estadística alarmante pero engañosa: de más de 800,000 casos de violencia familiar evaluados por el Poder Judicial entre 2018 y 2023, solo el 0.044% terminó en una sentencia.

El proponente interpreta que la falta de condenas demuestra la falsedad de las denuncias, un argumento que esconde una profunda y peligrosa confusión.

La ausencia de condena no es sinónimo de denuncia falsa

Como exdocente de Derecho Procesal Familiar, he estudiado de cerca esta problemática y puedo afirmar que la interpretación del congresista es equivocada y peligrosa. La falta de una sentencia condenatoria no significa que una denuncia sea falsa. En el derecho penal, se exige un estándar probatorio alto. Si el sistema no logra reunir las pruebas suficientes, el caso se archiva. Y los estudios demuestran que nuestro sistema judicial está plagado de deficiencias:

Falta de recursos y peritos: El Instituto de Medicina Legal demora meses en entregar resultados de pericias psicológicas y médicas, debilitando la investigación.

Archivamiento masivo: En algunos distritos fiscales, más del 90% de las denuncias son archivadas en la etapa preliminar. En Huancayo, por ejemplo, el 44% de las denuncias de 2019 fueron archivadas.

Presión y desistimiento de la víctima: Muchas mujeres se retractan de su denuncia por miedo, dependencia económica o la presión de su entorno. Esto es parte del ciclo de violencia, no una prueba de falsedad.

Un camino que lleva a la impunidad y la revictimización

Penalizar a las víctimas por las fallas del sistema judicial es un grave error que tendrá consecuencias devastadoras. Más del 79% de las denuncias por violencia familiar son presentadas por mujeres, y solo 3 de cada 10 víctimas se atreven a denunciar. Esta propuesta no hará más que consolidar el silencio y la impunidad, violando tratados internacionales que protegen a las mujeres de la violencia, como la Convención de Belém do Pará.

Además, la ley ya contempla el delito de denuncia calumniosa. Esta nueva propuesta es innecesaria y su único fin aparente es criminalizar a las víctimas en lugar de castigar a los agresores.

La verdadera solución: Fortalecer el sistema, no castigar a las víctimas

En lugar de crear leyes que desincentivan la denuncia, se requiere:

• Mayor inversión en fiscalías y peritos especializados.
• Capacitación con perspectiva de género para todos los operadores de justicia.
• Soporte integral para las víctimas, que incluya apoyo psicológico y económico.

La solución a la violencia familiar no está en las cárceles para quienes denuncian, sino en un sistema de justicia que funcione de manera eficaz para proteger a quienes lo necesitan. No podemos castigar a las víctimas por las fallas de un sistema que no está a la altura de su deber.

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