La extinción de dominio se define como una consecuencia jurídico-patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de bienes que constituyen objeto, instrumento, efectos o ganancias de actividades ilícitas. Se trata de un proceso judicial especial, de naturaleza real y patrimonial, que se emite sin indemnización ni contraprestación alguna para el requerido, fundamentándose en que el patrimonio obtenido de forma ilícita no goza de protección constitucional.

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