Archivo por meses: Marzo 2014

Jurisprudencia constitucional 1: STC N° 00005-2010-PA/TC

El Tribunal Constitucional ha establecido una doctrina jurisprudencial vinculante mediante STC N° 00005-2010-PA/TC del 29 de enero de 2014 respecto a los procedimientos de cobranza coactiva.

En lo fundamental señala lo siguiente:

“35. Por último, es importante recalcar que es la Administración Tributaria la encargada de desactivar o levantar las medidas cautelares cuando, de acuerdo con lo señalado en los fundamentos precedentes, la deuda ya estuviese asegurada con una de las medidas impuestas al contribuyente.”

En realidad se trata de una sentencia insulsa y plagada de lugares comunes. Lo rescatable es el voto singular del magistrado Vergara Gotelli que, precisamente, señala que la flamante doctrina jurisprudencial vinculante no es nueva y ya ha sido expresada en anteriores sentencias, tal como la STC N° 02044-2009-PA/TC. También indica, y con razón, que la sentencia se pronuncia  sobre cuestiones que “normativamente son claras”. Es decir, versa sobre asuntos no solo ya sabidos sino ya previstos por la legislación.

Eso no es todo. La STC repite viejos errores del TC (hasta ahora equipara una medida cautelar con un embargo), pero, además, crea otros nuevos (¿es correcto utilizar la palabra “desactivar” para referirnos al levantamiento de una medida cautelar?).

Bueno, la sentencia se puede leer aquí.

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Régimen laboral del ejecutor coactivo 6: pronunciamiento del Tribunal del Servicio Civil

El Tribunal del Servicio Civil ha emitido pronunciamiento respecto al despido de un ejecutor coactivo por haber concluido el plazo de su contrato de trabajo (Resolución N° 1366-2013-SERVIR/TSC-Segunda Sala del 20 de noviembre de 2013). Se trata de una entidad sujeta al régimen laboral privado que, luego del respectivo concurso público de meritos, contrata a plazo determinado a un ejecutor coactivo. Ya se imaginaran que, vencido el plazo, le comunicaron al ejecutor coactivo el vencimiento del contrato y la consecuente extinción de la relacion laboral.

El TSC ha señalado que la labor del ejecutor coactivo es de naturaleza permanente, por lo que corresponde celebrar un contrato laboral de plazo indeterminado bajo los alcances del TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Es decir, la contratacion de un ejecutor coactivo determina la existencia de una relación laboral de naturaleza indeterminada.

Aunque se trata de un tema respecto del cual ya hemos tenido ocasión de opinar en el mismo sentido, el pronunciamiento sirve para reafirmar posiciones y alegar precedentes. Sin embargo, al Tribunal le faltó mencionar que corresponde celebrar un contrato laboral de plazo indeterminado no solo porque la labor del ejecutor coactivo es de naturaleza permanente, sino porque además —y por si alguna duda cabe— la LPEC y su norma interpretativa, Ley N° 27204,  establecen que el ejecutor y el auxiliar gozan de establidad laboral en el cargo (bajo la modalidad de nombramiento o contrato indeterminado, según el regimen laboral de la entidad).

El pronunciamiento lo pueden leer aquí.

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Modelos de administración tributaria

Una ventaja pocas veces aprovechada por los gobiernos locales es la posibilidad de modificar la estructura de su administración tributaria en forma rápida y eficiente. Muchas veces se aferran a una estructura copiada de otras instituciones y la repiten como un mantra. Como aquella municipalidad del norte del país que alguna vez visité y que —como señal de modernidad— contaba con una muy importante y muy bien equipada subgerencia de principales contribuyentes (al lado de ella las otras subgerencias palidecían). Sin embargo, preguntando por la cantidad de principales contribuyentes me respondieron que era… uno solo. Otras veces heredan una estructura que no quieren o no pueden cambiar, como aquella otra municipalidad provincial que contaba con una gran Gerencia de Administración Tributaria y no contaba con otros órganos, pese a que su base tributaria era numerosa.

Pero todo cambio es complejo y exige analizar diversas variables. Una de ellas es el modelo de organización que se pretende crear. Y bueno, como una lectura que ayude como documento de trabajo de las municipalidades transcribo solo una pequeña parte de un material de estudio que me proporcionaron en un curso muy interesante dictado por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda de España en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Ceddet. Si les gusta me indican para subir material del mismo curso, aunque solo retazos, para no vulnerar los derechos de autor.

El texto que se transcribe es el siguiente:

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¿Convenio o beneficio de fraccionamiento?

Leo en El Peruano una ordenanza: “Aprueban reglamento de convenios de fraccionamiento tributario”. Entonces reparo en la fuerza de la costumbre; en las innumerables ordenanzas, reglamentos, directivas, manuales y demás productos de la burocracia que, con gran solemnidad, hacen referencia a los convenios o contratos de fraccionamiento.

Convenio es, conforme al DRAE, convención o contrato; es decir, acuerdo entre partes que se obligan sobre una materia determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Pero el fraccionamiento no es un convenio. Es un beneficio. Ante la existencia de una deuda exigible la administración se encuentra facultada a exigir su pago inclusive en forma coactiva, y esta facultad comprende la posibilidad de exigir el pago total e inmediato de la deuda. Y esto es así —entre otras cosas— porque nos encontramos frente a una obligación de Derecho público, la misma que se diferencia de una obligación de Derecho común en que tiene como sustento el ius imperium del Estado. Por lo mismo, la obligación de Derecho público no surge por voluntad del particular o por la existencia de un contrato; surge por mandato de la ley y por eso se dice que es una obligación ex lege.

Ahora bien, la propia ley puede moldear esta obligación y establecer formas de cumplimiento. Una de ellas es el beneficio de fraccionamiento, que no es otra cosa que permitir al deudor efectuar pagos parciales previamente determinados en su oportunidad y monto. La ley permite al deudor solicitar este beneficio y, si cumple con los requisitos legales previstos, la administración se encuentra obligada —cuidado: no facultada— a otorgarlo. Pero el contenido del beneficio, sus alcances y efectos, se encuentran predeterminados por la ley, no por la administración y mucho menos por el administrado. Por lo tanto, mal se puede hablar de convenios o contratos de fraccionamiento ya que no existe nada que negociar y nada que pactar. Pretender que la administración se obligue mediante un convenio de fraccionamiento es un despropósito que socava los propios fundamentos del Derecho administrativo moderno.

Lo dicho no es nada nuevo.  Ha sido expuesto y explicado desde hace mucho y en todo lugar. ¿Por qué, entonces, seguimos hablando sin titubeos de convenios o contratos de fraccionamiento? Quizás por la misma razón por la que los mayores disfrutamos una y otra vez de las canciones viejas: porque fue lo primero que escuchamos.

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