Procedimiento para Solicitar la Suspensión del Pago a Cuenta de Tercera Categoría. Ley N° 29999 que modifica el artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta.

Con fecha 13 de marzo de 2013, se ha publicado  en el Diario Oficial EL Peruano, la Ley N° 29999, que modifica el artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta,  efectuando cambios respecto del procedimiento de suspensión y modificación del pago a cuenta del Impuesto a la Renta.

Entre los cambios efectuados detallamos los siguientes:

1.- Los contribuyentes que utilicen el sistema de pago a cuenta b), esto es la cuota que resulte de aplicar el 1.5% a  los ingresos netos obtenidos en el mes, podrán solicitar la suspensión a partir del pago a cuenta del mes de febrero, marzo, abril o mayo según corresponda. Antes de la modificación de la norma, el pago a cuenta del sistema b) únicamente se podía suspender a partir del pago a cuenta del mes de mayo, con lo cual la norma resulta más ventajosa al permitir la suspensión desde el pago a cuenta correspondiente al mes de febrero, que justamente se declara y paga en el mes de marzo.

2.- Se establecen los siguientes requisitos para solicitar la suspensión del pago a cuenta del sistema b) (1.5% de los ingresos netos obtenidos en el mes):

Presentar a SUNAT una solicitud, adjuntando los registros de los últimos 4 ejercicios vencidos,  a que se hace referencia el artículo 35° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (registros contables dependiendo de si los ingresos netos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido mayores a 1500 UITs, 500 UITs o menores a 500 UITs)

El promedio de  los ratios de los últimos 4 ejercicios vencidos, de corresponder, obtenidos de dividir el costo de ventas entre las ventas netas del ejercicio debe ser mayor o igual al 95% ( no aplica para sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas constituidas en el exterior)

Presentar el estado de ganancias y pérdidas de los periodos a partir de los cuales se solicita la suspensión temporal y que el coeficiente que se obtenga de dividir el impuesto calculado entre los ingresos netos que resulten del estado financiero correspondiente, no exceda el límite detallado a continuación:

 

Suspensión a partir de

Estado de ganancias y pérdidas TABLA 1

Suspensión a partir de:

Coeficiente TABLA 2

Febrero

Al 31 de enero

Febrero

Hasta 0,0013

Marzo

Al 28 o 29 de febrero

Marzo

Hasta 0,0025

Abril

Al 31 de marzo

Abril

Hasta 0,0038

Mayo

Al 30 de abril

Mayo

Hasta 0,0050

 

Los coeficientes que se obtengan de dividir el impuesto calculado entre los ingresos netos correspondientes a cada uno de los 2 últimos ejercicios vencidos no deberán exceder el límite señalado en la TABLA 2. Si no se hubiera obtenido impuesto calculado en alguno o ambos de los 2 últimos ejercicios vencidos, se entenderá cumplido el requisito si se presentó la declaración jurada anual correspondiente.

– El total de los pagos a cuenta de los periodos anteriores al pago a cuenta a partir del cual se solicita la suspensión deberá ser mayor o igual al IR anual determinado en los 2 últimos ejercicios vencidos de corresponder.

3.- La suspensión será aplicable respecto de los pagos a cuenta de los meses de febrero a julio que no hubieran vencido a la fecha de notificación del documento mediante el cual se autoriza la suspensión del pago a cuenta.

4.- Los pagos a cuenta de los meses de agosto a diciembre podrán suspenderse o modificarse sobre la base del estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, de acuerdo a lo siguiente:

Suspenderse: a) Cuando no exista impuesto calculado en el estado financiero o, b) De existir impuesto calculado, el coeficiente que se obtenga de dividir dicho impuesto entre los ingresos netos que resulten del estado financiero no deben exceder del límite señalado en la TABLA 2, correspondiente al mes en que se efectuó la suspensión.

Modificarse: Cuando el coeficiente que resulte del estado financiero exceda el límite previsto en la TABLA 2, correspondiente al mes en que se efectuó la suspensión. En caso, no se cumpla con presentar el estado financiero al 31 de julio, los contribuyentes efectuarán sus pagos a cuenta, abonando el monto que resulte mayor, entre el coeficiente o el 1.5% de los ingresos netos, hasta que se cumpla con presentar el referido estado financiero.

 

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En qué momento se entiende concluido el Procedimiento de Cobranza Coactiva? Análisis de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 20904-1-2012 del 12/12/2012

En qué momento se entiende concluido el Procedimiento de Cobranza Coactiva? Análisis de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 20904-1-2012 del 12/12/2012 Jurisprudencia de Observancia Obligatoria.

Dentro de los procedimientos tributarios, regulados en el  Código Tributario, encontramos el procedimiento de cobranza coactiva, el cual se inicia con la notificación de la Resolución Coactiva, que contiene deuda exigible previamente notificada, en la cual se le otorga al contribuyente el plazo de 7 días hábiles a efectos de cancelar la deuda tributaria, y en caso no cumplir con el pago de la misma, se darán inicio a las medidas de embargo reguladas en el Código Tributario, teniendo entre ellas, embargo en forma de retención bancaria, embargo en forma de inscripción, embargo en la intervención en las información, entre otras..

El Tribunal Fiscal, mediante Acuerdo de Sala Plena N° 2012-20 del 6 de diciembre de 2012,  ha emitido la  Resolución N° 20904-1-2012  del 12 de diciembre de 2012,  la cual constituye Jurisprudencia de Observancia Obligatoria, el siguiente criterio:

“Se entiende que el procedimiento coactivo concluye mediante la notificación debidamente efectuada de la resolución que le pone fin. En tal sentido, procede que el Tribunal Fiscal emita pronunciamiento en la vía de la queja sobre la legalidad del procedimiento de cobranza coactiva en el que se ha producido la ejecución de medidas cautelares o cuando se produzca la extinción de la deuda por pago efectuado en el marco de dicho procedimiento, siempre que la queja se presente antes de la mencionada notificación

Resulta importante el criterio establecido por el Tribunal Fiscal en tanto, en muchos casos los contribuyentes toman conocimiento del procedimiento de cobranza coactiva, cuando van a efectuar algún retiro  o depósito en las entidades bancarias, o simplemente cuando reciben en su domicilio fiscal una Carta de las Entidades Bancarias, en las cuales se les indica que por mandato de la Administración Tributaria, se ha procedido a embargar su cuenta bancaria, indicándoles las N° de Expediente Coactivo, el monto retenido y el N° de Resolución Coactiva que contiene la orden de retención bancaria. Estas circunstancia se presentan cuando el contribuyente no ha tomado conocimiento del procedimiento de cobranza coactiva, en tanto no se le notificó en su domicilio fiscal los valores que contienen la deuda tributaria, ya sea una Resolución de Determinación, Resolución de Multa u Orden de Pago, o incluso la Resolución de Ejecución Coactiva que da inicio al procedimiento coactivo, no ha sido debidamente notificada en su domicilio fiscal, tratándose en muchos casos incluso de deudas tributarias que por el transcurso del tiempo ya se encuentran prescritas.

En otros casos, ocurre, que la Administración Tributaria dentro del procedimiento de cobranza coactiva que le sigue al contribuyente,  le ha trabado medidas de embargo en sus  cuentas bancarias en diversos Bancos, respecto de deudas tributarias que por los intereses generados por el transcurso del tiempo, se vuelven impagables, y si bien la Administración Tributaria ya se cobró un importe de la deuda, al haberse ejecutado las medidas cautelares trabadas, el contribuyente que no tiene certeza si la deuda tributaria le fue debidamente notificada en su domicilio fiscal, al verificar que la deuda resulta impagable y tener afectadas sus cuentas bancarias, con diversos embargos, prefiere no realizar ninguna acción, al respecto, en tanto seguramente los  plazos para interponer los recursos impugnativos, ya están fuera de plazo..

Estando a lo indicado por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 20904-1-2012 del 12/12/2012, emitida como Jurisprudencia de Observancia Obligatoria, en aquellos casos en los cuales, al contribuyente no se le haya notificado aún la Resolución Coactiva, mediante la cual se pone fin al procedimiento de cobranza coactiva, a pesar de haberse ejecutado las medidas cautelares por la deuda tributaria objeto de cobranza coactiva, el contribuyente que se ha visto afectado por las medidas cautelares que se le pueden haber trabado, o incluso otras medidas cautelares ya ejecutadas o por ejecutarse, puede realizar las siguientes acciones:

1.- Cuestionar el inicio del procedimiento de cobranza coactiva interponiendo queja ante el Tribunal Fiscal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155° del Código Tributario, el cual señala que la queja cabe contra actuaciones o procedimientos que infrinjan lo dispuesto en el aludido Código. El escrito de queja debe señalar expresamente que va dirigido contra la Administración Tributaria por haber iniciado procedimiento de cobranza coactiva en tanto la deuda objeto de cobranza coactiva no ha sido válidamente notificada, y por tanto la deuda no resulta exigible coactivamente, solicitando se deje sin efecto el procedimiento de cobranza coactiva, y se levanten las medidas cautelares que indebidamente se hubieran trabado.

2.- Solicitar la suspensión o conclusión  del procedimiento de cobranza coactiva ante el ejecutor coactivo de la Administración Tributaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 119° del Código Tributario, a efectos que se analice si el procedimiento de cobranza coactiva se ha iniciado válidamente, y en caso, no ser así, se suspenda o concluya dicho procedimiento..

Ambas opciones son alternativas, es decir,  ninguna es excluyente de la otra, la presentación del escrito de queja no impide la presentación del escrito de suspensión de cobranza coactiva,  siendo la recomendación  presentar los dos escritos simultáneamente,  en tanto en ambos se busca que se disponga la suspensión o conclusión del procedimiento de cobranza coactiva, el cual probablemente se haya iniciado en forma irregular, sea que se trate de una deuda tributaria que no ha sido debidamente notificada, o incluso si ya se extinguió la misma mediante su pago, compensación, o se presenten causales que hagan improcedente la cobranza, por ejemplo.

 Tal vez, la desventaja de interponer  únicamente el escrito de suspensión de cobranza coactiva al ejecutor coactivo, es que el Código Tributario no ha previsto un plazo para que el ejecutor coactivo dé respuesta al escrito de suspensión o conclusión, lo cual genera indefensión de los contribuyentes ante un pronunciamiento que no se sabe cuándo se va a emitir.. Sin embargo, la queja, como remedio procesal regulados en el artículo 155° del Código Tributario, debe ser resuelta por el Tribunal Fiscal dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde su presentación, , es decir, en este caso hay la certeza que el Tribunal Fiscal emitirá dentro del plazo establecido el pronunciamiento en el cual se analice si efectivamente la cobranza coactiva se emitió en forma irregular o no.

En caso la queja resulte fundada, el Tribunal Fiscal ordenará al ejecutor coactivo disponga la conclusión o suspensión del procedimiento de cobranza coactiva si se acredita que dicho procedimiento fue iniciado en forma irregular y ordenará se levanten las medidas cautelares que hubieran sido indebidamente trabadas, pudiendo incluso el contribuyente solicitar a la Administración Tributaria, la devolución de la comisión bancaria que el Banco le descontó por el embargo en sus cuentas bancarias..

De otro lado, según lo dispuesto por el Tribunal Fiscal en el Acuerdo de Sala Plena N° 2009-12, Resolución del Tribunal Fiscal N° 08879-4-2009, publicada en el Diario Oficial El Peruano  del 23 de setiembre de 2009, emitida como Jurisprudencia de Observancia Obligatoria, se estableció el siguiente criterio:

“Cuando el Tribunal Fiscal ordene la devolución del dinero embargado en forma de retención e imputado a las cuentas deudoras del contribuyente en los casos en que declare fundada la queja al haberse determinado que el procedimiento de cobranza coactiva es indebido, la Administración debe expedir la resolución correspondiente en el procedimiento de cobranza coactiva y poner a disposición del quejoso el monto indebidamente embargado así como los intereses aplicables, en un plazo de diez (10) días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 156° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, modificado por Decreto Legislativo Nº 953”

De manera que, una vez notificada a la Administración Tributaria la Resolución del Tribunal Fiscal que ordena la devolución del importe indebidamente embargado al contribuyente, ésta deberá observar el plazo de 10 días hábiles para efectuar la devolución del importe indebidamente embargado, ya que en caso la devolución no se materialice en dicho plazo, el contribuyente válidamente podrá interponer nueva queja contra la Administración Tributaria por no haber cumplido con los alcances de la Resolución del Tribunal Fiscal previamente emitida.

Asimismo, la Administración Tributaria no sólo deberá dar por concluido el procedimiento de cobranza coactiva, sino, además, deberá comunicar a las Centrales de Riesgo, se excluya la deuda tributaria de dicho Portal, a efectos de que el contribuyente no se vea perjudicado por dicha información.

Finalmente, podemos indicar que de la revisión del contenido de la Resolución N° 20904-1-2012 del 12 de diciembre de 2012, se puede concluir que en tanto la Administración Tributaria no haya notificado aún en el domicilio fiscal al contribuyente la Resolución Coactiva que pone fin al procedimiento de cobranza coactiva, si el contribuyente considera que dicho procedimiento tiene irregularidades o no está de acuerdo con las actuaciones efectuadas por la Administración Tributaria desde su inicio, en tanto probablemente no se le notificaron los valores que dieron inicio a la misma, o si la deuda incluso ya ha sido declarada prescrita por la Administración Tributaria,  o si se han trabados embargos en exceso, puede interponer queja ante el Tribunal Fiscal cuestionando el aludido procedimiento al amparo de lo dispuesto en el artículo 155° del Código Tributario, antes de la notificación de la Resolución Coactiva que concluye el procedimiento de cobranza coactiva,  aún cuando ya se le hayan trabado medidas de embargo que ya hubieran sido ejecutadas, siendo el Tribunal Fiscal competente para analizar la legalidad del procedimiento de cobranza coactiva en la vía de la queja, estando a lo dispuesto en el precedente señalado en el Acuerdo de Sala Plena N° 2012-20.

 

 

 

 

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Aspectos a considerar en la Primera Venta de Inmuebles como operación sujeta al Régimen de Detracciones

La Administración Tributaria mediante la publicación de la Resolución de Superintendencia N°  022-2013/SUNAT  ha modificado la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, a efectos de incluir y reglamentar dentro del régimen de detracciones,  a la venta de inmuebles efectuada por el constructor gravada con el IGV.

Esta incorporación, reviste especial interés considerando que a partir de abril del año pasado se incorporaron dentro del ámbito del SPOT a todos los servicios gravados con el IGV, excluyéndose algunos, tal y como fue regulado en las Resoluciones de Superintendencia N°s 063-2012/SUNAT y 150-2012/SUNAT, que tal como hemos comentado en artículos vinculados con el tema, han generado que en casi todos los sectores se deban observar las obligaciones que devienen de este régimen, a pesar que en muchos de ellos, no se evidencien altos niveles de incumplimientos tributarios.

De la revisión de los considerandos de la Resolución de Superintendencia N° 022-2013/SUNAT de fecha 23 de enero de 2013, se desprende que la justificación de la Administración Tributaria para incorporar dentro del régimen de detracciones a la primera venta de inmuebles ha sido la siguiente: “Que se ha evaluado el comportamiento tributario vinculado con el IGV en la primera venta de inmuebles que realizan los constructores de los mismos, habiéndose determinado indicadores de incumplimiento tributario en los contribuyentes que desarrollan la actividad en mención, por lo que resulta conveniente regular la aplicación del SPOT a dicha actividad”, es decir una justificación general  y que es la misma que sustentó la Administración tributaria para incorporar a todos los servicios gravados con el IGV al régimen de detracciones, el supuesto incumplimiento de todos los sectores económicos.

Tal como se señala en el artículo 1° de la Ley del Impuesto General a las Ventas, constituye operación gravada con el impuesto, la primera venta de inmuebles efectuada por el constructor. Asimismo,  en el artículo 3° de la Ley del IGV, se define como constructor  a: “cualquier persona que se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles construidos total o parcialmente por un tercero para ella. Para este efecto se entenderá que el inmueble ha sido construido parcialmente por un tercero cuando éste último construya alguna parte del inmueble y/o asuma cualquiera de los componentes del valor agregado de la construcción”.

De manera que, la primera venta de inmuebles que realice el constructor constituye una operación gravada con el IGV, y a su vez una operación comprendida dentro del régimen de detracciones, con lo cual los contribuyentes deben cumplir con las obligaciones que este régimen impone en la Resolución de Superintendencia N° 022-2013/SUNAT.

Dentro de las características más importantes que se desprenden del aludido régimen, establecidas en la Resolución de Superintendencia N°  022-2013/SUNAT,  y los aspectos que se deben observar considerando las modificaciones  recientes efectuadas al reglamento y Ley del IGV tenemos las siguientes:

1.- Se establece que en la primera venta de inmuebles gravada con el IGV, se aplicará el régimen de detracciones con el porcentaje del 4% sobre el importe de la operación. No hay monto mínimo para efectuar la detracción, lo cual lo diferencia de las operaciones de los Anexos 2 y 3 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT (en el cual se establece que solo se efectuará la detracción respecto de operaciones que superen el importe de S/. 700.00 Nuevos Soles) siendo que la detracción del 4% deberá efectuarse por lo que se pague o se señale expresamente en la boleta de venta o factura.

2.- El importe de la operación para efectos del régimen de detracciones, es aquél señalado en el artículo 14° de la Ley del IGV, es decir la suma total  que queda obligado a pagar el adquirente del bien inmueble, la cual está integrada por el valor total consignado en el comprobante de pago, incluyendo los cargos que se efectúen por separado de aquél aún cuando se trate de servicios complementarios, intereses devengados por el precio no pagado o gastos de financiación de la operación, se incluye también el reembolso de gastos incurridos por el adquirente a nombre del vendedor.

3.- Si bien para efectos de la primera venta de inmuebles, no se considera gravado con el IGV, el  valor del terreno de la construcción, toda vez que el IGV no grava la venta de terrenos, habiéndose establecido la ficción que dicho valor  representa el 50% de la base imponible, dicho tratamiento únicamente resulta relevante para establecer la base sobre la cual el vendedor  aplicará el IGV, sin embargo, la de tracción deberá efectuarse por el el importe total de la operación, es decir sobre el 100% del valor de la venta, dado que la Resolución de Superintendencia N° 022-2013/SUNAT refiere que la detracción se deberá efectuar por el importe que el adquirente se encuentra  obligado a  abonar al vendedor, independientemente que no se considere dentro de la base imponible el valor del terreno; por lo tanto, se deberá detraer sobre el importe total.

4.- En tanto, se encuentra exonerada del IGV, la primera venta de aquellos inmuebles efectuada por el constructor de los mismos, cuyo valor no supere las 35 UITs (S/. 129.500.00 Nuevos Soles), siempre y cuando sea destinado exclusivamente a vivienda y que cuente con la presentación de la solicitud de Licencia de Construcción admitida por la Municipalidad correspondiente, a dicha operación no se le aplicará la detracción del 4%, dado que dentro de dicho régimen únicamente se encuentra comprendida la PRIMERA VENTA DE INMUEBLES GRAVADA CON EL IGV. Sin embargo,  si la primera venta de inmueble efectuada por el constructor supera las 35 UIT, la operación se encuentra gravada con el IGV, y por tanto se deberá efectuar la detracción por el importe total de la operación, no por el exceso de las 35 UITs.

5.- La primera venta de inmuebles efectuada por el constructor, se encuentra sujeta al régimen de detracciones desde el 1 de febrero de 2013. La Ley del IGV en su artículo 4to dispone que la obligación tributaria en la primera venta de inmuebles nace en la fecha de percepción del ingreso, por el importe que se perciba, sea total o parcial. Si se hubiera celebrado un contrato de compraventa de bien inmueble con fecha 15 de enero de 2013, y  se han efectuado  pagos parciales  el 5  y 9  de febrero de 2012, en estas fechas ha nacido la obligación tributaria por el importe percibido para efectos del IGV, debiéndose efectuar la detracción por el importe percibido en cada oportunidad.

6.- Los Notarios informarán a SUNAT, dentro de los 5 días hábiles de cada mes,  aquéllas  operaciones en las cuales no se ha acreditado el pago del íntegro de la detracción,  cuya escritura pública se hubiera extendido en el mes inmediato anterior; sin embargo, el Notario por dicha comunicación no se convierte en responsable solidario en caso no se haya acreditado la detracción, sino que la comunicación que efectúa es meramente informativa., ni mucho menos se generará alguna contingencia tributaria si el Notario comunica a SUNAT que no se ha acreditado la detracción de una venta de inmueble cuya escritura pública se elevó en el mes previo a la comunicación, si hasta dicha fecha, no se había efectuado algún pago parcial o total del adquirente a favor del vendedor, es decir, podría haberse elevado la operación a escritura pública, pero no necesariamente ha nacido la obligación tributaria de venta de inmueble para efectos del IGV.

7.- En el caso de las arras, depósitos y garantías,  con los cambios normativos efectuados en julio del 2012, tanto a la Ley y Reglamento del IGV,  y vigentes desde el 1 de agosto de 2012, se  considera venta, la entrega de  las arras, depósitos o garantía que superen el 3%   del valor de venta. Sin embargo, si bien para efectos de la detracción se debe considerar el importe total de la operación, debemos recordar que las arras, depósitos o garantía, no constituye de por sí un pago parcial o total para efectos del IGV,  únicamente en la medida que excedan el porcentaje del 3% del valor del bien, dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria, lo cual permitiría concluir que la detracción deberá efectuarse únicamente por el importe otorgado en arras, depósito o garantía, y no por el total de la operación, dado que ésta no necesariamente se puede producir.

8.- A partir de de agosto de 2012, se ha incluido dentro del concepto venta para efectos del IGV, aquellas operaciones sujetas a condición suspensiva, es decir, se comprenden dentro de las operaciones gravadas con el IGV a la venta de bienes futuros (ejemplo: departamento en planos), dejándose de lado el criterio reiterado del Tribunal Fiscal referido a que la venta del bien futuro únicamente se afectaba con el IGV, en tanto se cumpla la condición suspensiva, es decir, en tanto el bien exista. Para efectos de la detracción a la primera venta de bien inmueble, si se realiza la venta de un bien futuro y se percibe un importe parcial o total por la misma, se tendrá que efectuar la detracción por el importe percibido, mas no por el importe total de la venta, dado que la percepción del ingreso se viene generando en tanto se va cumpliendo la condición de que el bien futuro exista.

9.- Para efectos del régimen de detracciones a la primera venta de inmuebles resulta importante el comprobante de pago emitido para identificar quien se encuentra obligado a efectuar la detracción. Si el comprobante de pago  emitido por el vendedor permite sustentar crédito fiscal o gasto o costo para efectos del Impuesto a la Renta (factura), se encontrará obligado a efectuar la detracción el adquirente, y únicamente si éste entrega todo el precio al vendedor, y no se acredita la detracción corresponderá al vendedor autodetraerse De otro lado, si el comprobante de pago emitido por el proveedor no permite deducir crédito fiscal, ni gasto o costo para efectos del Impuesto a la Renta (por ejemplo: boleta de venta), el sujeto obligado a efectuar la detracción es el vendedor, sea que se haya realizado el pago parcial o total por el bien inmueble, siempre se encontrará obligado a autodetraerse.

10.- Si bien podrían darse situaciones en las cuales el comprador realice pagos adelantados al vendedor por la primera venta de bien inmueble, como podría ser en el caso de la venta de un bien futuro, o la compraventa a plazos, y la construcción aún no se culmina, y se viene realizando en forma continuada, consideramos que la detracción del 4% se deberá efectuar por el importe que vaya  percibiendo el vendedor,  lo cual no se contradice con la definición de importe de la operación para el régimen de detracciones y el momento en el cual nace la obligación tributaria para efectos del IGV, dado que se la facturación se está realizando en forma periódica, lo cual implica que se vaya desembolsando el importe en tanto el servicio final se viene prestando.

 11.- Para efectos de la detracción en la primera venta de inmueble, sujeta al 4% del importe de la operación, consideramos que se podrían generar contingencias cuando se efectúen pagos adelantados o con motivo de entrega de arras, depósitos o garantías a favor del vendedor, dado que si bien la obligación tributaria en el caso de la primera venta de inmuebles por el constructor nace cuando se perciba el pago, lo cual implicará que éste emita el comprobante de pago por cada pago adelantado, parcial o como garantía, en aquellos casos de bien inmueble que aún no se encuentran terminados, si se efectúa la detracción por el importe total de la operación, distinto al importe percibido por el vendedor,  detallado en el comprobante de pago, la Administración Tributaria podría detectar una inconsistencia entre lo facturado y lo detraído, de manera que podría emitir una Comunicación de Intendencia, habiendo referencia al numeral 9.3 del artículo 9° del Decreto Legislativo N° 940,  para señalar que se ha incurrido en la causal de ingreso como recaudación. En estos casos se recomienda que si se va a efectuar la detracción por el importe total de la operación, incluso en caso de bienes inmuebles aún no terminados, se cuente con la documentación que respalde dicha situación.

 

 

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