EMPRESARIOS Y POLÍTICA: La novedad norteamericana

Estimados amigos:

Muy interesante el dato que plantea Oswaldo de Rivero en su artículo “Se legaliza la plutocracia”, publicado el día de ayer 02.03.2010. Señala que la Corte Suprema Norteamericana ha legalizado que las grandes compañías y corporaciones donen fondos sin límite a candidatos para publicidad política durante los procesos electorales. Eso, desde su particular punto de vista, es un gran daño a la democracia norteamericana y puede tener importantes consecuencias en las políticas de cabildeo en esa nación.

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Por: Oswaldo de Rivero Embajador

Aunque es una decisión que afecta profundamente la democracia estadounidense, es una noticia que ha pasado casi desapercibida en la prensa internacional. Se trata nada menos de que la Corte Suprema de Estados Unidos, como resultado del voto de cinco jueces conservadores contra cuatro moderados, ha declarado inconstitucional la McCain-Feingold Act y docenas de disposiciones legales que prohibían que las grandes compañías y corporaciones, incluidas las extranjeras, donen fondos sin ningún límite a candidatos para publicidad política televisada durante los procesos electorales.

Con esta nueva legalidad, si un candidato plantea una iniciativa contra las emisiones de CO2, que afecta a las grandes corporaciones del carbón o del petróleo, se verá confrontado con un tsunami de “advertising” de sus rivales. Lo mismo harán los poderosos bancos si se intenta regular el casino de Wall Street. Y también, las ricas compañías de seguros contra cualquier programa de salud que afecte sus beneficios.

Los demócratas con Obama a la cabeza y la gran mayoría de los republicanos, incluido el autor de la legislación derogada, el ex candidato republicano, senador McCain, apoyados por juristas prestigiosos han calificado de deplorable esta actitud de la Corte Suprema y expresado su preocupación por el funcionamiento de la democracia en Estados Unidos.

Las corporaciones siempre han tenido influencia en las decisiones políticas, a través de discretos lobbies, pero ahora con este fallo se han convertido en actores políticos legales que pueden usar sin límite sus grandes recursos para influir en las elecciones. Las grandes corporaciones transnacionales han secuestrado así el espacio político que tenían los ciudadanos. Ahora pueden legalmente combatir toda propuesta política que afecte sus intereses. El lobby se ha constitucionalizado y el sistema electoral estadounidense está, ahora más que nunca, influido por la plutocracia corporativa.

Los cinco jueces conservadores que votaron a favor se defienden diciendo que su decisión es conforme al First Amendment, que protege la libertad de opinión. Este razonamiento ha sido rechazado por profesores de derecho de las mejores universidades estadounidenses. Según ellos, las corporaciones no pueden ser tratadas como si fueran ciudadanos y tener opinión política propia para votar con sus dólares en las elecciones a favor de candidatos que favorecen sus intereses. Inclusive, pueden darse casos en que sus propios accionistas, que sí son ciudadanos, no estén de acuerdo con el apoyo financiero que los ejecutivos de la corporación dan a ciertos candidatos.

Muchos juristas consideran que la decisión de la Corte Suprema no impide que el Congreso apruebe una ley requiriendo a los candidatos que revelen qué apoyo corporativo están recibiendo, y luego de saberlo, declare públicamente que este apoyo representa tan solo la opinión de los ejecutivos de la corporación y no la de los accionistas y de otros ciudadanos.

Recién comienza la batalla contra esta legalidad plutocrática. En todo caso, una reciente encuesta de “The Washington Post” encontró que el 80% de los estadounidenses se opone totalmente a esta decisión de la Corte Suprema.