TALANTE CHILENO SOBRE EL DIFERENDO MARITIMO CON PERÚ

Prontamente el Gobierno Peruano formalizará la demanda de definición de límites maritimos con Chile en base a una posición jurídica y política adecuada, de lo que informamos anteriormente. A continuación reproducimos primero una opinión del Diario Financiero de Chile y luego tres editoriales del Diaro El Mercurio de Santiago en la que se puede leer el talante de lo que sería la posición de la opinión pública chilena al respecto. He ubicado los textos desde los más recientes hacia atrás para que puedan ver los detalles de variación de conceptos.

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Perú demanda a Chile en La Haya (Diario Financiero – 18.01.2008)

Hay que destacar la correcta actuación que ha tenido el canciller Alejandro Foxley en este episodio, quien de paso ha insistido en estos días en la necesidad de mantener las buenas relaciones que existen con Perú

Finalmente esta semana se concretó lo que se había anunciado: Perú oficializó su demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo que por cierto causó revuelo en la opinión pública de los dos países involucrados. Se inicia así, un pleito que seguramente será largo antes de poder confirmar los derechos establecidos de Chile.

Un vez presentado el documento, el presidente peruano, Alan García, señaló que ello no debe ser considerado un acto “inamistoso” entre los dos Estados. No obstante las palabras del mandatario, en la práctica sí complica el panorama diplomático y las relaciones a todo nivel que existen con Perú. Esa mayor complicación se da principalmente porque la demanda que está haciendo el país vecino desconoce absolutamente todos los tratados que han sido firmados al respecto por los dos países y que, por lo demás, siguen vigentes.

De acuerdo a estos últimos y tal cual lo ha señalado el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, no existe un tema limítrofe pendiente con Perú, dado que los límites marítimos fueron establecidos en los citados tratados.

Y dado esto, hay que destacar la correcta actuación que ha tenido el canciller chileno, quien de paso ha insistido en la necesidad de mantener las buenas relaciones con Perú. Junto a lo anterior, la estrategia seguida por el gobierno en cuanto a conformar un consejo de ex cancilleres, con la idea de tener una sola voz frente a la demanda peruana, sin duda que es positiva. El aporte de quienes han ejercido el cargo en los distintos gobiernos puede ser fundamental en la estrategia que seguirá Chile. Marca, al mismo tiempo, una clara diferencia a la forma que siguió el gobierno del presidente Aylwin en la fallida defensa territorial de Laguna del Desierto.

El ministro Foxley ha ocupado efectivamente hasta ahora todas las herramientas que se estilan en materia diplomática, lo que también considera llamar a nuestro embajador en Perú a informar sobre la materia, aclarando al mismo tiempo que no se trata de un retiro.

Lo importante en todo esto es que la discrepancia entre los dos países debe ser abordada con cautela y prudencia. Se debe tener presente que junto con el fondo del planteamiento chileno, no hay que dejar de lado las formas en que dicha postura sea expresada, de forma tal de no afectar la integración comercial, las inversiones y el intercambio de personas entre ambos países. Por ello, hay que mantener las instancias para que no se deje de lado un tratamiento sereno y calmado para defender nuestra postura.

Ante La Haya (Diario El Mercurio – 17.01.2008)
Con la notificación de la demanda del Perú se ha iniciado un litigio entre los dos países ante la Corte Internacional de Justicia, que podría durar años. Se hizo público el texto de la demanda y el de una declaración del Gobierno chileno. Fueron anunciados nuestros agentes y abogados previamente notificados a la Corte. Los gobiernos respectivos aludieron al litigio y a la relación bilateral.

Perú postula en su presentación -siguiendo una tesis reiterada en los últimos años- que no existe un límite marítimo entre ambos países y solicita, por tanto, que lo determine la Corte, a la que recurre en virtud del Pacto de Bogotá. Agrega que ese límite debe partir de lo que llama “Punto Concordia”, distinto del Hito 1. Pide que se le reconozca un triángulo que para Chile es de alta mar y que resultaría de la zona de 200 millas que invoca. Plantea la cuestión en derecho y solicita que sea resuelta en virtud de la costumbre internacional, tal como se refleja en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar o Convemar (de la que no es parte) y en la jurisprudencia.

En su inmediata declaración, el Gobierno chileno lamenta la presentación, que desconoce los tratados vigentes entre ambos países y la constante práctica de décadas. La demanda peruana -agrega- se refiere a espacios que se encuentran bajo soberanía y jurisdicción chilena incuestionables. Expresa su confianza en la Corte Internacional de Justicia y deja en claro que hará valer ante ella todos sus derechos. Reafirma, así, que se trata de un asunto zanjado y al que no reconoce, en propiedad, el carácter de controversia. Alude, de esta manera, al pleno vigor de los tratados de 1952 y 1954, que fijaron el límite marítimo del paralelo entre ambos países, practicado y reconocido por ambas partes y terceros por más de medio siglo.

Los planteamientos de la demanda habían sido avanzados y no constituyen sorpresa. En su contexto, parece positivo que se deje en claro el carácter estrictamente jurídico de la cuestión, que fue reafirmado por el Presidente Alan García reiteradamente ante su Congreso. También lo es que se invoque como derecho la Convemar, de la que Chile es parte y Perú no, cuya regla fundamental de delimitación es el acuerdo de las partes. Contribuye a la claridad del pleito que no se hayan presentado asuntos distintos al cuestionamiento mismo. La invocación a un punto llamado “Concordia” que se atribuye al Tratado del año 1929, se hace sólo con referencia al inicio del límite marítimo (y tiene que ver con el cambio unilateral del límite y su punto de referencia en la ley Tacna del Perú, un día antes de la demanda). En general, el breve texto se presenta en un cuidadoso y medido lenguaje jurídico.

La defensa del bien fundado caso chileno corresponderá a agentes que han trabajado previa y largamente en la preparación del caso: el subsecretario Alberto van Klaveren, agente principal, y la directora de Fronteras y Límites, María Teresa Infante, acompañados del embajador Juan Martabit. El equipo de abogados extranjeros es de reconocida capacidad: el jurista británico Christopher Greenwood, los franceses Prosper Weil y Pierre Marie Dupuy y el prestigiado estudio internacional “Freshfields”, todos ellos debidamente familiarizados con la cuestión. Serán complementados por asesores nacionales y equipos consultivos a los que aludió en días anteriores el canciller. Ellos inician -o prosiguen- una importante tarea que requiere prolijidad y esfuerzo, en el marco jurídico que le es propio y que debe ser acompañado de una adecuada labor comunicacional.

Aludieron a la relación bilateral el Presidente del Perú, al dirigirse a su Congreso, y la declaración chilena. Alan García se refirió a una larga amistad que debería proyectarse hacia el futuro, a la lucha librada en conjunto por las 200 millas, a que no podía estimarse ofensivo el recurso a una solución jurídica y al propósito de mantener una buena relación.

La declaración chilena dice que el Gobierno velará por que las relaciones con Perú continúen por la senda de mutua cooperación y amplio entendimiento. Sabias expresiones mutuas que reflejan la necesidad de mantener permanentemente el litigio en su cauce, sin afectar a una amplia relación, que hoy comprende integración, intercambio de personas, amplio y libre comercio, inversiones y afinidades en el contexto latinoamericano.

Con la próxima citación de las partes por la presidenta de la Corte, la británica Rosalyn Higgins, para convenir los procedimientos, se dará inicio a los mismos. Un largo camino espera a la confirmación de nuestros establecidos derechos, que debemos lograr, y en cuyo sereno ejercicio debemos proseguir.

Ante La Haya (Diario El Mercurio – 13.01.2008)

Esta semana se formalizará el anunciado recurso del Perú ante la Corte de la Haya, por su cuestionamiento al límite marítimo entre ambos países. Se inicia, así, un litigio internacional que puede durar años.

Se trata de una frontera marítima de larga data, expresada en tratados de 1952 y 1954, practicada y reconocida por ambos países y terceros por más de medio siglo. El límite ha estado y está en vigor para todos los efectos, es la realidad, la situación establecida. Cuestionado formalmente desde el 2000 por Perú, Chile no le ha reconocido valor ni tratamiento diplomático, por tratarse de un asunto resuelto.

Perú recurrirá a la Corte Internacional de Justicia y seguramente pretenderá, como lo ha afirmado en los últimos años, que no existe delimitación. Chile seguramente hará valer el carácter de asunto resuelto de la misma y, si es del caso, demostrará la plena vigencia del límite establecido. Se trata de un caso sólido, que el demandante deberá impugnar. Las nominaciones, planteamiento y declaraciones peruanas esbozan un sesgo de politización, que no se condice con el carácter de la cuestión planteada ni con el Tribunal, ambos de derecho.

En días recientes, el canciller se ha referido a la preparación y equipos existentes por años en el tema, los que dará a conocer luego de interpuesta la demanda; y ha celebrado diversas consultas. En ellas se ha evidenciado un consenso de apoyo a la firme e irrenunciable posición chilena, junto a una participación que no reconoce banderas. Se debe, así, llevar a cabo una defensa acabada de los bien establecidos derechos nacionales. A la vez, preservando el carácter jurídico de la cuestión, se perfeccionará una adecuada comunicación. El caso debe ser, por tanto, enfrentado con serena firmeza y confianza. Requerirá de ambas partes, como lo han prometido, prudencia y rigor en su manejo.

Planteamientos ante La Haya (Diario El Mercurio – 09.01.2008)

El agente designado Allan Wagner -con el título de delegado diplomático del Perú ante La Haya- ha formulado declaraciones respecto a la demanda contra Chile anunciada por ese país para el curso de este mes. Ha querido postular que dicho recurso es “el camino de la paz”.

Explicitando este concepto, afirma que “hubiera sido absurdo que Chile y Perú hubiesen optado por un conflicto bélico” y que “no vamos a La Haya a pelearnos; es el camino de la solución pacífica”.

El planteamiento, en sí, es difícil de comprender. Chile ha mantenido con firmeza que la delimitación marítima con Perú es un asunto definitivamente resuelto por tratados de larga data, apoyados por un reconocimiento y práctica constantes de los mismos. Más allá de las dudas sobre el cuestionamiento peruano, que no alcanza propiamente el carácter de controversia, no se registran, en los hechos, incidentes, situaciones conflictivas ni problemas prácticos de importancia en la zona.

Resulta extraño, por tanto, que se hable de amenazas a la paz o se plantee algo completamente ajeno a la realidad y a la buena relación bilateral, como es la sola posibilidad de un conflicto bélico. Por el contrario, hay innumerables declaraciones y hechos de cooperación mutua, una relación sólida y expresivos gestos de amistad, desde luego con el gobierno del que el agente designado formó parte como ministro.

Parece trasuntar esta curiosa declaración un deseo de dar marco político a una cuestión que se plantea ante una Corte Internacional de derecho, la que sólo puede investir ese carácter. Ella sigue a otros hechos, incluso la nominación anticipada y pública del propio agente designado, de otras nominaciones también oficiales y de variedad de declaraciones, que conllevan parecido sesgo.

En realidad, no hay ni ha habido situaciones conflictivas reales. El recurso ante La Haya le está abierto al Perú por el Pacto de Bogotá y comparte, de suyo, el carácter pacífico de la situación existente. Podría estimarse que, no obstante los problemas que todo litigio supone, la canalización del últimamente acentuado cuestionamiento peruano al límite marítimo tendría efectos positivos diplomáticos, siempre que el proceso sea manejado con la prudencia y rigor que corresponden.

Con respecto a nuestra preparación, ha reiterado el canciller que el caso está debidamente organizado y que existen equipos idóneos en Chile y el extranjero que están haciendo su trabajo. Sin perjuicio de todo ello, convendría probablemente, como ya lo hemos dicho, tener más antecedentes específicos, aunque no se haga pública por ahora la identidad del agente o agentes y otras nominaciones. Además de su designación, se requerirá la de abogados litigantes y consultores, un juez ad hoc, dada la ausencia de un nacional en la Corte; una complementación del equipo de trabajo que en la Cancillería se ocupa del asunto y mecanismos de consulta que aseguren la necesaria universalidad y una participación consultiva de carácter nacional.

Respecto al agente o agentes, se ha recordado la práctica nacional de que existan dos, uno de los cuales podría tener carácter más técnico, en tanto el otro podría significar un necesario peso específico y comunicacional que no desdijera del carácter jurídico que debe siempre preservarse en el caso.

No debe olvidarse, tampoco, que aparentemente sólo median días para la anunciada interposición del recurso y que, una vez producida la misma, deberá la Presidenta de la Corte llamar poco después a una audiencia a las partes. Estamos, por tanto, ante desarrollos casi inmediatos y que requieren de una urgencia prudente.