Algunas ideas para mejorar el desempeño del Estado

Algunas ideas para mejorar el desempeño del Estado

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Se habla mucho de la ineficiencia del Estado y cómo, a pesar de tener recursos, no logramos que estos se traduzcan en servicios que lleguen con oportunidad y calidad a los ciudadanos. Las organizaciones públicas no logran terminar de ejecutar sus presupuestos y deben devolver los recursos al erario público. O bien se inicia la ejecución de obras o infraestructura pública y esta se queda a medio camino o bien siempre hay demoras que genera sobrecostos a los planificados inicialmente.

La respuesta a estos problemas se ha planteado desde varios candidatos en la primera vuelta como un cambio en el modelo económico, cuando en realidad, el tema central es que las organizaciones públicas no funcionan de manera adecuada. Estos problemas no se van a solucionar con un cambio en el modelo – más allá de que estemos o no de acuerdo, es que es necesario revisar el nivel de intervención estatal en la economía-.

Los problemas que aquejan a las organizaciones son ampliamente conocidos y tienen que ver principalmente con el recurso humano que es quien planifica, presupuesta, realiza los procesos de selección de personal o los procesos de compra y quien brinda los servicios. No hemos logrado en todos estos años instaurar una gestión de recursos humanos que nos permita tener el personal con el perfil requerido y que obtenga una remuneración acorde al nivel de responsabilidad que cumple. Seguimos teniendo múltiples regímenes con beneficios distintos, con reglas distintas y con niveles de rotación altos que no permiten generar institucionalidad.

Con las nuevas leyes aprobadas con el Congreso, el nivel de rotación pareciera que va a disminuir, porque simplemente han cerrado la posibilidad de ingresar al sector público con la imposibilidad de contratar a través del régimen laboral 1057 y con la imposibilidad de contratar personal por locación de servicios -contratos que claramente no debían darse pero que las entidades igual usaban-. El problema con esto es que sería algo realmente bueno si es que tuviéramos un sistema de carrera en las organizaciones que permitiera que estén aquellos que cumplen con el perfil requerido, que las personas puedan ir ascendiendo por su experiencia y formación; y que se vaya incorporando personal nuevo que ingrese desde el primer nivel en la carrera. El régimen 30057 fue planteado para ello, pero no se le ha dado el impulso necesario y, con la normativa más reciente, cada vez se le quita más peso.

Ahora bien, aún con el personal calificado es de esperar que igual las organizaciones públicas no tengan el nivel de eficiencia de los privados. Las organizaciones públicas tienen una serie de restricciones propias del sector público -en la medida que utilizan recursos públicos y deben seguir una serie de procedimientos para poder saber en qué y cómo se gastan dichos recursos- que hacen que no avancen a un ritmo más rápido que el que quisiéramos.

¿Por qué no se han implementado rápidamente plantas de oxígeno? ¿por qué las demoras, si es un bien necesario para la ciudadanía? ¿por qué la iglesia y organismos no gubernamentales lo hacen más rápido? Porque no tienen que cumplir con las reglas y procedimientos que debe seguir una organización pública. Una organización pública debe seguir un proceso de compra con pasos y plazos e inclusive podría darse que el proceso se declare desierto. Culpamos muchas veces a las organizaciones y a su personal, y hablamos inclusive de corrupción, pero nadie analiza el proceso seguido para ver si se ajusta o no a lo que debió hacer la organización.

Más allá de aspectos que afectan a las organizaciones, es claro que desde la ciudadanía se esperan resultados que no ven concretar, a pesar de las promesas electorales desde hace años. Los servicios estatales no llegan con la oportunidad y calidad debida y existen amplias brechas al interior del país. Resolverlo pasa por cambiar la forma en que seguimos pensando las intervenciones en los territorios, con intervenciones más articuladas no solo entre el nivel nacional, regional y local, sino entre los mismos sectores que deberían tener una lógica de actuación más sinérgica y no solo desde su perspectiva netamente sectorial.

Ni los mercados ni las democracias pueden funcionar bien a menos que los gobiernos sean capaces de diseñar y poner en marcha políticas públicas apropiadas, administrar los recursos equitativamente, con más transparencia y eficiencia, y responder efectivamente a las demandas ciudadanas para el bienestar social.

En definitiva, requerimos más Estado donde no estamos llegando con todos los servicios esenciales y un mejor Estado donde sí existe presencia estatal.  Involucra tener la capacidad de pensar la intervención estatal desde el problema público, involucrando a los actores gubernamentales y sociales, considerando los recursos existentes, entre otros, para poder comprobar e interpretar cada área de política pública específica, de acuerdo a la realidad regional y/o local.

Elaborado por

Cinthya Arguedas, Asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros y docente de la Facultad de Gestión y Alta Dirección


GESTIÓN PÚBLICA Y ROLES DEL ESTADO

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La Gestión Pública está orientada a resultados y a generar impacto en beneficio de la ciudadanía, es decir, estar al servicio del pueblo. El impacto que se busca se puede dar, principalmente, en tres aspectos: en la educación, salud y transporte. De esta manera, se puede decir que nos hemos relacionado con el Estado a través de los semáforos, la obtención de nuestro DNI, el acceso a la educación, la participación en las elecciones, la regulación de los  servicios como el agua, entre otros. 

¿Qué es el Estado?

Para que exista un Estado, este debe estar configurado por tres componentes: territorio, el cual es un estado físico en donde habita la población; la población, la cual es un conjunto de seres humanos que pueden tener características homogéneas (étnicas, raciales, etc.); y el poder, el cual es la capacidad de autogobierno, soberanía e independencia, es decir, el Estado debe estar en la capacidad de organización a la población y al territorio. 

¿Qué es Administración Pública?

Es la función administrativa de cómo se organiza el Estado para atender las necesidades colectivas de interés público, utilizando recursos públicos: cómo se organizan para hacer que las cosas funciones. 

¿Qué es la Gestión Pública?

Tiene que ver con cómo usamos los medios adecuados para alcanzar un fin objetivo: qué mecanismos o procesos se usará para la asignación de los recursos públicos, así como del estímulo de los agentes públicos para lograr determinados objetivos. 

¿Qué son las Políticas Públicas?

Son opciones, modelos o formas para organizar las relaciones económicas, sociales que elige una sociedad. Asimismo, es la respuesta del sistema político-administrativo a una situación de la realidad juzgada políticamente como inaceptable, como por ejemplo, la implementación de políticas para la deforestación, para la demarcación territorial, pues estas darán solución a los problemas que se presentan en cada uno. 

Políticas Públicas vs. Gestión Pública

Una vez definidos ambos conceptos, veremos cómo se diferencian. Por un lado, las políticas públicas son procesos decisionales y de múltiples actores políticos que definen los fines y la estrategia de intervención estatal. Por otro lado, la Gestión Pública va a permitir operar la máquina estatal para cumplir los fines y realizar la estrategia con eficiencia y eficacia. Por último, en medio de estas dos, se encuentra la Decisión Pública, la cual hace referencia a las decisiones de la autoridad para resolver o crear condiciones para que se resuelvan los problemas públicos (“es” vs. “debe ser”).

¿Cuál es el Rol del Estado?

El rol del Estado se divide en tres niveles: micro, meso y macro, en ellos su rol es el mismo, lo único que cambia es el punto de observar. El nivel micro ve la forma de cómo las intervenciones del Estado afecta en la vida cotidiana de una sociedad: interacción con el ciudadano. Luego, en el nivel meso ven los contenidos y orientaciones de las políticas públicas o las tomas de posición adoptadas. Se organizan para atender su agenda social problemática: conjunto de necesidades y demandas de las que se hacen cargo. Por último, en el nivel macro, ven pactos fundamentales que atienden pactos de dominación (garantizar convivencia), pactos funcionales (delegar de la mejor manera) y pactos distributivos (¿qué se hizo con el presupuesto excedente?). 

Evolución del Estado 

Comenzaron como un Estado Liberal, es decir, un Estado que garantiza derechos de propiedad y ejecución de contratos. Luego paso a ser Estado Social Burocrático: social, porque garantiza los derechos sociales y el pleno empleo; burocrático, porque el Estado crece para resolver la crisis y las personas a quienes se contratan son burócratas. Después, paso a ser un Estado Neoliberal, aquí la participación del Estado es mínimo y el mercado tiene pleno control de la economía (privatización, liberalización, etc.). Por último, pasó a ser un Estado Social Liberal: social, porque protege derechos sociales y promueve el desarrollo económico; y liberal porque uso más controles de mercado y menos administrativos.

Elaborado por:

Luz Bazan – Estudiante de Gestión y Alta Dirección


CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL ESTADO Y GESTIÓN DESCENTRALIZADA

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Dada la coyuntura es tan importante y necesario trabajar de manera coordinada y articulada con los gobiernos regionales y locales para que todo funcione de la mejor manera. Asimismo, es relevante la participación del sector privado porque puede apoyar y permitir que se generen mejores resultados. Además, sin el compromiso y voluntad de las personas para permanecer en sus casas no sería factible muchas de las medidas que se están adaptando. Es por esto que en nuestro país tenemos la capacidad de respuesta que tenemos ahora porque hemos tenido algunos meses para poder mirar la evolución de la epidemia en el resto del mundo. Y para cuando llegó al país ya se tenía cierto nivel de conocimiento de que tan rápido se esparce y de cómo colapsa rápidamente el sistema sanitario. Si tenemos una capacidad de respuesta en este momento es por el alineamiento de voluntades en el plano político entre los diferentes partidos políticos, así como por la concientización de la sociedad sobre la necesidad de adoptar determinadas medidas. Eso ha podido permitir que el Estado atienda esta emergencia y no solamente desde la perspectiva del Poder Ejecutivo sino en conjunto con la sociedad civil y el sector privado.

 



Reformando el sector público: Implicancias de la Ley de Reforma del Servicio Civil

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¿Te imaginas una organización con pocas posibilidades para ascender, ningún tipo de incentivo para laborar o dónde no se puede despedir a nadie a pesar de sus reincidentes faltas? Estos son algunos de los problemas por los que  atravesaba, hasta hace unos años, el sector público. La falta de orden y las diferentes normativas afectaban directamente en la eficiencia de los funcionarios públicos lo cual perjudicaba a todos los ciudadanos en los servicios recibidos. Por estos motivos, el 03 de julio de 2013 se promulgó la Ley de Servicio Civil, mediante la cual se busca ordenar poco a poco el sistema laboral del sector público.

Mariana Ballén, profesora del Departamento de  Ciencias de la Gestión y asesora en la Presidencia del Consejo de Ministros, impulsó la Ley de Servicio Civil en el sector público. En esta nota nos cuenta los aspectos más importantes de la referida ley como política pública y el impacto de esta en los ciudadanos.

  • ¿Cómo era el sistema laboral en el sector público previo a la Ley de Servicio Civil ?

En el sector público trabajamos casi un millón y medio de personas, pero muchos de ellos, el 40%, no tiene muy buena realidad. Hay problemas en temas de remuneraciones, de derechos específicos como vacaciones, incentivos, etc. La idea es que para mejorar los resultados se necesita mejorar los climas laborales de las organizaciones, por eso desde hace muchos años había la idea de ordenar las gestión   de las personas en el Estado y a partir de eso es que nace la ley de Servicio Civil.

  • ¿Cuáles son los principales actores o grupos de interés en este problema?

La reforma de servicio civil no es una reforma que suela ser bien vista por la sociedad civil por lo que muchos de los actores tienen que ver más con los funcionarios de la administración público. Hay dos grupos grandes de interés: los gremios organizados y la gente que simplemente trabaja en el sector público. Los intereses dependen del tipo de contratación que tenga cada funcionario ya sea esta estable o no. Esto hace que tengan distintos intereses y motivaciones. Otros  actores importantes son los políticos, porque para hacer bien su trabajo necesitan que los trabajadores hagan bien su chamba y para esto tienen que estar cómodos en estas instituciones, por lo que si van a haber cambios de este tipo también van a afectar a los políticos.

  • ¿Cómo plantea esta ley solucionar el problema?

La reforma es bien amplia, va a cambiar las reglas de juego para muchos temas. En primer lugar va a ordenar el tema de las capacitaciones y las evaluaciones de desempeño. La idea es que si tú quieres orientar el Estado a lo que necesita la ciudadanía hay que tener bien puestos los incentivos para promover la gestión por resultados. A partir de esto los servidores públicos tienen que tener claro cuáles son los logros que están alcanzando de manera individual y grupal para lo cual se hacen evaluaciones de desempeño. También hay un ordenamiento en temas de remuneraciones y de derechos y deberes. En general es un cambio de reglas de juego para que haya un mejor desempeño de servidores y se cree una carrera de servicio civil donde las personas puedan ir ascendiendo  y donde el Estado garantice que haya una mejor sostenibilidad de las políticas y calidad de los servidores públicos .

  • ¿Esta ley pertenecía a la agenda gubernamental del gobierno de Ollanta Humala?

En el plan de gobierno de  que Ollanta Humala no había claramente una intención de aprobar una reforma de servicio civil. Hubo intentos de diseñar esta ley en los últimos 15 años pero no se habían dado las condiciones . En realidad hay una confluencia de factores que llevan a que se apruebe la ley . En primer lugar, había una reforma previa que tenía que hacerse que era la del sistema de pensiones que por las reglas que tenía hacía muy costosa la reforma por lo que no tenía la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. Otra razón importante era la falta de información que había respecto a las características del servicio civil y cuánto costaría la reforma. Por esto, desde que existe SERVIR, un responsable de recursos humanos, ya hay esta información. A los meses de asumir Ollanta Humala, el Ministro de Economía y Finanzas, que en ese momento era Castilla, plantea realizar una reforma del servicio civil por lo que el diseño de esta ley se encarga al SERVIR, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Trabajo.

  • ¿ Qué situaciones considera que abrieron una ventana de oportunidad para que se diera esta ley?

Si se realizaba una encuesta a nivel nacional hace siete años, no se iba a encontrar mucho apoyo. No es una reforma muy visible para la ciudadanía , el impacto no suele darse en el corto plazo y por ende la gente no las demanda porque siente que no las necesita. Sí había una opinión pública que demandaba la meritocracia. Por lo que en el gobierno de García empiezan a darse las evaluaciones a los maestros y esto cambia algunas reglas y genera mayor consenso respecto a la necesidad de llevar a cabo esta reforma.

  • Se dieron varias manifestaciones a nivel nacional encabezadas por los funcionarios públicos. ¿Qué pasó con la legitimación de esta política, qué problemas se dieron en este aspecto?

En toda reforma hay gente que pierde y gente que gana. En general la gente que trabaja en el Estado es un poco temerosa a cambios fuertes y las reformas de este tipo generan temor por un tema de desconocimiento de lo nuevo. En el momento en que se diseña la ley hubo acercamiento con los sindicatos, pero quizás no hubo  todos los necesarios. Ya cuando se dio la discusión en el congreso se dieron muchas más conversaciones  y reuniones con servidores públicos y con los diferentes grupos políticos. Se hizo una encuesta sobre el nivel de aprobación y apoyo a la ley, antes de que esta se apruebe y llegaba casi a 80%, así que ahí supimos que realmente había una demanda por esta reforma, pero es cierto que a mucha gente le preocupa todavía los efectos de la misma. Esto se debe a que la gente se acuerda de una gran reforma que se dio en los 90’s donde mucha gente fue despedida luego de evaluaciones injustas. Nosotros hemos tratado de demostrar cómo las reglas de evaluación son muy diferentes a las que se propusieron en los 90’s.  En las evaluaciones de hoy hay un montón de mecanismos con los cuales estarás seguro de que te van a evaluar correctamente. Además, hay una serie de garantías y mecanismos de quejas.

  • ¿Qué problemas se vienen dando con respecto a esta política pública en su implementación?

El proceso de implementación es lo más complejo de una reforma. Las reglamentaciones fueron rápidas y hoy más de 130 entidades ya están en el tránsito de la ley. Un tema que nos ha parado un poco es el cambio de gobierno, pero es lo normal; sin embargo, se espera que el próximo gobierno retome el empuje. Otro tema importante es el cambio de la coyuntura económica. En el momento de aprobación la situación económica del país era mejor y en este momento hay una mayor preocupación por los ingresos fiscales y esta es una reforma que cuesta. Quizás esta reforma va a tener que darse más lento porque no va a poderse financiar con la rapidez con que se esperaba.

  • ¿ Esto se ha dado dentro de la arena política o burocrática?

Los problemas se han dado sobre todo en la agenda burocrática. Dependiendo de los costos y beneficios de una reforma las discusiones se van a dar en una arena o en la otra. este es el típico caso de reformas cuyos costos están muy asumidos por los servidores públicos pues va a cambiar sus reglas de juego.

  • Por último, en cuanto a la evaluación de las políticas públicas, ¿Cuál es el output  y el outcome que se han logrado de acuerdo con el ciclo de las políticas públicas?

Los outputs o productos están más asociados en base al número de entidades que se pasan al nuevo régimen. Esto en el mediano plazo debería generar una mejor calidad de servidores y de políticas, lo cual sería el outcome o impacto de la política pública. De acuerdo a la experiencia que se ha visto en otros países, una reforma como esta puede incluso tener efectos positivos en el crecimiento económico, en la reducción de la pobreza y la corrupción, esto debido a que mejora la calidad de las políticas públicas; sin embargo, esto se verá aún en el largo plazo.


Las dificultades para un buen manejo de la cadena de suministros en el sector público

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Conversamos con Enrique Cornejo, ex ministro de Transporte y Comunicaciones, de Economía y Finanzas y de Comercio exterior; quien nos habló sobre el rol de las cadenas de suministros en el sector público. Enrique Cornejo considera que existe mucho por trabajar en el desarrollo de la gestión de la cadena de suministros y uno de los principales problemas que lo obstaculiza es la corrupción en el aparato del Estado. A continuación, la entrevista concedida a Gestión 360 Blog.

¿Cuál es la importancia de la cadena de suministros?

He percibido que el Perú a lo largo de los años ha cambiado; no obstante, el Estado no ha cambiado. Los esfuerzos de la función pública están muy aislados, todavía hay circunstancias y una especie de burocratismo y falta de transparencia.

La gestión de la cadena de suministros es importante; ya que, se necesita recursos para los maestros, para la salud y para mejorar nuestros servicios de seguridad. Para todo ello, necesitamos dinero y el destinado para los suministros debería alinearse con tres estrategias como transparencia, eficiencia; ya que, tanto en lo privado como el público existen desafíos en la logística, y finalmente velocidad. Actualmente, es común que estas tres estrategias no se desarrollen en conjunto.

¿Qué restringe que desarrollemos una buena gestión de la cadena de suministros?

Existe mucha discrecionalidad, he percibido en mi experiencia de casi 40 años la excesiva presencia de funcionarios en las diferentes etapas de la cadena. Una de las maneras de luchar con la corrupción y lograr la transparencia es llevar al mínimo posible la presencia del funcionario en la toma de decisiones. En la ley, tenemos posibilidad de compras conjuntas, de bolsa de productos, de acción usando el e-government de las compras, pero en este tema el Estado se resiste a modernizarse porque los espacios de poder que da la logística para muchos es parte de un interés personal. Hay sectores como el de Interior o Defensa donde quien está en logística encontrará espacios para no hacer necesariamente una buena gestión.

¿Cómo considera el desempeño del SEACE (sistema de contratación del Estado)?

Está trabajando de una manera medianamente eficiente; ya que, hay aspectos positivos, pero hay temas que no son bien manejados como las compras gobierno- gobierno. Por ejemplo, durante el gobierno de Ollanta Humala se usó dicho mecanismo y no intervino el SEACE. Otro ejemplo, el alcalde Castañeda en anteriores gestiones solo compraba bajo sistemas de organismos internacionales como la OIM, una puerta de salida que se convirtió en una manera de evitar los requisitos de SEACE. Por ello, es necesario que el SEACE como organismo trabaje de una manera eficiente y veloz

¿Qué se debería hacer para reducir la corrupción en referencia a la cadena de suministro?

Básicamente, lo primero que se necesita es decisión política de querer luchar contra la corrupción existente en las cadenas de suministro. Además de ello, es importante que la gestión pública trabaje con tecnología a la par. Si por ejemplo los medicamentos de todos los hospitales públicos del MINSA y del ESSALUD se colocan en un intento de compra conjunta, se obtendrían precios accesibles y más transparencia en la gestión.  Por último, es relevante reducir la intervención de personas en las fases para dejar que el proceso de la cadena de suministros lo decida el mismo sistema.

Finalmente, un tema de interés en nuestra formación universitaria ¿Por qué cree que muchos de los universitarios no muestran mucho interés por trabajar en el sector público?

El sector público ha perdido peso. Por ejemplo, mis primeros estudiantes querían ir al sector público, pero ahora es un poco distinto. Yo diría que los que van a gestión pública están haciendo a contra corriente su decisión, aunque todo parezco contrario a lo lógico. Se necesita personas con ganas de liderar el cambio y eso empieza con las ganas de hacerlo.  La corrupción tiene dos caras, el corrupto y el corrompido y ambos son absolutamente criticables, es un tema de valores y se tiene que analizar los elementos que justifican lo injustificable.

Yo confío en las generaciones que toman a cargo el proceso. La juventud es nativo digital, mi generación no salió con ese elemento, no solo por manejo de medios sino por sus aptitudes mentales, ustedes son prácticos a la hora de solucionar las cosas. El futuro de nuestro país está también en sus manos.

¿Alguna recomendación final?

El Perú tiene grandes desafíos. No miren hacia atrás, usen su espíritu, escuchen lo que quieren escuchar y yo creo que cuando los peruanos trabajamos disciplinadamente avanzamos más rápido.

HOJA DE VIDA

Nombre: Enrique Cornejo Ramírez

Profesión: Economista de la Universidad de Lima

Cargo: Rector de la Universidad Peruana Simón Bolívar

Grado: Doctor en Administración

Entrevista y redacción: Katherine Borja

 

 


El estado, las empresas y los conflictos sociales

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El día viernes 06 de noviembre del 2016, se tuvo como invitado en el programa radial G360 a Mario Pasco, profesor del Departamento de Ciencias de la Gestión para hablar de la gestión de comunidades en empresas del sector minero peruano.

La relación de las empresas mineras con su entorno es un punto primordial para llegar a tener operaciones efectivas de beneficio compartido. Los distintos conflictos sociales han puesto en tela de juicio si las políticas gubernamentales se están ejecutando de manera adecuada.

El profesor nos comenta que en los conflictos sociales hay dos tendencias importantes en la región. Por un lado, un modelo extractivista basado en el aprovechamiento de recursos naturales en un contexto de políticas neoliberales, fomentado por los altos precios de los minerales para la exportación a países en proceso de desarrollo como China e India y por el otro lado, ha surgido la resistencia social, este fenómeno ha estado vinculado con otro conjunto de procesos relevantes en la región, como la democratización en Latinoamérica a partir de los 90’s, el reconocimiento de los derechos culturales y ambientales en muchos países y el desarrollo de redes de defensa transnacionales de estos recursos como las ONG.

Resaltan entre las causas de los principales de los conflictos[1], la afectación de los medios de vida de poblaciones rurales, el riesgo o daño ecológico, es decir, cómo se compromete el patrimonio, la desintegración social que genera la presencia de esas industrias y la distribución de la renta que obtiene el estado a partir de esos recursos.

Lo que tiene que tiene que hacer la empresa y el Estado para poder gestionar mejor a las organizaciones base que se forman por los conflictos mineros es crear políticas de inclusión y de diálogo paritario, que los resultados vayan a apoyar las distintas demandas que tienen los actores incluidas las organizaciones. A pesar que hay mesas de diálogo, no han sido efectivas, solo han ayudado a discutir algunas cosas pero en la mayoría de casos no han llegado a conclusiones satisfactorias. Hay excepciones como el caso de Espinar y el de Las Bambas que resultaron exitosas las conversaciones pero con el último gobierno, se han vuelto a retomar los conflictos. Hay derechos territoriales y culturales que se les reconoce a los pueblos indígenas, haciendo que estas unidades base tengan mejor posición. El gran problema es hasta que punto eso es suficiente, lo ideal es que se ponga en práctica, que hayan organismos del estado o instituciones que garanticen el efectivo cumplimiento.

Hay un problema para las empresas  qué tan atractivo puede volverse el país, teniendo en cuenta el nivel de conflictividad. Lo que las empresas deberían esperar para poder realizar las inversiones es que el escenario legal sea predecible, para eso el Estado tendría que garantizar una serie de medidas que ayuden a prevenir una serie de conflictos y algunas de ellas son: la legislación ambiental. Actualmente existen algunos problemas por la transparencia de los procedimientos de legislación muchas de la organizaciones sociales se quejan de que información que deben proporcionar las empresas no son fácilmente disponibles para la ciudadanía en general

La ley marco de bases de descentralización que da inicio desde el 2000 no previó la descentralización política administrativa de la función de minería a gran escala. Eso significa que los actuales gob regionales no tienen facultad para fiscalizar la concesión o para promover inversiones a gran escala, solo tienen facultades para lo que es minería pequeña o artesanal y esto trae consigo un problema porque los actores afectados y a quien le reclama la población son los gobiernos regionales en primera instancia, sin embargo, varios de los gobiernos regionales se han amparado en la legislación ambiental y si tienen injerencia en ese aspecto. Desde ahí ya pueden ir trabajando.

[1] Cualquier tipo de desacuerdo entre los principales actores en el área donde se están desarrollando actividades extractivas.


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