Un nuevo camino al éxito: Valor Compartido Empresarial

Un nuevo camino al éxito: Valor Compartido Empresarial

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Paola Ramírez, Jefa de Responsabilidad Social de Haug, nos comparte desde su experiencia un enfoque sobre el valor compartido empresarial (VCE) y cuál es su impacto en la empresa y la comunidad.

Paola Ramírez, Jefa de Responsabilidad Social de Haug

¿A qué hace referencia el término de  “Valor Compartido Empresarial”?
A palabras de Paola Ramírez significa crear proyectos y ejecutarlos de manera conjunta con la población social involucrada, de manera que estos proyectos sean eficaces tanto para la empresa como para la sociedad.

¿Cuál es el fin principal que tienen las empresas para emprender valor compartido con la comunidad?
Son distintos los incentivos que tienen las empresas para iniciar a incentivar y ejecutar VCE, pero los más comunes son los beneficios económicos a largo plazo, el desarrollo, bienestar y comodidad de la comunidad. Así mismo, Ramírez menciona que hay una fuerte relación entre la competitividad de las empresas y la salud de las comunidades, dado que hay estudios que muestran que el VCE puede ser una herramienta empresarial que puede convertirse en una ventaja competitiva, que al ser bien administrada puede llegar a ser sostenible.

¿Cuál es el proceso más habitual para crear VCE?
A grandes rasgos según lo indica la gestora Ramírez, se debe primero evaluar a nivel interno y externo de la organización para hallar a los posibles proyectos que pueden ser viables. Después de este análisis y selección, se pasa  plantear los objetivos y sus respectivas  estrategias operacionales que serán ejecutadas para obtener un resultado exitoso, lo cual debe ser sinónimo de sostenibilidad. Además, se plantean los estándares con los cuales serán medidos los resultados de los distintos proyectos. Sin embargo, fijar estándares muchas veces resulta complicado cuando se ejecutan proyectos de carácter social dado a que los resultados no son siempre cuantificables, sino de otra índole. Al final del proyecto, según el carácter que este tenga, se realizan los informes para dar a conocer los resultados. Cabe recalcar, que todo el proceso es un co- diseño; es decir, participa tanto la comunidad social como la empresa.

Entonces, ¿cómo logran evaluar el éxito de los proyectos de VCE?
Dado que muchos de los resultados no son cuantificables, se realizan periódicamente ciertos informes, en los cuales se da a conocer el desarrollo de los proyectos y se describe cómo es que estos están o no están cumpliendo con los objetivos trazados durante el planeamiento. Así mismo, Ramírez menciona que es importante que el departamento de Responsabilidad Social se mantenga siempre en un contacto horizontal y amical con la población del proyecto, de manera que se creen lazos fuertes y se promueva el éxito de los objetivos. Es importante resaltar, que toda la estructura del proceso de VCE depende muchas veces de la política empresarial de la organización y cómo esta interactúe con las partes involucradas.

Finalmente, este mundo agresivamente globalizado y competitivo, ha provocado que muchas empresas enfaticen el aspecto social y ambiental entre las distintas acciones que realizan, y por ello muchas optan por el VCE de manera que obtengan beneficios tanto a nivel organizacional como social.

Entrevistadora:
Keiko Meza
Manager de Investigación y Desarrollo


El estado, las empresas y los conflictos sociales

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El día viernes 06 de noviembre del 2016, se tuvo como invitado en el programa radial G360 a Mario Pasco, profesor del Departamento de Ciencias de la Gestión para hablar de la gestión de comunidades en empresas del sector minero peruano.

La relación de las empresas mineras con su entorno es un punto primordial para llegar a tener operaciones efectivas de beneficio compartido. Los distintos conflictos sociales han puesto en tela de juicio si las políticas gubernamentales se están ejecutando de manera adecuada.

El profesor nos comenta que en los conflictos sociales hay dos tendencias importantes en la región. Por un lado, un modelo extractivista basado en el aprovechamiento de recursos naturales en un contexto de políticas neoliberales, fomentado por los altos precios de los minerales para la exportación a países en proceso de desarrollo como China e India y por el otro lado, ha surgido la resistencia social, este fenómeno ha estado vinculado con otro conjunto de procesos relevantes en la región, como la democratización en Latinoamérica a partir de los 90’s, el reconocimiento de los derechos culturales y ambientales en muchos países y el desarrollo de redes de defensa transnacionales de estos recursos como las ONG.

Resaltan entre las causas de los principales de los conflictos[1], la afectación de los medios de vida de poblaciones rurales, el riesgo o daño ecológico, es decir, cómo se compromete el patrimonio, la desintegración social que genera la presencia de esas industrias y la distribución de la renta que obtiene el estado a partir de esos recursos.

Lo que tiene que tiene que hacer la empresa y el Estado para poder gestionar mejor a las organizaciones base que se forman por los conflictos mineros es crear políticas de inclusión y de diálogo paritario, que los resultados vayan a apoyar las distintas demandas que tienen los actores incluidas las organizaciones. A pesar que hay mesas de diálogo, no han sido efectivas, solo han ayudado a discutir algunas cosas pero en la mayoría de casos no han llegado a conclusiones satisfactorias. Hay excepciones como el caso de Espinar y el de Las Bambas que resultaron exitosas las conversaciones pero con el último gobierno, se han vuelto a retomar los conflictos. Hay derechos territoriales y culturales que se les reconoce a los pueblos indígenas, haciendo que estas unidades base tengan mejor posición. El gran problema es hasta que punto eso es suficiente, lo ideal es que se ponga en práctica, que hayan organismos del estado o instituciones que garanticen el efectivo cumplimiento.

Hay un problema para las empresas  qué tan atractivo puede volverse el país, teniendo en cuenta el nivel de conflictividad. Lo que las empresas deberían esperar para poder realizar las inversiones es que el escenario legal sea predecible, para eso el Estado tendría que garantizar una serie de medidas que ayuden a prevenir una serie de conflictos y algunas de ellas son: la legislación ambiental. Actualmente existen algunos problemas por la transparencia de los procedimientos de legislación muchas de la organizaciones sociales se quejan de que información que deben proporcionar las empresas no son fácilmente disponibles para la ciudadanía en general

La ley marco de bases de descentralización que da inicio desde el 2000 no previó la descentralización política administrativa de la función de minería a gran escala. Eso significa que los actuales gob regionales no tienen facultad para fiscalizar la concesión o para promover inversiones a gran escala, solo tienen facultades para lo que es minería pequeña o artesanal y esto trae consigo un problema porque los actores afectados y a quien le reclama la población son los gobiernos regionales en primera instancia, sin embargo, varios de los gobiernos regionales se han amparado en la legislación ambiental y si tienen injerencia en ese aspecto. Desde ahí ya pueden ir trabajando.

[1] Cualquier tipo de desacuerdo entre los principales actores en el área donde se están desarrollando actividades extractivas.


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