Se habla mucho de la ineficiencia del Estado y cómo, a pesar de tener recursos, no logramos que estos se traduzcan en servicios que lleguen con oportunidad y calidad a los ciudadanos. Las organizaciones públicas no logran terminar de ejecutar sus presupuestos y deben devolver los recursos al erario público. O bien se inicia la ejecución de obras o infraestructura pública y esta se queda a medio camino o bien siempre hay demoras que genera sobrecostos a los planificados inicialmente.

La respuesta a estos problemas se ha planteado desde varios candidatos en la primera vuelta como un cambio en el modelo económico, cuando en realidad, el tema central es que las organizaciones públicas no funcionan de manera adecuada. Estos problemas no se van a solucionar con un cambio en el modelo – más allá de que estemos o no de acuerdo, es que es necesario revisar el nivel de intervención estatal en la economía-.

Los problemas que aquejan a las organizaciones son ampliamente conocidos y tienen que ver principalmente con el recurso humano que es quien planifica, presupuesta, realiza los procesos de selección de personal o los procesos de compra y quien brinda los servicios. No hemos logrado en todos estos años instaurar una gestión de recursos humanos que nos permita tener el personal con el perfil requerido y que obtenga una remuneración acorde al nivel de responsabilidad que cumple. Seguimos teniendo múltiples regímenes con beneficios distintos, con reglas distintas y con niveles de rotación altos que no permiten generar institucionalidad.

Con las nuevas leyes aprobadas con el Congreso, el nivel de rotación pareciera que va a disminuir, porque simplemente han cerrado la posibilidad de ingresar al sector público con la imposibilidad de contratar a través del régimen laboral 1057 y con la imposibilidad de contratar personal por locación de servicios -contratos que claramente no debían darse pero que las entidades igual usaban-. El problema con esto es que sería algo realmente bueno si es que tuviéramos un sistema de carrera en las organizaciones que permitiera que estén aquellos que cumplen con el perfil requerido, que las personas puedan ir ascendiendo por su experiencia y formación; y que se vaya incorporando personal nuevo que ingrese desde el primer nivel en la carrera. El régimen 30057 fue planteado para ello, pero no se le ha dado el impulso necesario y, con la normativa más reciente, cada vez se le quita más peso.

Ahora bien, aún con el personal calificado es de esperar que igual las organizaciones públicas no tengan el nivel de eficiencia de los privados. Las organizaciones públicas tienen una serie de restricciones propias del sector público -en la medida que utilizan recursos públicos y deben seguir una serie de procedimientos para poder saber en qué y cómo se gastan dichos recursos- que hacen que no avancen a un ritmo más rápido que el que quisiéramos.

¿Por qué no se han implementado rápidamente plantas de oxígeno? ¿por qué las demoras, si es un bien necesario para la ciudadanía? ¿por qué la iglesia y organismos no gubernamentales lo hacen más rápido? Porque no tienen que cumplir con las reglas y procedimientos que debe seguir una organización pública. Una organización pública debe seguir un proceso de compra con pasos y plazos e inclusive podría darse que el proceso se declare desierto. Culpamos muchas veces a las organizaciones y a su personal, y hablamos inclusive de corrupción, pero nadie analiza el proceso seguido para ver si se ajusta o no a lo que debió hacer la organización.

Más allá de aspectos que afectan a las organizaciones, es claro que desde la ciudadanía se esperan resultados que no ven concretar, a pesar de las promesas electorales desde hace años. Los servicios estatales no llegan con la oportunidad y calidad debida y existen amplias brechas al interior del país. Resolverlo pasa por cambiar la forma en que seguimos pensando las intervenciones en los territorios, con intervenciones más articuladas no solo entre el nivel nacional, regional y local, sino entre los mismos sectores que deberían tener una lógica de actuación más sinérgica y no solo desde su perspectiva netamente sectorial.

Ni los mercados ni las democracias pueden funcionar bien a menos que los gobiernos sean capaces de diseñar y poner en marcha políticas públicas apropiadas, administrar los recursos equitativamente, con más transparencia y eficiencia, y responder efectivamente a las demandas ciudadanas para el bienestar social.

En definitiva, requerimos más Estado donde no estamos llegando con todos los servicios esenciales y un mejor Estado donde sí existe presencia estatal.  Involucra tener la capacidad de pensar la intervención estatal desde el problema público, involucrando a los actores gubernamentales y sociales, considerando los recursos existentes, entre otros, para poder comprobar e interpretar cada área de política pública específica, de acuerdo a la realidad regional y/o local.

Elaborado por

Cinthya Arguedas, Asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros y docente de la Facultad de Gestión y Alta Dirección