OCMA, el villano de la película

Escribe: Renzo Cavani
Profesor PUCP, AMAG y USIL

En nuestro país, hay jueces que dejan mucho que desear. Un juez malo es a menudo el villano de la película. Pero también hay otros jueces que son buenos, honestos y responsables, cuyo accionar no suele ser del agrado de los litigantes. Y allí, a veces, el villano es otro: la Oficina Nacional de Control de la Magistratura (OCMA) ¿Cómo así? Pues dado que no hay una inconducta funcional propiamente dicha, sancionan por la adopción de tal o cual criterio jurisdiccional. O sea, amonestan, multan, suspenden y hasta destituyen por interpretar el ordenamiento jurídico.
Hace pocos meses, una entidad administrativa perdió un arbitraje, siendo condenada a pagar 5 millones de soles. La empresa victoriosa (un contratista) acudió al Poder Judicial, iniciando un proceso de ejecución de laudo arbitral. La demanda fue admitida y la entidad invocó el art. 47 del TUO de la Ley del Proceso Contencioso-Administrativo. Este artículo regula un procedimiento para la ejecución de sentencias firmes en lo que respecta al cobro de obligaciones de dar suma de dinero a ser cumplidas por la Administración atendiendo al pliego presupuestario. Así, la entidad solicitó pagar dentro de seis meses y proponiendo un cronograma de pagos.
Poco después, el demandante solicitó un embargo en forma de retención de las cuentas de la entidad. El juez accedió y ordenó el embargo de todas sus cuentas. La visita inopinada de la OCMA no se hizo esperar. Al día siguiente, el juez tuvo que dar marcha atrás y anuló su propia resolución argumentando que no se había precisado qué cuentas serían de dominio público (inembargables) o de dominio privado (embargables). Y lo hizo así a pesar de que en su descargo en la investigación preliminar iniciada por la OCMA, tras la queja de la entidad, señaló que no había forma posible de conocer de antemano qué cuentas corresponden a ingresos propios o no. Aquí, qué duda cabe, hubo fuerte presión para levantar la cautelar.
La entidad administrativa era el Gobierno Regional de Loreto (GOREL), y el juez, Alexander Rioja Bermúdez. Hoy, la OCMA está a punto de suspenderlo por quince días sin goce de haber. No será la primera ni la última vez que lo hace. No, al menos, hasta que alguien tome cartas en el asunto.
Pero hablemos sobre este caso.
Cuando se demanda la ejecución del laudo arbitral, poco importa que se trate o no de una entidad administrativa: las normas aplicables para la ejecución de la medida cautelar son las del Código Procesal Civil. Básicamente son cuatro las razones por las que resulta totalmente inviable la tesis (¡jurídica!) que el Gobierno Regional planteó:
(a)    El art. 47 habla expresamente de «sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero…». Nada dice en la regulación pertinente sobre la medida cautelar (arts. 38-40). Es, por tanto, inaplicable.
(b)    El art. 47 tiene pleno sentido en un proceso contencioso-administrativo porque lo que se está discutiendo son actuaciones de las entidades administrativas que, muchas veces, fueron validadas en un procedimiento administrativo con dos instancias. En la ejecución del laudo arbitral tenemos no otra cosa que un acto equivalente a una sentencia judicial con cosa juzgada, que el juez, por mandato legal, debe ejecutar en sus propios términos.
(c)    No es posible hablar de una «aplicación supletoria» de la regulación especial de la LPCA al proceso de ejecución de laudo arbitral. Para ello, en primer lugar, sería necesario norma expresa o, en su defecto, que así se justifique por la naturaleza de la legislación a ser aplicada. Tiene mucho sentido, por ejemplo, aplicar supletoriamente el CPC en la LPCA, aun cuando la Primera Disposición Final de esta última no lo diga. Ello es así porque en el CPC, inclusive, estaba regulada la propia «acción contencioso-administrativa». Ahora, entender lo contrario, o sea, pensar que las disposiciones para el litigio entre privados y Administración deba aplicarse a la lógica de los pleitos de derecho civil, comercial, etc. resulta una completa sinrazón.
(d)    Finalmente, no es posible realizar una aplicación analógica del art. 47 puesto que, en primer lugar, debería argumentarse por la existencia de una laguna en el CPC. Una laguna presupone la existencia de un supuesto de hecho sin consecuencia jurídica expresa. ¿Y cuál sería tal supuesto de hecho? ¿Qué norma de la regulación del proceso cautelar estaría «incompleta»? Y si existiese ¿por qué recurrir a la LPCA?  Yo sinceramente no lo veo. Es más que probable que la defensa del Gobierno Regional siquiera lo haya pensado.
¿Qué tenemos, entonces? Pues muy simple: el juez estaba obligado a aplicar las normas del CPC, como de hecho lo hizo, sin favorecer ni dar tratamiento especial al Gobierno Regional por ser Administración. Ello pulverizaría la paridad de armas entre las partes.
Usted, amable lector, claro está, puede estar en desacuerdo con mi interpretación. Pero con lo que no podría estar de acuerdo es que se trata de una discusión estrictamente interpretativa. En el caso narrado, no existe ningún acto que configure una falta disciplinaria. La Ley de Carrera Judicial, pensada para proteger la autonomía de los jueces -esto es bueno advertirlo- en ninguna parte contempla algo semejante. Ni tampoco podría hacerlo, so pena de inconstitucionalidad.
Sancionar por empleo de un criterio jurisdiccional es terrible. Pero sancionar por un empleo absolutamente adecuado de un criterio jurisdiccional ya roza la vileza y mala fe. Y digo más: es aquel que sanciona –y no el buen juez– quien debería ser destituido y denunciado por interferir en un proceso judicial y por violar la independencia judicial, ambos expresamente prohibidos por nuestra Constitución. La OCMA no es ni puede ser un juez revisor o una instancia más.
Hay buenos jueces en el Perú. A esos hay que protegerlos y defenderlos, primero que nada, aunque suene inverosímil, de los abusos de sus colegas que trabajan en los órganos de control.
Renzo Cavani (Lima, 1986): Profesor de derecho procesal civil en la Maestría con mención en Derecho Procesal de la PUCP, en la AMAG y en la Facultad de Derecho de la USIL. Magíster por la UFRGS. Abogado por la Universidad de Lima. Miembro del IBDP y ABDPro. Conferencista y consultor jurídico.

 

Reconocimiento de paternidad no puede estar sujeto a plazos

Reconocimiento de paternidad no puede estar sujeto a plazos

http://laley.pe/not/2777/reconocimiento-de-paternidad-no-puede-estar-sujeto-a-plazos/

SUNARP AGILIZA PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Sucesión intestada y transferencia de propiedad se inscribirán en un único trámite

sssssA partir de ahora, la inscripcA partir de ahora, la inscripción de la sucesión intestada y la transferencia de los bienes del causante a favor de sus beneficiarios podrá realizarse mediante un solo trámite. Queda, entonces, en el pasado el doble trámite que debía hacerse para que los bienes dejados por una persona fallecida puedan ser inscritos a favor de sus herederos y sean oponibles a terceros.

Así lo dispone la Directiva que regula en sede registral el trámite simplificado de inscripción de la sucesión intestada y de la transferencia de dominio operada en los predios de propiedad del causante, Directiva Nº 06-2015-SUNARP/SN. Dicha norma fue aprobada mediante Resolución Nº 166-2015-SUNARP-SN y publicada en el diario oficial El Peruano el martes 16 de junio de 2015.

De esta manera, la inscripción de la sucesión en el Registro de Sucesiones Intestadas y de la transferencia consecuente en el Registro de Predios podrá realizarse con un único trámite y en mérito al mismo título. Eso sí, la titularidad dominial del causante debe encontrarse previamente inscrita en el Registro de Predios.

Trámite a seguir

El solicitante deberá consignar en el formato de solicitud de inscripción el número de partida del predio o predios del causante. Si en la solicitud de inscripción de sucesión intestada no se precisa el número de partida de los predios respecto de los cuales operaría la transferencia, la calificación se circunscribirá solo al Registro de Sucesiones.

Cuando se requiera la inscripción de la transferencia por sucesión intestada y esta no se encuentre inscrita en el Registro de Sucesiones Intestadas, la calificación e inscripción de ambos actos corresponderá al registrador del Registro de Predios.

Si se solicita la inscripción de la sucesión intestada y además se señala en el formato de solicitud de inscripción el número de partida de los predios de propiedad del causante, la calificación e inscripción tanto de la sucesión intestada como de la transferencia subsecuente corresponderá al registrador del Registro de Sucesiones Intestadas.

Para ello, se requiere que la oficina registral en la cual se encuentran registrados el o los predios, cuyas partidas han sido precisadas en la solicitud, deberán concordar con la oficina competente para la inscripción de la sucesión intestada. Asimismo, el título deberá contener solo la sucesión intestada de un causante, salvo que se trate de cónyuges o concubinos integrantes de uniones de hecho cuyo reconocimiento se encuentre previamente inscrito.

Esta directiva entrará en vigencia a los 10 días hábiles contados desde su publicación, encargándose su correcta aplicación a los registradores públicos y vocales del Tribunal Registral, los gerentes de Propiedad Inmueble y de Personas Jurídicas y Naturales de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, así como los jefes de las unidades registrales de los órganos desconcentrados de la Sunarpión de la sucesión intestada y la transferencia de los bienes del

Pagar fuera del plazo no evita ejecución de la hipoteca

Pagar fuera del plazo no evita ejecución de la hipoteca

Una vez que  el acreedor da  por vencidas todas  las cuotas del crédito  debido a que el deudor  incumplió el pago de alguna de ellas, este no podrá contradecir válidamente la ejecución aunque pague  las cuotas que debía. En estos casos deberá seguirse con la ejecución del  bien hipotecado y los pagos efectuados  por el deudor solo podrán  tomarse en cuenta para la liquidación  respectiva.

Así lo ha establecido la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, al sentenciar un proceso  de ejecución de garantía hipotecaria. En dicho pronunciamiento (Cas.N° 1392-2013-Tacna del  30/06/2014), se precisa, además,  que el efecto directo de la resolución  del contrato dispuesta por el acreedor es dar “por vencidos todos los  plazos estipulados y exigir el pago  inmediato del íntegro de las cuotas y  proceder a la ejecución de la garantía  hipotecaria”.

Pero ya pagué… 

El BCP concedió un crédito hipotecario  a una sociedad conyugal, quien canceló de forma puntual las primeras  cuotas del crédito previstas en el cronograma de pagos. No obstante, por diversos problemas económicos,  incumplió el pago de siete cuotas  consecutivas, a pesar de las facilidades  otorgadas por el banco.

La reacción del BCP fue resolver el  contrato y dar por vencidas todas las cuotas del crédito. Posteriormente  interpuso una demanda de ejecución  de garantía, a fin de que los deudores  cumplieran con pagar la deuda –de  más de $ 12,000 dólares–, o rematar  el bien hipotecado para recuperar  dicho importe.

La pareja formuló contradicción al  mandato de ejecución argumentando la inexigibilidad del pago. Su  argumento fue que, al momento de contestar la demanda, ya se encontraban al día en las cuotas previstas  en el cronograma de pagos y que, incluso, ya habían adelantado algunas cuotas aún no vencidas. En calidad  de prueba, adjuntaron los recibos  respectivos.

Tanto el juzgado como la Sala Civil  Permanente de la Corte Superior de Tacna desestimaron la contradicción,  por lo que se dispuso el  primer remate público del inmueble  dado en garantía. La Sala señaló  que “el pago de la deuda vencida  fue efectuado pero no dentro del  plazo establecido en el cronograma  de pagos”. Agregó que el ejecutado “(canceló) la deuda vencida cuando  ya se había interpuesto la demanda de ejecución de garantías”.

Disconformes con esta decisión, los  ejecutados la impugnaron mediante casación. Al resolver el recurso, la Sala  Civil Transitoria de la Corte Suprema  consideró que, al momento del pago, el banco ya había hecho uso de la  cláusula octava del contrato, la cual lo facultaba, ante el incumplimiento del pago de una o más cuotas, a resolver  el contrato, exigir el pago íntegro de  las cuotas y proceder a la ejecución  de la garantía.

La Corte también concluyó que los montos depositados por los ejecutados forman parte de la obligación  contraída y que, por lo tanto, dicha  suma debería descontarse en ejecución  de sentencia.

Despacho del Primer Juzgado Civil de Loreto presenta carga cero

Despacho del Primer Juzgado Civil de Loreto presenta carga cero

– Informó Magistrado Alexander Rioja Bermúdez.
– «No es un regalo de nadie, sino producto de un trabajo silencioso compartido durante más de cuatro años».
Pese a los más de cuarenta días de paralización de los servidores del Poder Judicial, los despachos judiciales han venido laborando  con regularidad, lo que se manifiesta en la producción de las sentencias por parte de los jueces de la Corte Superior de  Justicia de Loreto.
En tal sentido, el despacho del Primer Juzgado Civil, a cargo del magistrado Alexander Rioja Bermúdez, ha informado a la Presidencia de la Corte de Loreto que cuenta con CARGA CERO, es decir que no tiene expedientes para sentenciar, debido a que ha ido expidiendo las sentencias en los expedientes que se  encontraban bajo su cargo, aprovechando el tiempo tras la paralización de labores y que no se llevaban a cabo las diligencias programadas.
¿Dr. Rioja, la huelga no impidió emitir sentencias?
«El hecho que los trabajadores jurisdiccionales estaban efectuando un justo reclamo, no ha impedido que los expedientes que ya habían ingresado al despacho para sentenciar, sean resueltos durante dicho tiempo».
Reflexionó diciendo «a los jueces se nos exige que trabajemos más y esta es una muestra de ello, la carga cero, es el resultado de una trabajo de más de cuatro años en esta judicatura, como juez supernumerario y ahora como juez titular, no es un regalo de nadie, sino producto de un trabajo silencioso compartido con todos los que integran este Primer Jugado Civil, para quienes transmito mis felicitaciones y agradecimiento. Y, conforme señalaba Thomas Alva Edinson, las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por las veces que tienen éxito».
Manifestó que el despacho está abierto para la atención de público, litigantes y abogados que desean saber el estado de sus procesos. Mientras las diligencias fueron reprogramadas. A la fecha las demandas ingresadas durante la paralización están siendo calificadas y descargadas en el sistema. El despacho continúa laborando en beneficio de la colectividad loretana.
Cabe destacar que además de su función como magistrado es docente universitario y articulista en revistas especializadas como Diálogo con la Jurisprudencia, Gaceta Constitucional y Gaceta Civil y Procesal Civil, además de autor de libros.
¿Cómo hace para tener tiempo y dedicarse a la actividad jurisdiccional a la vez?
«Bueno, creo que nos debemos dar tiempo para todo, siempre se me cuestionaba por escribir artículos jurídicos y descuidarme de mi despacho, esto es una prueba que no es así, no es necesario que utilice las horas de despacho para escribir, quizá mis horas de sueño se ven reducidas para dedicarlas a la investigación y comentarios jurídicos, ello no impide que como cualquier ser humano pueda salir a departir y entretenerme».
¿Por qué es el único magistrado que publica una agenda judicial de sus actividades en el despacho?
«Lo real y cierto es que algunos abogados y personal, muchas veces guardan información respecto del estado de los procesos judiciales con la finalidad de beneficiarse económicamente, si un ciudadano sabe que su proceso está por ser sentenciado o ha presentado una demanda y el abogado no le quiere informar, bastará con revisar su diario y verificar el estado de sus proceso, si ya está para la calificación, si ya se le rechazó, si su expediente está para  sentencia o se encuentra resuelto o si ya se programó alguna audiencia. No será necesario que venga al despacho y mucho menos ingresar al internet. Ello permite mayor transparencia y evitamos exista un aprovechamiento por personas inescrupulosas que dañan la imagen de los jueces y del Poder Judicial.»
Vale preguntarse frente a esta revelación cuántos magistrados más se sumarán y publicarán su agenda judicial, que parece el sistema más práctico y democrático en la información hacia los interesados. Es un logro en cuanto a la transparencia de la información que puede mostrar la Corte de Loreto. «Esperamos poder seguir informando de esta manera situaciones que contribuyan al mejoramiento de la imagen de los jueces y servidores del Poder Judicial», concluyó el magistrado Alexander Rioja. (D.López)

Las 7 sentencias más vistas en abril de la Corte Suprema

AS RESOLUCIONES MÁS COMENTADAS POR NUESTROS LECTORES

Las 7 sentencias más vistas en abril de la Corte Suprema

Durante abril en LaLey.pe hemos difundido diversas y recientes jurisprudencias del Poder Judicial. Estas son las 7 que han tenido más “likes” y que han reunido el mayor interés de nuestros lectores

Todos los meses difundimos los más recientes pronunciamientos de la Corte Suprema, buscando siempre aquellos que tomen posición sobre los temas más controversiales de la práctica judicial. Abril no ha sido la excepción. A continuación, un resumen de las resoluciones más destacadas, según las preferencias de nuestros lectores:

1. Se definen las diferencias entre complicidad primaria y secundaria 

Una importante precisión jurisprudencial: es cómplice primario quien realiza actos que sean esenciales para que el autor pueda cometer el delito, mientras que cómplice secundario es aquel que realiza cualquier contribución que no sea esencial para la comisión del delito.

Así determinó la Corte Suprema el tipo de aporte que debe verificarse para condenar por complicidad a una persona. Para ello, afirmó que la vía idónea es tomar en consideración los criterios de imputación objetiva partiendo de los postulados de la teoría del dominio del hecho. Más detalles sobre este relevante fallo aquí.

2. Límites para la tercería preferente de pago 

La Corte Suprema precisó que el artículo 534 del Código Procesal Civil, que establece que la tercería de derecho preferente puede interponerse antes que se realice el pago al acreedor, debe ser interpretado en el sentido de que bastará un pago parcial al ejecutante para que dicha tercería sea improcedente. No se requiere un pago íntegro, como lo exige el Código Civil. Lea la nota completa aquí.

3. No procede pago de costos y costas en procesos contencioso-administrativos 

También se publicó un nuevo precedente vinculante, por el cual los jueces deben abstenerse de condenar al pago de costos y de costas procesales a las partes que intervienen en el proceso contencioso administrativo. Este precedente busca que los jueces no omitan la aplicación del artículo 50 del TUO de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Mayores detalles aquí.

4. Contratación irregular de profesora no constituye delito de peculado 

La Corte Suprema también precisó que la contratación irregular de un docente no genera una apropiación indebida de caudales o efectos del Estado cuando efectivamente se cumple el servicio para el que fueron encomendados. Estos casos solo constituyen responsabilidad administrativa. Vea la nota aquí.

5. Juez puede incorporar pruebas oficio no permitidas a las partes

La exigencia a las partes de presentar pruebas de actuación inmediata en el proceso sumarísimo no alcanza al juzgador, quien podrá actuar de oficio toda clase de medios probatorios. Así lo estableció la Corte Suprema, en un proceso de desalojo por precario, en el cual afirmó que el juez puede incorporar de oficio pruebas que no sean de actuación inmediata. Más información aquí.

6. Informe policial es determinante en caso de lesiones por violencia familiar 

En los casos de violencia familiar, los jueces deben valorar el informe policial a fin de establecer quién es la persona que causó las lesiones. No hacerlo supone la vulneración del principio de unidad de la prueba, previsto en el artículo 197 del Código Procesal Civil, aplicable a los procesos penales. Vea la nota aquí.

7. No hay delito de colaboración al terrorismo si agente actuó por miedo insuperable 

Finalmente, la Corte Suprema aclaró que no pueden interpretarse como voluntarios aquellos actos de colaboración que se realizaron por miedo a las amenazas contra la propia vida y de terceros realizadas por grupos terroristas. En estos casos, corresponde eximir de responsabilidad penal al procesado que actúa bajo un miedo insuperable. Nuestro análisis completo aquí.