Wilfredo Ardito Vega
Ayer martes, durante la presentación del Manual para el Empleo del Quechua Chanka en la Administración de Justicia (ver manual), señalé que, por fin, el Estado peruano enfrentaba la deuda social que tenía hacia millones de quechuahablantes.
Desde la Independencia, la decisión estatal fue asumir solamente el castellano como lengua oficial. Ninguna norma era traducida, aunque, paradójicamente, los indígenas estaban obligados a cumplirlas. De esta manera se incumplía la premisa fundamental para un Estado de Derecho: que los ciudadanos puedan conocer las leyes. Muchos criollos no percibían a los indígenas como ciudadanos y, en todo caso, pensaban que los idiomas indígenas estaban condenados a desaparecer, pero casi doscientos años después, la población que habla idiomas indígenas es muy superior al total de la población peruana de aquel entonces.
Durante este tiempo, el monolingüismo estatal
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