22/9/2020
La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, sostuvo hoy que el debate público de la demanda de inconstitucionalidad sobre la prescripción de deudas es un ejercicio democrático y una muestra de transparencia ante la ciudadanía.
Precisó que la población ha podido conocer los argumentos planteados por cada uno de los magistrados en torno a la demanda que hubiera implicado que 158 contribuyentes dejen de pagar deudas tributarias.
“El TC ha hecho un ejercicio democrático y transparente, en que todos han dado sus argumentos, ese es el legado que deja esta gestión, una mirada de apertura a los debates donde hay grandes intereses generales que se debe compartir con la ciudadanía”, apuntó en ATV.
La magistrada también señaló que con el fallo que declara fundada la demanda de inconstitucionalidad contra la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1421, se afirma el hecho que todos los contribuyentes tienen la obligación de pagar las deudas tributarias sin restricción.
Indicó que en toda esta controversia el Tribunal Fiscal ha jugado un papel no adecuado al haber cambiado las reglas de un decreto legislativo del 2012, apartándose de la interpretación de la teoría de los hechos cumplidos en el caso de la prescripción de las deudas tributarias.
Explicó que cuando existe una deuda, el acreedor tiene un tiempo para cobrarla, agotado ese plazo, vence también el derecho al cobro. En el caso de las deudas tributarias, refirió, la discusión era si primero se debiera fiscalizar y fijar el monto de la deuda para después iniciar las acciones de cobro.
“Había una jurisprudencia, se entendía en el plazo tenía dos etapas para determinar la deuda y para cobrarla, no podía darse las dos cosas a la vez, pero el Tribunal Fiscal, en el 2013, dice que esa teoría no resulta aplicable a los deudores que iniciaron el computo de su prescripción antes del 2012”, afirmó
Ledesma sostuvo que corresponde a la Sunat determinar el monto de la deuda y hacer efectivo el cobro a fin de garantizar los recursos necesarios para que el Estado pueda cumplir su labor.