PARAISOS FISCALES: ¿Una nueva agenda?

A continuación, tres noticias recientes -con ocasión de la reunión del G8 en Inglaterra- sobre la situación de los Paraisos Fiscales. Una aparecida en el Diario Finanzas, la otra en el Diario El Clarín y la tercera en el Diario El País.

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Guerra Mundial contra los Paraísos Fiscales
Las grandes potencias mundiales han decidido declarar la guerra a los paraísos fiscales. Esos lugares diseminados por el mundo, más bien pequeños, pero que mueven ingentes cantidades de dinero que escapa al control de los estados.
La razón es doble. De un lado, muchas empresas domiciliadas en estos paraísos se encuentran detrás de buena parte de los desaguisados cometidos en el sistema financiero internacional, espoleta de una crisis de incalculables consecuencias a la que todavía no se ve la puerta de salida. Por otro, las haciendas de los estados ven con mal disimulado enfado cómo se escapan por el sumidero ingresos fiscales, que en estos momentos de crisis serían vitales para mantener una política activa de inyección de fondos públicos en una economía maltrecha y deprimida.
El mismo día en que el G-20 hacía pública su declaración final y proclamaba su ferviente deseo de barrer del mapa estos territorios ‘sin ley’, la OCDE publicaba una lista -en realidad es una revisión de la que dio a conocer en diciembre de 2003-, para colocar a cada uno en su sitio. El primer grupo de países referenciados por la organización multilateral -entre los que se encuentra España- es el de quienes cumplen con un estándar internacional en materia de impuestos y también de intercambio de información bancaria. El segundo, compuesto por 30 países -entre ellos Bahamas, Andorra, Gibraltar, Las Islas Vírgenes, Islas Caimán, Panamá, Samoa, Mónaco o Liechtenstein-, agrupa a los países que responden al retrato robot de un paraíso fiscal, aunque se han comprometido a modificar sus legislaciones. Junto a ellos, también hay un grupo de ocho que no plantean problemas de índole fiscal, aunque sí en materia de acceso a la información bancaria. Por último, la OCDE había identificado cuatro países -Costa Rica, Malasia, Filipinas y Uruguay- que no sólo están catalogados como paraísos sino que, además, no parecían tener intención alguna de dejar de serlo.
La declaración contundente del G-20 parece haber cumplido de forma sobrada su primer efecto. Estos cuatro paraísos, en principio irreductibles, ya han anunciado su intención de modificar las legislaciones, lo que ha llevado a la OCDE a retirarles de forma inmediata de la ‘lista negra’. Un término que, por cierto, no es del agrado del presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, que prefiere calificarlo como «un informe de progreso». «Hay que lograr que las jurisdicciones que no cooperan en la lucha contra los paraísos fiscales, lo hagan», justifica.
Pero también es cierto que esas mismas superpotencias y países que declaran su firme propósito de luchar contra la evasión fiscal, tienen mucho que hacer en su propio territorio antes de mirar a los vecinos. Estados Unidos tiene la mancha del estado de Delaware; Gran Bretaña no podrá alardear de limpieza mientras mantenga el estatus de Gibraltar y países de la UE como Luxemburgo, Holanda o Bélgica deben poner en revisión su normativa bancaria para que circule el aire por sus ordenadores.
La OCDE, de la mano de un grupo de expertos, ha definido también con bastante precisión qué es un paraíso fiscal. Es un territorio en el que prácticamente no se pagan impuestos o éstos son muy bajos; donde reina el secreto bancario; con un escaso o nulo control sobre los movimientos de capitales; que ofrece enormes facilidades para la constitución de sociedades a los extranjeros y, como resultado de todo ello, donde el sector bancario tiene una implantación muy superior a lo que justificaría la actividad económica convencional del país.
También existe una clara segmentación de los usuarios. El 50% son compañías multinacionales que utilizan uno de estos territorios para ubicar sus sedes formales, con el objetivo de minimizar el pago de impuestos y maximizar el beneficio; el 25% son grandes fortunas personales que persiguen el mismo objetivo, y el 25% restante, lisa y llanamente, corresponde a personas que dedican su vida a actividades criminales y no están por la labor de dejar rastros en materia económica.

Los anuncios del G-20 contra los paraísos fiscales quedaron en nada
En la lista negra había 4 países. Prometieron reformarse y ahora ya no serán castigados.
Cinco días después de que los máximos dirigentes mundiales, reunidos en Londres en la cumbre del G-20, anunciaran con bombos y platillos sanciones para los paraísos fiscales que se negaron a abandonar sus prácticas, la lista negra preparada por la OCDE dejó de existir.
Aunque algunos investigadores calculan que los paraísos fiscales superan el medio centenar, apenas cuatro países integraban la lista negra de la OCDE: Costa Rica, Filipinas, Malasia y Uruguay.
No obstante, esa lista quedó vacía en cuanto los cuatro señalados se apresuraron a prometer oficialmente buena conducta, lo que les valió – sin más examen- pasar a la abultada lista gris, donde ya figuraban 38 países sobre un total de 84 estados y territorios analizados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Así lo anunció ayer en París, el mexicano Angel Gurría, secretario general de esa organización.
Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, todos ellos miembros de la OCDE y los tres primeros también de la Unión Europea se mostraron disgustados por haber sido puestos en el mismo nivel de notorios refugios fiscales como Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, Panamá o las islas Bahamas, es decir, de aquellos estados y jurisdicciones que “se han comprometido a aplicar las normas fiscales internacionales estándar, pero todavía no las han aplicado ampliamente”.
Brunei, Chile, Guatemala y Singapur aparecen como “otros centros financieros” para diferenciarlos de los paraísos fiscales tradicionales.
No hay una lista gris claro y otra gris oscuro, sólo un único y espeso gris.
Gurría, negándose a aceptar la definición por colores -“Aquí somos daltónicos”, bromeó-, remarcó que sólo hay tres listas: la de quienes cumplen, la de quienes se han comprometido a hacerlo y la de quienes ni una cosa ni otra.
Esta última es la que ayer desapareció por completo.
Los criterios aplicados por la OCDE para calificar a los alumnos buenos y a los mediocres -puesto que malos ya no hay- han sido ampliamente contestados, y lo siguen siendo. Ayer mismo, la ministra suiza de Asuntos Exteriores, Micheline Calmy-Rey, desacreditó las listas afirmando que los criterios aplicados “son políticos”.
Austria y Luxemburgo han hecho objeciones parecidas: “Me parece un poco incomprensible el trato que se da a ciertos estados”, se quejó ya el pasado viernes el primer ministro luxemburgués – y presidente del Eurogrupo-,Jean-Claude Juncker.
Gurría defendió ayer el trabajo de la OCDE, recordando que las listas son elaboradas desde hace varios años y que siempre -ahora también- se han aplicado los mismos criterios, básicamente el número y calidad de los acuerdos de cooperación fiscal suscritos por cada país.
“No hemos hecho nada nuevo. Es la misma información leída y recibida con una actitud diferente”, afirmó.
Gurría, visiblemente incómodo, tuvo más dificultades para justificar por qué Estados Unidos, Gran Bretaña y China están en la lista blanca, cuando en su interior tienen territorios que actúan como paraísos fiscales – el estado de Delaware, las islas anglonormandas (Jersey), la isla Man, Macao y Hong Kong- y por qué se mete en el mismo saco a estados respetables y paraísos fiscales.
“Es cierto que hay algunas jurisdicciones que se comprometieron hace años y no han avanzado lo suficiente”, admitió.
Gurría se mostró confiado en que el movimiento desencadenado por el G-20 acabará obligando a los más renuentes a sumarse al consenso internacional, haciendo inútiles las sanciones. “Si tuviera que aplicarse sanciones, sería un fracaso para nosotros”, zanjó.

La OCDE y los Paraísos Fiscales
Ya no queda ningún país en la lista negra de paraísos fiscales que ha elaborado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los cuatro que el pasado jueves fueron incluidos en ese listado (Malaisia, Filipinas, Costa Rica y Uruguay) se han comprometido a intercambiar información financiera según lo reclama la OCDE y han pasado, por lo tanto, a la lista gris, algo más benigna.
Así lo aseguró ayer el secretario general de la OCDE -que aglutina a las 30 economías más desarrolladas del mundo-, Ángel Gurría, en una comparecencia en la sede de esta organización, en París. Gurría añadió que el hecho de que la lista negra se haya quedado sin componentes es un “significativo progreso” en la lucha contra los paraísos fiscales.
Esta lista fue elaborada a petición de los países integrantes del G-20, reunidos en Londres la semana pasada. En la parte buena, la blanca, figuran los 40 países con fiscalidad baja o inexistente o con secreto bancario, que cumplen con todos los requisitos, en cuanto a transparencia bancaria, reclamados por la OCDE; en la sección intermedia, la gris, figuraban 38 países y jurisdicciones que, si bien se habían comprometido a cumplir estos requisitos, no lo habían hecho todavía.
Algunos, de hecho, se habían apresurado en las últimas semanas a hacer concesiones y promesas, precisamente, para escapar a esa lista negra. Ésta, al final, sólo incluyó los cuatro países citados, los cuales también decidieron apresurarse, tras su publicación, a llegar a compromisos para salvar su imagen. Uruguay fue el primero: un día después de saberse integrante de la lista negra anunció compromisos e intercambios de información suficientes como para situarse en la parte gris.
Pasar de la lista negra a la gris no garantiza haber dejado de ser un paraíso fiscal. Gurría señaló que el “gran trabajo” que queda ahora por hacer, precisamente, es el de demostrar que estos países cumplen lo acordado. Y añadió: “Hay países como Suiza o Austria que han hecho compromisos y que, como países serios que son, los van a cumplir. Y se quejan de figurar en la misma lista de otros países que, hace años, se comprometieron a lo mismo y no lo han cumplido. Ahora se trata de comprobar eso”, dijo el secretario general de la OCDE.
El G-20 amenazó con sancionar a los paraísos fiscales. Gurría contemporizó algo más. Se mostró partidario de olvidarse de las sanciones debido a que, entre otras cosas, “el clima ha cambiado” en las últimas semanas. Para Gurría, más importante que las sanciones es el hecho de que todos los países tachados de paraísos fiscales se hayan comprometido a colaborar con la OCDE y estén firmando acuerdos bilaterales para intercambiar información y salir de la opacidad bancaria.
Ya el jueves, poco después de conocerse el contenido del listado, muchos de los países afectados se quejaron de estar incluidos y denunciaron los procedimientos empleados por la OCDE para asignar el gris a una jurisdicción o el blanco a otra.
Luxemburgo, Suiza y Austria, especialmente, criticaron el hecho de encontrarse en la lista gris. Ángel Gurría aseguró ayer que los criterios que determinan si un país se encuadra en un lado o en otro son los mismos para todos. Jeffrey Owens, director del departamento de fiscalidad de la OCDE, presente en la comparecencia, insistió en la “objetividad” del proceso.
Esto no convence a Suiza, entre otros países. La ministra de Asuntos Exteriores helvética, Micheline Calmy-Rey, declaró ayer a la agencia de noticias AFP que los criterios por los que se ha basado la OCDE a la hora de elaborar su lista son “políticos”. Además, el Parlamento suizo ha invitado oficialmente a Ángel Gurría a que explique, en Berna, la manera de elaborar el listado y que detalle por qué Suiza se encuentra en la lista gris.