Estimados amigos:
Una interesante reflexión de Juan de Dios Olaechea, aparecida en el Diario El Comercio del 16 de febrero pasado denominada como “COMPETENCIA DESLEAL EN EL SECTOR TRANSPORTE”.
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Por: Juan de Dios Empresario
Luego de ceder a las presiones y a las amenazas de desabastecer la ciudad de un grupo de empresarios de transporte de carga e interprovincial, el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso para devolverles el 30% de lo pagado por Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) por los combustibles que usan, excluyendo a los ferrocarriles y generando un trato discriminatorio entre dos actividades que compiten directamente. El Congreso incluyó al sector ferroviario, pero el Ejecutivo insiste en la exclusión.
La posición del Ejecutivo es solo un ejemplo de la discriminación que desde el Estado se ejerce contra el desarrollo ferroviario en el país. El tema del ISC es solo la punta de iceberg. Por ejemplo, si usted se transporta en ferrocarril paga IGV, mientras que si se transporta en buses, no paga. El Estado subsidia anualmente a la Carretera Central con US$25 millones, con lo que beneficia a buses y camiones, mientras que el ferrocarril, además de impuestos, paga un peaje equivalente al 36,9% del total de sus costos. A pesar de ello, el tren es más eficiente que sus competidores. Imaginémonos cómo la congestión y la inseguridad en la Carretera Central desaparecerían si se les exigiera a los camiones y ómnibus pagar los verdaderos costos que genera su actividad.
En este tema del ISC no están en juego montos o beneficios específicos, sino principios básicos. El ferrocarril está en contra de obtener ese beneficio. La devolución del ISC ha existido varios años y no ha demostrado ser la solución al problema de la informalidad, pues solo benefició a unos cuantos y ya existe el sistema de detracciones del IGV que funciona bien. Además, el chantaje no puede ser un arma empresarial para lograr medidas a favor. No es admisible poner en vilo a la ciudadanía y arrinconar al Gobierno paralizando un servicio público esencial. Ceder al chantaje es siempre una pésima señal.
El comportamiento del Ministerio de Economía en este caso ha sido lamentable. Si su papel es ser el guardián de las finanzas públicas, debió mantenerse firme en rechazar el beneficio, más aun a favor de empresarios que usaron el chantaje. El MEF discrimina al ferrocarril y da el mensaje que los grandes propietarios de ómnibus y camiones necesitan ayuda y que tienen el derecho porque hicieron una huelga.
Pero más lamentables fueron las cifras señaladas para justificar la discriminación. El costo fiscal, según la ministra Aráoz, de devolver el 30% del ISC a los ferrocarriles superaría los S/.100 millones, cuando en realidad no llega a los S/.6 millones en tres años. Y la razón es simple: en el Perú solo hay dos ferrocarriles operando: centro y sur. No hay forma de llegar a una devolución de S/.130 millones. Grueso error.
El ferrocarril no reclama ningún beneficio, sino el respeto de principios básicos de competencia leal en una economía de mercado. En economías donde no se discrimina al ferrocarril, este ha demostrado ser —de lejos— mucho más eficiente que otros medios de transporte. Y esto beneficia a los consumidores. Solo un trato equitativo podrá hacer que los numerosos proyectos ferroviarios que hoy florecen vean la luz. Por ello, el Gobierno y el Congreso deberían archivar ese beneficio que está viciado de raíz y prohibir un trato discriminatorio entre actividades económicas. Si las autoridades entienden ese principio básico, todos saldremos ganando.
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