SOBRE LA ACTIVIDAD DE CONTROL EN EL PERÚ

Estimados Blogueros:

Ricardo Uceda, un importante periodista de investigación peruano, acaba de publicar en el Diario La República unas reflexiones interesantes sobre el rol de la Contraloría, especialmente a instancias del problema que hay en la Region Ancash, bajo el título “El contraslor y los 40 auditores”.

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Por: RICARDO UCEDA

Uno de los fenómenos más chocantes de las últimas semanas es el desfase entre la retórica sobre la política de gobierno abierto que, supuestamente, auspicia el Poder Ejecutivo, y los hechos de corrupción que se pusieron en evidencia en Áncash. La impresión resultante es que fracasaron las políticas de prevención y de control. Aunque la gestión del Ministerio Público es la más criticada, la actuación de la Contraloría suscita sinnúmero de interrogantes. Después de seis años de denuncias sistemáticas por irregularidades en las obras públicas –César Álvarez gobierna, reelección mediante, desde 2007– recién ha trasladado a un equipo de peritos para hacer un examen a fondo.

Parte de las contrataciones públicas en Áncash fueron hechas a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), cuyo estatus internacional sustrae a sus operaciones del control nacional. Pero otra parte fue realizada mediante licitaciones y adjudicaciones directas. Se diría que la mayor proporción de denuncias provienen de las operaciones que sí son fiscalizadas por la Contraloría: obras que no se cumplen, dinero mal empleado, ausencia de inspección. Los problemas reportados rebasan la problemática de las licitaciones, que son vigiladas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OSCE. Ahora el contralor Fuad Khoury ha anunciado una “guerra contra la corrupción” en Áncash, adonde ha enviado cuarenta auditores, pero sin haber logrado eliminar la impresión de que este belicismo debió empezar mucho antes.

En el momento previo a la muerte de su opositor, Ezequiel Nolasco, el presidente regional se ufanaba de ser el que mejor ejecutaba el gasto público de entre sus colegas. ¿Quién lo avalaba? Nada menos que el MEF, que el 2010, 2012 y 2013 declaró que Áncash estaba en el primer lugar de gasto público responsable. Por el mismo motivo Áncash fue premiado por la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Con estos pergaminos Álvarez decía que su gestión trabajaba con eficiencia y responsabilidad, y hay que suponer que mucha gente lo creía. En realidad, Álvarez se había gastado la plata de un canon aún no recibido, lo que lo puso en el tope de los mejores ejecutores del MEF. A mediados del 2013 supo que el canon no alcanzaba,  y padeció un problema de liquidez que lo hizo venir a Lima a exigir recursos al gobierno central.

Pero el problema de fondo no es el gasto, sino la corrupción en el sector público. En  el diseño del Estado Peruano, una institución con poderes y recursos para prevenirla y combatirla es la Contraloría General de la República. Es evidente que su acción no basta y que tiene que actuar de mano con el Ministerio Público y la Policía, que investigan los delitos, y con el Poder Judicial, que los sanciona. Pero es el organismo específicamente comisionado para detectar y denunciar la corrupción dentro del aparato del Estado, con una visión completa de todos los procesos. La pregunta es si está preparada para hacer frente a intrincados procesos donde hay todo un sistema organizado para sacarles la vuelta a las normas. Como en Áncash.

Funcionarios públicos entrevistados para esta nota dijeron que la Contraloría, a su juicio, gasta demasiada energía en los detalles. Alguien que ha trabajado dirigiendo una oficina muy importante del gobierno, que diseña política y ordena gastos, explicó: “Me pedían que entregara constancias de asistencia de personas que habían asistido a un taller. También se preocupan de si el mobiliario está en buen estado, de si los términos de referencia de una contratación están bien hechos,  o por detalles de procesos de selección menores de cien mil soles. Hay funcionarios procesados por no haber llenado bien formatos de entrega de cargo o por asuntos aún menores. Está bien. ¿Pero por qué no hicieron lo mismo en Áncash?”.
Hace pocos días, en una entrevista radial, Raúl Molina, quien fuera jefe de asesores del premier César Villanueva, dijo a propósito de lo ocurrido en Áncash que la Contraloría tendría que ser objeto de una reforma. “En vez de hacer un show con sus auditores debió intervenir antes”. En descargo de la Contraloría, habría que decir que la presencia de los auditores en Áncash empezó a ser preparada desde septiembre del 2013, cuando era evidente que había demasiados casos por explicar. Para entonces, once adquisiciones y obras públicas estaban bajo un examen especial por supuestas irregularidades. Una de ellas era la compra de 79 ambulancias deficientes. El informe de Contraloría sirvió para que el fiscal Luis Checa –a quien luego intentaron despedir sus superiores– denunciara al presidente regional ante el Poder Judicial.

En Áncash, el jefe de la Oficina de Control Institucional (OCI) es nombrado y pagado por el Contralor, pero no la mayor parte del personal dedicado a esa función. “Era su hombre”, dice Molina. Pero, de acuerdo con Fuad Khoury, el problema principal está en que la mayoría de auditores del Estado no está bajo el mando efectivo de la Contraloría, pues quienes les pagan y contratan son las entidades públicas. Aunque hay una ley que dispone que progresivamente la Contraloría irá eligiéndolos cada vez a más con su propio presupuesto, aún no se sabe cuándo terminará el proceso. Hay unos tres mil auditores que son nombrados y remunerados por los titulares de la institución a la que sirven. Es una cifra tres veces mayor a la de auditores que trabajan directamente para la Contraloría. Essalud, por ejemplo, escoge quiénes serán sus supervisores. Los institutos armados también, y las plazas están cubiertas por militares en el retiro. En todo el Estado, incluyendo a sus diversas empresas, el universo del control es inmenso: 174 mil millones de soles de ejecuciones presupuestales, 160 mil procesos de contratación, 29,000 obras públicas. Ante lo cual, solo una minoría de entidades posee Oficina de Control Institucional (OCI).

La tienen 751 de un total de 3,367 reparticiones públicas en todo el país. De ellas 492 son conformadas y pagadas por la entidad a la que fiscalizan y 259 por la Contraloría. Un reclamo de Khoury es que solo controla plenamente al ocho por ciento de los controladores, en los sitios donde los hay, que son el 22 por ciento del total. Pero su reclamo mayor es otro: que de 2,752 mil funcionarios públicos denunciados penalmente por la Contraloría desde 2009, hubo 298 sentenciados y solo once recibieron prisión efectiva.

–El verdadero poder para combatir a la corrupción no está en la Contraloría –dijo Khoury– sino en el Ministerio Público. ¿De qué vale denunciar si hay impunidad?

Dejando pendiente el escrutinio a la Contraloría, ¿hay alguna responsabilidad en el gobierno? La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) coordina con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), que reúne a organismos públicos y privados, pero su misión es proponer políticas y leyes que en algún momento podrían aprobarse. Demasiado aéreo. La Secretaría de Gestión Pública de la PCM diseña políticas para hacer un Estado más eficaz y transparente, pero no se encarga de ejecutar políticas anticorrupción. Por otra parte, las leyes le dan al Poder Ejecutivo una capacidad supervisora, fiscalizadora y sancionadora en todo nivel, que no emplea. Por lo menos algunos organismos tipo Poder Judicial, Ministerio Público, SUNAT, Contraloría y la Unidad de Inteligencia Financiera podrían coordinar ejecutivamente, con la misión concreta de acabar con grandes focos de corrupción. Pero falta un liderazgo.

Tampoco el presidente Humala está interesado en dar el ejemplo, yendo más allá de la ley y mostrando completa su declaración jurada de bienes y rentas. Por su parte, la sociedad civil agrupada en ONG aún no logra que se cumpla verdaderamente con la ley de acceso a la información pública creando un mecanismo de cumplimiento. Esta ausencia esteriliza a la ley. Lo que está funcionando es el periodismo de todas las tendencias. Las denuncias importantes en los últimos años han venido de la prensa. Ninguna de los organismos estatales de fiscalización.