Estimados blogueros:
El Congreso ha accedido a discutir los proyectos de ley recientemente presentados sobre la suspensión o eliminación del Aporte Obligatorio para los independientes a los Sistemas Público y Privado de Pensiones. Vamos a ver como se desarrolla la situación, a ver si retroceden en esta mala decisión, o cuanto menos crean un sistema que no desincentive a afiliarse al Sistema Público.
Respecto a mi anterior opinión sobre este régimen futuro, he recibido varios comentarios en torno a los dos tópicos siguientes: (i) la libertad del independiente de decidir sobre su “vejez financiera”, y (ii) la efectividad del régimen privado de pensiones.
Pienso que para aportar al debate en ambos tópicos puede ser útil las dos reflexiones siguientes. La primera es de Richard Webb (Economista reputado) publicada en el Diario El Comercio el 04.08.2014 bajo el título “AFP”. Y la segunda de Gustavo Rodríguez Garcia (Profesor de la UP) publicada en el Blog El Cristal Roto el 02.09.2013 bajo el título “¿Y si no todos nos jubilamos?”.
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AFP
Por: RICHARD WEBB
El sistema AFP ha fracasado en su objetivo principal, asegurar la vejez del trabajador, a pesar de dos décadas de existencia y del apoyo del Estado a través de elevadas comisiones. Al final, apenas uno de cada siete trabajadores cotiza cada año. Entre los afiliados que aportan irregularmente, y la mayoría que nunca aporta, es evidente que la protección lograda es una pequeña fracción del objetivo buscado, y que la mayor parte de la población se encuentra desprotegida. Cualquiera diría que es hora para un reexamen.
Varios errores confluyeron en la creación de las AFP. El primero fue la creencia de que el peruano no ahorra, idea nunca sustentada pero tenaz, quizá por la predisposición a menospreciarnos. La realidad es todo lo contrario. La familia peruana no solo ahorra, sino que está entre las que más ahorran en el mundo. Según la encuesta anual de niveles de vida, en el 2013 el ahorro de las familias fue 24% de sus ingresos, antes de su aporte a los fondos de pensiones, o de su considerable gasto en educación. La contundencia de esa estadística se suma a que todos somos testigos del masivo esfuerzo de ahorro e inversión de millones de familias que construyen y mejoran sus viviendas y negocios en las ciudades, capitalizándolas con mercadería, máquinas y vehículos de trabajo, proceso que se viene repitiendo en las áreas rurales.
El segundo error fue tratar a la gente como si fueran muebles, sujetos pasivos e inmóviles, sin tener en cuenta que los obligados a cotizar podrían reducir otras formas de ahorro, mientras que los no afiliados podrían aumentar otras formas de ahorro, y eso, precisamente, es lo que ha sucedido. Al final, afiliados y no afiliados ahorran casi el mismo porcentaje de sus ingresos, según el estrato de ingresos en que se ubican. Entre las familias con ingresos entre quinientos y mil soles mensuales por persona en el 2013, los afiliados ahorraron 19% y los no afiliados 17%. Entre los que superaban los mil soles, los no afiliados ahorraron incluso más que los afiliados. Más que aumentar el ahorro, las AFP lo estarían reorientando hacia el sistema financiero, al Estado y a la gran empresa.
El tercer error fue subestimar el fuerte incentivo a la informalidad creado por el aporte retenido en planilla. Si bien estas sufren varias retenciones con objetivos sociales, la que más incentiva la informalidad es la pensión obligada, por su alto monto, y porque es la que menos valor tiene en la percepción del trabajador. Comparando, las retenciones por gratificación y vacaciones son una modificación en el calendario de la remuneración más que un verdadero sobrecosto. Incluso la CTS, ahora flexibilizada, es percibida casi como remuneración.
Un cuarto error fue escoger un modelo de seguridad social diseñado para Suiza o Chile, países con alta formalidad, trabajadores mayormente en planilla y un Estado competente. En el Perú, ni el Estado mismo cumple sus deudas a las AFP.
En vez de incluir, las AFP agravan la división entre lo formal y lo informal. En vez de un sistema inclusivo y de bajo costo, imponemos uno tan costoso que excluye a la mayoría, luego socorremos parcialmente al pobre extremo con una costosa Pensión 65, y al final dejamos a la mitad de la población desprotegida.
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¿Y si no todos nos jubilamos?
Por: GUSTAVO RODRÍGUEZ GARCÍA
Con mucha sorpresa leí este domingo en la sección “Portafolio” del Diario El Comercio, la columna del destacado economista Eduardo Morón que es introducida con la frase “Todos nos vamos a jubilar”. En dicha columna, se sostiene que “…todos los trabajadores, sean independientes, dependientes, formales o informales, nos jubilaremos de algún modo”. Finalmente, el economista “saluda” que “alguien” nos esté “forzando” a “pensar” en los riesgos que tendría para nosotros no ahorrar pensando en el futuro.
El gran problema de la tesis planteada es que la premisa es absolutamente falsa: no todos nos vamos a jubilar. Tampoco es cierto, además, que se nos esté forzando a pensar en el ahorro, el ahorro es lo forzado y no la reflexión. Quiero que se me entienda bien. No pretendo afirmar que el ahorro sea negativo, por el contrario, creo que es importante que todos tomemos conciencia de la importancia de la previsión y, de cara a esa meta, creo que es indispensable que exista mucha educación. Mi punto es otro y permítanme asumir un escenario opuesto al del profesor Morón: tengo 30 años (esto no es una asunción, es verdad) pero supongamos que moriré a los 36 años. Claramente, eso no puedo saberlo. La muerte es un desenlace que usualmente no está agendado en nuestro calendario. Sin embargo, el Estado me obligó a ahorrar teniendo en mente un escenario que puede no ocurrir. De esta forma, fondos que yo pude gozar en vida, ahora simplemente pasarán a otras manos (no me interesa discutir aquí cuáles son esas otras manos). Yo siempre he creído que uno debe gozar lo que tiene en vida. Llámelo egoísmo o como quiera pero lo que es cierto es que cuando la muerte nos toca, nuestros ahorros no nos acompañarán en el ataúd.
El profesor Morón afirma que todos nos vamos a jubilar. Eso es a todas luces falso. El profesor Morón podría decir en respuesta que simplemente asumió un escenario para sustentar su punto. Pues bien, yo he decidido asumir uno distinto para sustentar el mío. La diferencia está en que mi asunción -“que no todos nos vamos a jubilar”- es ciertamente más realista que la suya. Hay que decir las cosas como son: el aporte obligatorio representa un esquema de ahorro forzado. Y ese ahorro forzado responde a una pretensión paternalista: el Estado cree que puede decidir mejor qué nos conviene que nosotros mismos.
En efecto, lo que tenemos entre manos es la asunción de que muchos independientes no llegarán a su vejez con fondos suficientes para gozar de una “tercera edad digna” sea lo que sea que la palabra “digna” significa. Permítame asumir nuevamente algo: imagínese que uno contrae una deuda cuantiosa teniendo en cuenta su capacidad de pago. Luego de hacer un análisis detenido de la situación, llega a la conclusión de que puede hacerse del préstamo dado sus ingresos presentes. Imagínese que, de forma inusitadamente presurosa, se aprueba una ley que dispone que ahora tengo aproximadamente un 13% menos de mis ingresos y, con este panorama, ya no puedo honrar mis obligaciones. ¿Le suena conocido? A mi sí. Lo que ha ocurrido es que por preservar mi futuro digno se me ha sometido a un presente indigno (notificaciones de cobranza, entre otros).
Existe buena evidencia de que los individuos valoramos más lo que tenemos hoy respecto de lo que tendremos en el futuro (un buen comentario sobre el particular en el post del profesor de la UP, Óscar Súmar cuestionándose, también, el aporte obligatorio). Podemos asumir que el ahorro para el futuro es bueno pero se trata de una asunción apresurada. Una vez más, que no se me malentienda. Lo que es bueno depende de uno. Lo que no me parece para nada bueno es que el Estado haya determinado que tus fondos ahora se destinen a aquello que quizás tú no considerabas como “bueno”.
Esta crítica es sustancial y no sobre los aspectos accesorios de la obligación establecida (aunque son más grotescos: por ejemplo, lo preocupante que puede ser que exista una AFP específicamente beneficiada con el ahorro forzado). Mi crítica no se orienta a hacer que el sistema desaparezca pero sí creo que es necesario que el Congreso suspenda inmediatamente los efectos del ahorro forzado –tal y como se encuentra concebido- e inicie un debate técnico sobre la mejor forma de abordar una cuestión tan importante. De lo contrario, estamos frente a una mano que se habrá metido en nuestras billeteras por la fuerza. ¿No le parece similar a un robo?
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