Amigos:
Va nuestro editorial de ANALISIS TRIBUTARIO del mes de julio de 2010
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Por: Luis Durán Rojo
En el último tiempo se puede percibir que se ha instaurado entre algunos especialistas tributarios privados y los funcionarios de la SUNAT una relación de sospecha e intolerancia mutua, expresada en espacios reservados y en varios casos ya en público.
Así, para algunos funcionarios de la SUNAT, el contribuyente siempre está buscando subterfugios para eludir e incluso evadir el impuesto y sus asesores tributarios no sólo avalarían esa perspectiva sino que la promueven y la incitan con miras a generar mayores necesidades de asesoría por parte de esos contribuyentes, un poco en el estilo del abogado Sosa que aparece en la película Carancho que pronto se podrá ver en Lima en el XIV Encuentro Latinoamericano de Cine (Festival de Lima).
Por otro lado, para algunos especialistas tributarios privados, los funcionarios de la SUNAT siempre están buscando recaudar a costa del contribuyente, haciendo interpretaciones alambicadas de las normas que muchas veces lindan con la ilegalidad y lo arbitrario, exigiendo que se prueben nimiedades en los procedimientos de fiscalización y resistiéndose a los criterios que resuelven en el Tribunal Fiscal o en el Poder Judicial. Algo así como el personaje del Sheriff de Nottingham en la versión clásica de la historia de Robin Hood.
Nos parece que esa relación de sospecha e intolerancia es en el fondo una manifestación de la llamada “cultura de la desigualdad”, de la que hablaba Sigmund Freud en algunos de sus escritos, según la cual en las organizaciones sociales –en virtud a realidades organizativas, económicas, legales o culturales– existe la tendencia a que sus actores asuman el rol de (“se sientan como si fueran”) oprimidos u opresores. En esos modelos culturales, la solución es la lucha frontal entre los contendores, de modo que alguno deba ganar.
Sin duda, como se ve, se trata de posturas maniqueas, pues ni la SUNAT es abiertamente arbitraria e irreflexiva, ni todos –y mucho menos la mayoría de– los contribuyentes somos estafadores o actuamos de mala fe. Sin duda, la realidad muestra muchos más claros oscuros que los blancos y negros que nos plantea este modelo cultural polarizado.
Por eso, nos parece que todos los implicados en el tema tributario tenemos la obligación de tornar esa cultura de la desigualdad, por una del mutuo respeto, en la que se abran posibilidades de entendimiento de los roles que a cada cual nos toca asumir y se promuevan canales de diálogo y acuerdos que permitan que la relación fisco-contribuyente cambie a una “cultura del respeto mutuo”.
Eso, sin duda, es una exigencia del modelo constitucional, que nos alienta a todos a que hagamos el proyecto de vida que queramos tener y a la vez que respetemos las opciones legítimas de proyecto de vida de los conciudadanos. También es un imperativo ético, en el sentido que se demanda el respeto al otro para que se reconozca el respeto a uno. Además, y por eso no menos importante, es una necesidad de orden económico, pues el mejor negocio en términos sociales ocurre cuando todos ganamos siempre, esto es que la Administración pueda recaudar adecuadamente y los contribuyentes tengamos la sensación de que el pago del tributo no resulta tan injusto.
Claro, es verdad, a eso ayudaría mucho si el Estado hiciera mejor su papel. En primer lugar fortaleciendo la independencia y autonomía de la SUNAT y de los órganos de solución de conflicto. Pero, además, y en concreto, en términos legislativos, adecuando la legislación tributaria, con miras a hacerla más justa y a la vez más eficiente.
Además, el Estado debería actuar con propiedad y eficiencia en la ejecución del gasto del dinero recaudado, de modo que promueva realmente la justicia social, la paz colectiva y las oportunidades de crecimiento y desarrollo de todos.
Si el Estado actuara en esa perspectiva, quizás hoy día no tendríamos que aceptar esos modelos normativos tan deslegitimadores del fenómeno tributario como son los regímenes de pago de “Obras por impuestos”, las reglas de “Mecenazgo por impuestos” que se van a introducir o el sistema de “Aporte voluntario minero”, en todos los que la actuación del privado reemplaza ilógicamente la que debería ser la obligatoria actividad del Estado. Que no se entienda mal, no es que cuestionemos la eficiencia de estos regímenes, sino que los encontramos en abierta contradicción con el ideal de Estado Republicano al que debemos aspirar (tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario). Además, no siempre en la historia la eficiencia ha demostrado ser una garantía de un pleno desarrollo y bienestar social.
Sin duda, en estos días de avivamiento de la peruanidad, sería bueno que todos planteemos potenciar en nuestras agendas personales, empresariales e institucionales que nuestras acciones y proyectos individuales y colectivos afiancen el desarrollo de nuestro querido Perú, en nuestro caso en materia tributaria.
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