TRIBUTACIÓN Y BICENTENARIO

Va unas reflexiones que hemos planteado en ANALISIS TRIBUTARIO sobre la agenda tributaria rumbo al bicentenario, a propósito del Plan Perú 2021

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Por: Luis Durán Rojo

En el año 2021 celebraremos el bicentenario de nuestra independencia política de España. Esperamos que sea un año en el que hagamos una evaluación del Ser y Existir del Perú como sociedad, de modo de poder encontrar cuánto hemos avanzado en hacer realidad el proyecto republicano que delinearon nuestros próceres y precursores.
Qué duda cabe que en los últimos años hemos progresado mucho y muy rápido en el desarrollo nacional, especialmente en materia económica. Hoy, el 2010 se presenta como un momento especial para poder acelerar el gran desarrollo colectivo que nos permita llegar al bicentenario en una muy buena situación política, económica y social.
Así lo han entendido muchos estudiosos e instituciones que vienen discutiendo sobre distintos aspectos que hay que mejorar o potenciar desde hoy. Entre ellos, cabe destacar “El proyecto de Plan Perú 2021 – Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” presentado por el equipo técnico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), cuyos objetivos compartimos.
Efectivamente, para el segundo centenario, el Plan Perú 2021 propone que nuestro país alcance un ingreso per cápita de 7900 dólares americanos. Para ello, en vista que se prevé que para ese año tengamos una población de 33 millones de peruanos, se requeriría elevar en 2,1 nuestro PBI y triplicar nuestras exportaciones.
Todo ello –a decir del CEPLAN– debería significar una tasa promedio de crecimiento cercana al 6 por ciento, tasas de inversión del 25 por ciento y el aumento de la recaudación tributaria en 5 puntos porcentuales en relación al PBI. Con ello, se aspira a que haya una clara disminución de la desigualdad, consolidándonos como un país de renta media alta y de desarrollo humano elevado.
Evidentemente, el progreso del país tiene que ver –entre muchas cosas– con una mejora sustantiva de la recaudación tributaria, pero ello no sólo debe ser abordado en términos de preocupación sobre cómo hacer eficiente la recaudación (esto es recaudar al menor costo posible o sólo recaudar sistemáticamente más, en términos cuantitativos), sino que resulta apropiado, como hace el CEPLAN, vincular el aspecto de recaudación no sólo con la economía del Estado sino también con la búsqueda de igualdad y, añadimos nosotros, con la menor restricción posible a las libertades económicas de los ciudadanos.
Así, un punto de agenda que hay que abordar pronto es el desmantelamiento de los elementos regresivos del régimen tributario actual, especialmente en lo que respecta al diseño del Impuesto a la Renta y del IGV. Está probado que modelos regresivos pueden ser fácilmente manejables pero generan un daño muy serio a las sociedades en el largo plazo.
A su vez, se requiere simplificar lo más posible el marco legal y la administración de los tributos, especialmente respecto de los impuestos nacionales. Evidentemente, ello debe concatenarse o ponderarse adecuadamente con la adopción de medidas que permitan ampliar la base tributaria, evitando una sobrecarga gravosa de las actividades económicas formales.
El marco de todo ello debe ser un irrestricto respeto al principio de Seguridad Jurídica, pues la predictibilidad legal es un rasgo virtuoso que llegan a tener las sociedades que van logrando madurez en su funcionamiento. Esa seguridad jurídica se materializa no sólo durante la actuación de la Administración Tributaria, sino especialmente cuando se resuelven los conflictos tributarios en sede del Tribunal Fiscal o, luego, en el Poder Judicial. Es obligación de los funcionarios que resuelven, hacerlo en el marco de la Constitución y buscando que se decante líneas jurisprudenciales razonables y uniformes.
Finalmente, como la tributación está siempre a la saga del progreso humano y del cambio en los procesos económicos, el legislador, antes de modificar las reglas jurídicas sobre la aplicación del tributo a las nuevas realidades, debe establecer claramente el por qué, el para qué y el cómo hacerlo mejor. Las experiencias de los últimos 10 años, cuanto menos en materia de precios de transferencia, de imposición sobre regalías, asistencia técnica y servicios digitales, de imposición sobre instrumentos financieros derivados, de establecimiento de reglas para uso del CDI, muestra que las cosas no se han hecho bien… Es el momento de empezar a cambiar.