Por: Magíster Luis Alberto Huerta Guerrero
Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú

Todo indica que el 2012 acabará sin que el Congreso de la República elija a los seis reemplazantes de los magistrados del Tribunal Constitucional cuyo período concluyó meses atrás. La opción por la invitación directa se ha visto frustrada por diversas razones. En todo caso, esta extensión forzada del plazo para que el Congreso elija a los nuevos integrantes del Tribunal permite realizar una importante reflexión.

Como suele suceder en estos casos, los medios de comunicación han dado a conocer el nombre de diferentes abogados a quienes se les habría propuesto integrar el Tribunal Constitucional. Al respecto, un dato que no puede pasar desapercibido es la ausencia de referencias a mujeres, al menos en lo que coloquialmente podríamos calificar como “candidatos voceados para el cargo”.

Esto debe generar una seria reflexión sobre la necesidad de garantizar una importante presencia de abogadas como magistradas del Tribunal Constitucional. En este sentido, considero que al menos tres de los seis magistrados a elegir deben ser mujeres. Es un aspecto de simple de equidad, dado que la población nacional es hoy en día mitad hombres y mitad mujeres, algo que también se refleja en algunas facultades de Derecho y escuelas de posgrado, aunque no necesariamente en las altas esferas públicas. Desde que el actual Tribunal empezó a funcionar, en 1996, sólo ha habido una magistrada: la abogada Delia Revoredo.

Quizá algunos digan que no existen abogadas suficientes especializadas en temas de Derecho Público, con una carrera profesional dedicada por entero al Derecho Constitucional, o que no hay profesionales con credenciales académicas suficientes (es decir, con los títulos de Magíster o Doctora) o que no hay abogadas que hayan destacado en altos cargos públicos. Bueno, a ello sólo podría responderse que desde 1996 hemos visto pasar por el Tribunal Constitucional a muchos abogados que tampoco tienen ese nivel, por lo que invocarlo como un argumento para no pensar en magistradas para el Tribunal simplemente reflejaría un hecho muy frecuente en nuestro país, cual es exigirle a las mujeres algunos estándares que no necesariamente se les exige a los hombres.

Esperemos que el próximo Tribunal Constitucional cuente con un importante número de abogadas como magistradas, pues sin duda ello tendrá una influencia importante en la forma de tomar algunas decisiones. Por ejemplo, si hubiese habido magistradas, ¿el pronunciamiento del Tribunal sobre la píldora del día siguiente habría sido el mismo?