LUIS ALBERTO HUERTA GUERRERO
Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
El Congreso de la República eligió a seis nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, quienes reemplazarán a igual número de magistrados cuyo período de cinco años en el cargo se había vencido hace buen tiempo. El proceso de renovación no fue sencillo pero permite diversas reflexiones.
La frustrada elección de julio del 2013
El 17 de julio del 2013 el Congreso de la República realizó una votación para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, así como a tres miembros del Banco Central de Reserva y al titular de la Defensoría del Pueblo. En el caso concreto del Tribunal Constitucional, fueron elegidos como magistrados Ernesto Blume Fortini, Francisco Eguiguren Praeli, Cayo Galindo Sandoval, Víctor Mayorga Miranda, José Luis Sardón y Víctor Sousa Huanambal.
Una deficiencia de este proceso de elección lo constituyó que fuera por invitación antes que por un concurso público, resultado de una decisión política que llevó incluso a la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que no establecía la invitación como un medio para postular. A lo expuesto debe agregarse que antes de la votación no hubo debate alguno en el Pleno del Congreso sobre el perfil y trayectoria profesional de los candidatos, como se aprecia claramente en el Diario de Debates del 17 de julio del 2013, fecha en que se produjo la elección. Sólo hubo un debate previo, a pedido de algunos congresistas, sobre la forma de elección, que se realizó en bloque (todos los candidatos a la vez) y no de forma individual. En dicho debate se hizo evidente la discrepancia respecto a algunos candidatos. Vale la pena recordar algunas de estas intervenciones.
En el caso del congresista Mulder Bedoya, éste señaló:
“Presidente, nosotros no estamos haciendo objeciones de forma, para nosotros este no es un tema en el que simplemente se ve como se deba dilucidar la votación, para nosotros la objeción a esto es un tema de fondo, es un tema en el que por primera vez el procedo [sic] de elección de las altas autoridades se hace sin consenso, es un proceso en que por primera vez la elección de las altas autoridades se hace mediante el método del reparto que la población ha llamado “repartija”, por el hecho mismo de que ni siquiera se ha buscado perfiles, currículum o trayectoria de las personas que se está proponiendo, sino simplemente la lealtad política, simplemente el militante político, simplemente la persona que obedezca órdenes”.
Por su parte, el congresista Lescano Ancieta hizo la siguiente afirmación:
“Esto no es una elección, señor, sino es una confabulación porque nunca se ha visto en la historia que magistrados del Tribunal Constitucional sean elegidos en paquete. Aquí no estamos eligiendo cosas o estamos comprando cosas, estamos eligiendo a quienes van a defender la Constitución del Estado, y esa tarea, señor, se hace individualmente.
Entonces, donde se ha visto elegir por paquetes, en grupo, puede hacer eso en una asociación de vivienda o en una asociación privada, pero magistrados del Tribunal Constitucional tienen que ser elegidos individualmente porque cada uno tiene sus méritos y cada uno tiene sus cualidades, pero hoy día se nos ha llamado a una supuesto [sic] elección.
Acción Popular y el Frente Amplio no se va a prestar a esta maniobra, y antes de procederse a votar nosotros nos vamos a retirar del Congreso, nos vamos a retirar, y muy bien que nos despidan, nos vamos a ir dignamente del Congreso”.
La congresista Mendoza Frish indicó lo siguiente:
“Para concluir, solamente quiero dar cuenta da un pronunciamiento ciudadano que ha recogido ya cerca de dos mil firmas, entre diversas personalidades, que ya es conocido por los congresistas, que pide también al Congreso que esta elección se haga de manera transparente, y pide que se descarte la candidatura de aquellas personas que no cumplen con las credenciales democráticas, profesionales y académicas del caso.
Y además, presidente, quiero dar cuenta del pronunciamiento de los deudos de La Cantuta, que califican de vergüenza la posible elección del fujimorista Sousa en el Tribunal Constitucional”.
Por su parte, el congresista Reggiardo Barreto manifestó:
“Es un proceso deslegitimado. No me quiero referir a las personas, hay personas a las que le tengo mucho cariño que postulan a estos cargos, sino me refiero al proceso que ha dejado evidenciado que aquí no se ha manejado esto con la objetividad, con la imparcialidad, con el profesionalismo con el que se debería de haber trabajado”.
Finalmente, luego de producida la votación, el resultado fue el siguiente (de acuerdo con el Diario de Debates):
“El resultado final es como sigue: 95 a favor, cero en contra y dos abstenciones.
Han sido elegidos magistrados del Tribunal Constitucional, por haber alcanzado el número de votos que señala el artículo 201.° de la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los señores: Cayo César Galindo Sandoval, Francisco José Eguiguren Praeli, Víctor Mayorga Miranda, Víctor Rolando Sousa Huanambal, José Luis Sardón y Ernesto Jorge Blume Fortini.
En consecuencia, se expedirá la resolución legislativa correspondiente”.
Al día siguiente de la elección, las carátulas de los medios de comunicación coincidían en que las agrupaciones políticas habían optado por preferir sus intereses partidarios antes que una cuota de calidad para proponer a los candidatos a tan importantes cargos, lo cual resultaba parcialmente cierto, dado que había algunos buenos candidatos para los cargos, aunque no todos alcanzaban el mismo reconocimiento público ni el consenso político. Poco a poco, conforme la reacción contraria a la elección continuaba, algunos de los magistrados elegidos pusieron sus cargos a disposición del Congreso. Las expresiones “repartija” y “vergüenza nacional” eran empleadas para calificar la elección realizada, algo que ningún candidato serio al Tribunal Constitucional podía aceptar.
La situación descrita llevó a que el Congreso tuviera que reunirse de forma extraordinaria para dejar sin efecto todas las designaciones realizadas, tanto para el Tribunal Constitucional, como para el Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo. Ello ocurrió el 24 de julio del 2013, culminando así otro singular episodio de la historia de los procesos de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional peruano.
La elección de mayo del 2014
Luego de casi diez meses, el Congreso volvió a colocar en la agenda del Pleno el debate sobre la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Se trató de una reacción inmediata ante la polémica generada por el Tribunal con la sentencia por medio de la cual ordenaba al Consejo Nacional de la Magistratura la designación de una persona como fiscal supremo.
La nueva elección se realizó el 21 de mayo del 2014. Igual que en el proceso del 2013, la opción fue por la invitación y no hubo concurso público ni debate en el Pleno del Congreso con relación al perfil de los magistrados. Tampoco se dio debate alguno sobre el procedimiento de elección. Esta vez pareció existir un mayor consenso respecto a los candidatos y se optó por realizar una votación individual, dejando de lado la opción del voto en bloque empleada en julio del 2013. La indicación dada por el Presidente del Congreso fue clara al respecto, según se aprecia en el Diario de Debates del 21 de mayo del 2014:
“Se va a proceder a realizar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.
La Presidencia recuerda que para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 201.º de la Constitución Política, se requiere el voto favorable de los dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 votos.
La votación se realizará en forma individual hasta completar las plazas vacantes y en estricto orden alfabético.
No va a haber debate”.
Producida la elección, fueron elegidos como nuevos magistrados del Tribunal Ernesto Blume Fortini, Eloy Espinoza-Saldaña, Marianella Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales, Carlos Augusto Ramos Núñez y José Luis Sardón de Taboada. No obtuvieron los votos necesarios Nelly Calderón Navarro, Joseph Campos Torres y Carlos Hakansson Nieto. En el caso de Blume Fortini y Sardón de Taboada, fueron las dos únicas personas del frustrado proceso de elección del 2013 que volvieron a ser propuestos. Por su parte, Ramos Núñez alcanzó los votos necesarios para ser elegido, luego de su primer intento ante el Pleno del Congreso en el 2010 para ocupar el cargo de magistrado constitucional.
Mención aparte merece Francisco Eguiguren Praeli, sin duda el candidato con las mayores cartas de presentación en temas constitucionales en esta elección (tanto profesionales como académicas), quien declinó a ser nuevamente candidato al Tribunal Constitucional, a fin de no frustrar la elección consensuada entre las diferentes agrupaciones políticas.
Reflexión final
La elección de los magistrados que deben decidir sobre nuestros derechos fundamentales y la Constitución debe darse en el marco de un debate público, amplio y abierto, que incluya el escrutinio intenso de antecedentes profesionales, con entrevista pública incluida, como ocurre en los Estados Unidos de América, algo que todo constitucionalista serio conoce y promueve. Los procesos de elección de los magistrados reseñados en este post son el ejemplo perfecto para explicar que en determinados procesos de elección en el Perú ello no ocurrió y que aún falta mucho por hacer para alcanzar una verdadera institucionalidad democrática respecto a la magistratura constitucional.
Lima, 27 de mayo de 2014