Por: Magíster Luis Alberto Huerta Guerrero
Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú

En mayo del 2011 comentamos en esta blog una resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional por medio de la cual se dejaba sin efecto la publicación de un fallo en su página web, así como la notificación del mismo a las partes del proceso (el post llevó por título: El hábeas data que no pudo ser: una anulación de oficio de sentencia constitucional). En aquel momento hicimos notar nuestra discrepancia con este tipo de decisiones, que en el fondo implican una nulidad de la sentencia emitida por el Tribunal, no permitida por la legislación procesal constitucional, dado que contra las resoluciones de la máxima instancia jurisdiccional especializada en materia constitucional no procede recurso alguno. Lo contrario implicaría admitir la posibilidad de una modificación de un fallo definitivo que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada. Se trataba, a mi consideración, de un mal precedente.

Con el paso del tiempo nuestros temores se han visto confirmados, pues en un caso particular relacionado con un hábeas corpus presentado a favor de una persona procesada por delitos de corrupción, cuyo objetivo era que a través de este proceso se declare la interrupción, mas no la suspensión, del plazo de prescripción penal, el Tribunal dio a conocer una sentencia y, días después, decretó la nulidad de su publicación en el portal web y de la notificación a las partes, lo que no es otra cosa que declarar la nulidad del fallo, aunque no se diga con esas palabras. Precisamente, en la resolución que comento, el Tribunal hizo referencia al antecedente del hábeas data de mayo del 2011.

El caso en mención es el proceso de hábeas corpus identificado con el número de expediente 3681-2010-HC (caso Ernesto Shütz Landázuri). Con fecha 20 de abril del 2012 se expidió una sentencia suscrita por tres magistrados del Tribunal, por medio de la cual se declaró fundada en parte la demanda de hábeas corpus por comprobarse que se había producido la afectación del derecho a la motivación de resoluciones judiciales. Posteriormente, mediante resolución del 11 de mayo del mismo año, el Tribunal se pronunció sobre un pedido de nulidad del fallo presentado por el Procurador Público del Poder Judicial, el cual no fue declarado improcedente, a pesar que el Código Procesal Constitucional señala que contra las sentencias del Tribunal no procede recurso alguno; por el contrario, el Tribunal se pronunció sobre el pedido planteado y decidió declarar –al haberse dado cuenta de un error en el sentido de los votos de los magistrados- la nulidad “de los actos procesales de publicación y notificación de la resolución de fecha 20 de abril del 2012”, lo cual implica admitir –en otras palabras- la nulidad de la sentencia.

Personalmente este tipo de decisiones no me agradan. Si fuera un litigante afectado en mis derechos fundamentales y me notificaran una sentencia favorable, no me agradaría en lo absoluto que luego me informaran que hubo un error en el fallo, abriéndose nuevamente la posibilidad que se decida mi caso, esta vez en sentido contrario. Mi discrepancia es aún más fuerte tratándose de las decisiones de los más altos órganos jurisdiccionales del país.

Sea como fuere, de esta decisión se puede deducir que contra las sentencias del Tribunal Constitucional sí cabe recurso de nulidad, con lo cual el artículo 121 del Código Procesal Constitucional –que prohíbe esta posibilidad- ha sido dejado de lado.