Ante un despido arbitrario, la obligación originalmente incumplida por el empleador (el mantener vigente la relación laboral), se transforma jurídicamente en el deber de indemnizar el lucro cesante. Este daño patrimonial consiste en los ingresos que el trabajador deja de percibir desde el momento del despido hasta la efectiva reincorporación o hasta una resolución judicial definitiva. En este sentido, la Corte Suprema enfatiza que el monto indemnizatorio no corresponde directamente a las remuneraciones dejadas de percibir, sino a una valorización equitativa basada en el artículo 1332 del Código Civil, tomando únicamente como referencia la última remuneración del trabajador.
Se destaca también que la presunción de laboralidad, según el artículo 23.2 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 29497), implica que acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia del vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. No obstante, esta presunción no exime al trabajador de aportar indicios racionales de la relación laboral invocada.
La RESOLUCIÓN DE SALA PLENA Nº 001-2025-SUNAFILTFL constituye un pronunciamiento de relevancia en el ámbito de la inspección laboral peruana. Mediante su contenido, el Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) aborda aspectos cruciales relacionados con la tipificación de infracciones vinculadas a la huelga, la protección de la libertad sindical y el debido proceso administrativo. A continuación, se exponen criterios y puntos clave que permiten entender y contextualizar el documento, así como su aporte al ordenamiento sociolaboral.
La Casación N° 13876-2019 LIMA ESTE, gira en torno al debate sobre la exigencia del agotamiento de la vía administrativa en los procesos laborales emprendidos por servidores públicos sujetos al régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo N° 728. La pregunta que sirve de eje es: “¿Es necesario que los servidores públicos sujetos al régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo N° 728 agoten la vía administrativa?” El fallo desarrolla una respuesta negativa cuando se configuran supuestos de excepción, tal como se explica a continuación.
las personas que brindan servicios a la Administración Pública bajo las reglas del artículo 1764º del Código Civil, prestan sus servicios a éste de manera independiente por un determinado tiempo a cambio de una retribución, sin que ello implique una vinculación y reconocimiento de derechos de naturaleza laboral o estatutaria con el mismo; precisando que no existe base legal que permita reconocer derechos laborales por las actividades de carácter civil.
El principio de inmediatez constituye un límite a la facultad sancionadora del empleador y se sustenta en el principio de seguridad jurídica; en tal virtud, entre el momento en que se conoce o comprueba la existencia de la falta cometida por algún trabajador, cuando se inicia el procedimiento y se le impone la sanción, debe existir un plazo inmediato y razonable.
[Visto: 274 veces]CASACIÓN N° 22299-2021 TACNA MATERIA: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. PROCESO ORDINARIO – LEY N° 29497 Sumilla. La naturaleza autocompositiva de la transacción, la solución adoptada en ella, aun en sede judicial, responde a un momento o estadio… Continua leyendo →
[Visto: 183 veces]CASACIÓN N° 311-2021 LA LIBERTAD MATERIA: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y DISPOSICIONES LABORALES. PROCESO ORDINARIO – LEY N° 29497 Sumilla: Tercerizar implica el seccionamiento de la actividad empresarial que tenga la capacidad de identificarse como un sub proceso de… Continua leyendo →
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