PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

Arturo Fernández Ventosilla[1]

1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana es definida como un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los cuales la ciudadanía, es decir, la sociedad civil en su conjunto, puede tomar parte de las decisiones públicas o incidir en estas, buscando que representen, sus intereses, ya sean estos particulares o como un grupo social[2].

El artículo 31 de la Constitución Política del Perú reconoce los derechos de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos del Estado.

Por su parte, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 29158[3] contempla el principio de participación y transparencia que establece que las personas tienen derecho a vigilar y participar en la gestión del Poder Ejecutivo, conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

Por otra parte, el artículo 4 de Ley N° 27658[4], Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, señala que uno de los objetivos del proceso de modernización es Alcanzar un Estado con canales efectivos de participación ciudadana.

En concordancia con ello, el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, señala como visión de la política alcanzar un Estado abierto, es decir, que garantice y promueva la transparencia, la participación ciudadana, la integridad pública y que aproveche el poder de la tecnología para elevar sus niveles de eficacia y garantizar la rendición de cuentas.

Del mismo modo, establece como uno de sus objetivos específicos el articular las políticas públicas nacionales y sectoriales, mismas que se analizan, diseñan, aprueban, implementan, evalúan y mejoran promoviendo el debate y la participación ciudadana.

En ese sentido, la participación ciudadana incluye una gama amplia de posibilidades para su ejercicio. A mayor abundamiento, según la Ley N° 26300 – Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos- la participación ciudadana es un derecho que armoniza el ejercicio de la democracia directa, en la figura del referéndum con la democracia representativa; que caracteriza la forma de gobierno del Perú; buscando que a través de la participación ciudadana se logre expresar la voluntad ciudadana de la manera más adecuada.

Por tal motivo, la participación ciudadana, es la clave para transformar el espacio de lo estatal en un espacio público y contribuir a crear condiciones para consolidar una gobernabilidad democrática. Porque la participación ciudadana, a diferencia de otras formas de participación, (política, comunitaria, etc.) se refiere específicamente a que los habitantes de las ciudades intervengan en las actividades públicas representando intereses particulares (no individuales). Pero para que esta participación sea efectiva deben generarse compromisos y condiciones institucionales y, sobre todo, existir el convencimiento de que la deliberación pública y la interacción social, la aceptación y el respeto por el pluralismo ideológico, son valores y prácticas positivos y esenciales para vivir en democracia; valores y prácticas que pueden y deben ejercerse en primer término en el ámbito de lo cotidiano y en el espacio local, que es donde se da la mayor proximidad entre autoridades y ciudadanos (Ziccardi; 1998).

Entonces, el derecho a la participación ciudadana hace posible la libre intervención de las personas en el ámbito político, económico, social y cultural de la nación.

Por último, respecto a las características en materia de participación ciudadana, existen algunas características en común, tales como la transversalidad, la generalidad, la flexibilidad, la visión integral, la naturaleza global y, tal como apunta Castel Gayán[5], las normas que regulan la participación ciudadana pretenden regular en un único texto todos los mecanismos de intervención reconocidos a favor del ciudadano, sin perjuicio de su remisión a normas específicas.

1. CONTROL GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Según el artículo 2 de la mencionada Ley N° 26300, son derechos de participación de los ciudadanos los siguientes: a) Iniciativa de reforma constitucional; b) iniciativa en la formación de leyes; c) referéndum; d) iniciativa en la formación de ordenanzas regionales y ordenanzas municipales; y, e) otros mecanismos de participación establecidos en la legislación vigente.

Así también, según el artículo 3 de citada Ley N° 26300, son derechos de control de los ciudadanos los siguientes: a) Revocatoria de Autoridades, b) Remoción de Autoridades; c) Demanda de Rendición de Cuentas; y, d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales.

Respecto al fortalecimiento de la Gestión Pública, la participación ciudadana debiera permitir mayores niveles de conciencia respecto a los derechos civiles y políticos, así como, mayores niveles de igualdad por acción de los diversos grupos de la población que inciden en el curso de las decisiones.

Ahora, el derecho a la participación ciudadana puede incluir, una sugerencia, una información, expresar una súplica o una queja, pero en cualquier caso ha de referirse a actos discrecionales, sirviendo a veces para poner en marcha ciertas actuaciones institucionales sin cauce propio jurisdiccional o administrativo, ya que no tienen una exigencia vinculante para el destinatario. En ese sentido, este derecho se exige ante los poderes públicos para proteger o exigir un derecho subjetivo o interés legítimo cuya protección no se puede llevar a cabo por otros procedimientos específicos.

En conclusión, la participación ciudadana no solo implica participar en el gobierno sino también coadyuvar a la mejor toma de decisiones, elaborar normas y fiscalizar la gestión gubernamental.

Uno de los ingredientes más importantes de la democracia, es la “participación”. La democracia es por sí misma un sistema participativo, donde los ciudadanos resulten siendo actores de los diversos procesos sociales, económicos, culturales.

El problema de la gobernabilidad democrática tiene que ver con el buen gobierno. El buen gobierno en su más amplia acepción es una condición necesaria para lograr el desarrollo económico, bienestar social, estabilidad política. Y en definitiva el buen gobierno constituye también un problema de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones gubernamentales en todos los niveles en la evaluación y control de ejecución de las mismas.

• NECESIDAD DE MEJORAR E IMPLEMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Según la Constitución Política del Perú de 1993, respecto al derecho de participación ciudadana corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida económica, cultural y social; así también se establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes.

La participación ciudadana puede realizarse de manera individual y colectiva, como por ejemplo, lo relativo a la participación popular a través de referéndum, que si bien directamente no se refiere a la Administración local, tiene su correlativo en las consultas populares.

Ahora, respecto a los mecanismos de participación ciudadana de la CGR, resulta necesario promover una mayor participación ciudadana en el proceso de elaboración de las normas de carácter general que emita la CGR, de manera que la participación del público no se circunscriba al proceso de consulta ciudadana de los proyectos normativos sino que se permita en general conocer con antelación los proyectos normativos que la CGR elaborará durante cada año a través de la publicación de la agenda normativa anual de la CGR, posibilitándose formular sus comentarios, precisiones y sugerencias sobre aspectos que las normas contenidas en la agenda deben abordar, enriqueciéndose el proceso y diseño de la normativa bajo competencia de la CGR.

Mecanismos que se pueden implementar:

• Regular el procedimiento de participación ciudadana en la elaboración de directivas de regulen la demanda imprevisible, tomando como ejemplo el proceso que utiliza SUNEDU (https://www.sunedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/ANEXO_3.png).
• Realizar acciones destinadas para mayor conocimiento del Libro de Reclamaciones Digital. Lo mismo que permitirá fomentar la participaciónciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública.

[1] Abogado por la Universidad San Martín de Porres. Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid (ESPAÑA). Egresado de la Maestría en Derecho con mención en Civil y Comercial de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Ex servidor de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Ex asesor de la Revista Contadores & Empresas del Grupo Gaceta Jurídica S.A. Ex servidor del Ministerio de Economía y Finanzas. Ex Subgerente de Fiscalización en la Municipalidad Provincial de Huaura. Ex servidor del Ministerio del Interior. Ex catedrático de pre y postgrado en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Ex catedrático pre grado en la Facultad de Derecho de la USMP. Autor de diversos libros y artículos jurídicos.

[2] Valdiviezo del Carpio Mitchell. “La Participación ciudadana en el Perú y los Principales mecanismos para ejercerla”. Revista Gestión Pública y Desarrollo. Enero 2013.

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/10CB865461FC9E2605257CEB00026E67/$FILE/revges_1736.pdf

[3]  Artículo IV.- Principio de participación y transparencia

Las personas tienen derecho a vigilar y participar en la gestión del Poder Ejecutivo, conforme a los procedimientos establecidos por la ley. Para ello, las entidades del Poder Ejecutivo actúan de manera que las personas tengan acceso a información, conforme a ley.

[4] El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El objetivo es alcanzar un Estado: a) Al servicio de la ciudadanía. b) Con canales efectivos de participación ciudadana. c) Descentralizado y desconcentrado. d) Transparente en su gestión. e) Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados. f) Fiscalmente equilibrado.

[5] Castel Gayán, S. «Descentralización política, participación ciudadana y renovación jurídica: ¿Hacia una democracia participativa?». Revista catalana de Dret Públic: núm. 43, 2011, p. 288.